** Presenta Paul Martínez Marie una iniciativa que incluye seguridad alimentaria, tecnología y
participación de los gobiernos estatal y municipales.
Proteger el campo y el agua y aplicar la tecnología en favor de la producción agrícola es
el propósito de la Iniciativa presentada por el diputado Paul Martínez Marie que propone
reformar y adicionar las leyes estatales de Mitigación y Adaptación ante los Efectos del
Cambio Climático y de Protección Ambiental, así como el Código Penal de la entidad.
En el uso de la voz durante la Segunda Sesión Ordinaria, el Presidente de la Comisión de
Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático citó información del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), según la cual, de la superficie dedicada a la
agricultura, el 21 por ciento es de riego y el resto es de temporal.
Detalló que su propuesta consiste en que, para enfrentar los retos del Cambio Climático,
se atienda de manera prioritaria las necesidades de adaptación en el corto, mediano y
largo plazos mediante el impulso a la investigación de posibles escenarios climáticos,
para ubicar cultivos prioritarios o señalar la oportunidad de cambio de cultivos o del
método de beneficiarlos, privilegiando el rescate de cultivo de temporal y medio ambiente
idóneo.
Para esto, la Secretaría de Medio Ambiente del estado (Sedema) apoyaría y asesoraría a
los municipios que lo soliciten, en la formulación, ejecución y operación de sus programas
de atención al Cambio Climático y seguridad alimentaria como consecuencia de éste.
Para enfrentar los retos de la adaptación, prosigue, se procedería a corregir o aminorar
los desequilibrios generados por el Cambio Climático, que deterioren la calidad de vida de
la población o que tengan un impacto negativo en el desarrollo de los ecosistemas y en
los cultivos que en ellos se producen.
Además, las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, los
municipios y la sociedad en general llevarían a cabo las políticas y acciones de la
Estrategia Estatal de Mitigación y Adaptación ante los Efectos del Cambio Climático,
atendiendo de manera prioritaria la protección de la vida humana, el medio ambiente y la
infraestructura.
A su vez, los Consejos Consultivos Municipales de Medio Ambiente y Desarrollo
Sustentable sumarían a sus atribuciones proponer al Ayuntamiento estrategias, políticas
públicas o acciones dirigidas al cuidado y protección del medio ambiente, a la seguridad
agroalimentaria y a la procuración del desarrollo sustentable en sus municipios, así como
dar aviso al Ayuntamiento o a las autoridades competentes en la materia sobre cualquier
hecho o acto que pueda constituir un riesgo para el equilibrio del medio ambiente, a la
seguridad agroalimentaria o el desarrollo sustentable del municipio.
En lo que se refiere al ámbito penal, se impondría de uno a seis años de prisión y multa
de trescientas a quinientas UMAs a quien, sin contar con los permisos, licencias o
autorizaciones correspondientes o sin aplicar las medidas de previsión o de seguridad
adecuadas dañe la salud pública, la flora, la fauna o los ecosistemas, por generar fuera
de lo establecido en la normatividad aplicable: energía térmica o lumínica, olores, ruidos o
vibraciones, contaminación visual o alteraciones con el uso de tecnologías al ciclo
hidrológico en perjuicio de la seguridad agroalimentaria.
La Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley Número 878 Estatal de Mitigación y Adaptación ante los Efectos
del Cambio Climático, de la Ley Número 62 Estatal de Protección Ambiental y del Código
Penal del estado, fue turnada a las comisiones permanentes unidas de Justicia y Puntos
Constitucionales y de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático.
Se adhirieron al proyecto el Grupo Legislativo de Morena, las diputadas Tania María Cruz
Mejía, Citlali Medellín Careaga, Ruth Callejas Roldán y Maribel Ramírez Topete, así como
los legisladores Juan Enrique Santos Mendoza, Ramón Díaz Ávila y José Luis Tehuintle
Xocua.
