La Fiscalía General del Estado de Veracruz determinó el no ejercicio de la acción penal dentro de la carpeta de investigación CTZ/DXXI/F3/1039/2024, relacionada con la muerte de siete jóvenes ocurrida la noche del 13 de julio de 2024, cuando una camioneta Chevrolet Suburban blindada, propiedad de la familia Fong, cayó al río Coatzacoalcos.
De acuerdo con una notificación oficial emitida por la Unidad Integral de Procuración de Justicia del XXI Distrito Judicial de Coatzacoalcos, la autoridad concluyó que no se advirtió la participación de persona alguna que, de manera directa o indirecta, hubiera contribuido al desarrollo de los hechos.
La tragedia ocurrió durante una reunión de jóvenes de entre 21 y 23 años que convivían en un inmueble ubicado en la colonia Elvira Ochoa; según las investigaciones y versiones difundidas en medios de comunicación, los asistentes celebraban su graduación y se encontraban a bordo de una camioneta blindada, color blanco que por causas desconocidas terminó desplazándose por una rampa que conectaba con el río.
Sobre el hecho trascendió que antes de caer al agua, la conductora bajó de la unidad y posteriormente el vehículo cayó al rio con los siete jóvenes en su interior; las víctimas quedaron atrapadas dentro del vehículo y fallecieron por anoxia por sumersión —asfixia— de acuerdo con los dictámenes periciales.
Desde los primeros días posteriores al accidente, medios de comunicación locales y nacionales señalaron que la unidad estaba relacionada con la familia Fong y que presuntamente era conducida por Ana Fong López. Sin embargo, la investigación ministerial concluyó sin imputaciones ni responsabilidades penales contra persona alguna.
El caso fue muy sonado a nivel nacional debido a las circunstancias de la tragedia y a la relevancia de la familia propietaria de la camioneta pues se habló de la cercanía del empresario Juan Carlos Fong Cortés, padre de Ana Fong López, con figuras políticas de alto nivel en Veracruz, incluida la hoy gobernadora Rocío Nahle García.
No obstante, la supuesta relación de la gobernadora con el empresario constructor beneficiado con contratos millonarios de Pemex y específicamente de Dos Bocas hasta la fecha no existe resolución judicial que establezca responsabilidad o intervención de la mandataria estatal en los hechos o en el desarrollo de la investigación.
En la carpeta de investigación del caso de los jóvenes fallecidos, se establece que, tras el análisis de las pruebas recabadas, no se encontraron elementos suficientes para ejercer acción penal por los acontecimientos registrados aquella noche.
La resolución cierra la vía penal del caso; sin embargo, la tragedia continúa siendo recordada como uno de los accidentes más graves ocurridos en la región sur de Veracruz durante los últimos años.