Miguel Ángel Cristiani G.
Dice la sabiduría popular que el que nada debe, nada teme. Aunque en la política veracruzana parece haber quienes prefieren aplicar otra máxima: mientras unos revisan las cuentas, otros hacen las maletas.
Tal es el caso de Néstor Sosa Peña, exalcalde de Chontla, quien llegó al poder bajo las siglas del PRI y posteriormente encontró acomodo en Morena, como si cambiar de camiseta partidista fuera suficiente para dejar atrás las responsabilidades de su administración municipal.
Y mientras en Chontla se revisan las cuentas públicas, el exalcalde parece disfrutar de una agenda turística bastante más atractiva que la de los auditores. En sus redes sociales ha compartido fotografías de sus recorridos por Jerusalén, Tierra Santa y París, ciudades que seguramente ofrecen paisajes muy distintos a los expedientes de fiscalización que dejó pendientes en Veracruz.
El detalle es que, mientras posa frente a monumentos europeos, en su municipio siguen apareciendo observaciones por el manejo de recursos públicos.
De acuerdo con los informes de fiscalización correspondientes a la Cuenta Pública 2025, la Auditoría Superior de la Federación señaló un monto de 83 millones 314 mil 950.78 pesos, debido a que no se presentó documentación contable, presupuestal ni comprobatoria suficiente para acreditar el destino de recursos federales.
Por su parte, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado (ORFIS) determinó un presunto daño patrimonial de 5 millones 813 mil 463.78 pesos.
Entre las observaciones figuran obras inconclusas, trabajos pagados que no fueron ejecutados, deficiencias constructivas y servicios de supervisión cuyo cumplimiento no pudo acreditarse.
La suma de ambos señalamientos supera los 89 millones de pesos.
Naturalmente, las observaciones de auditoría no equivalen por sí mismas a una sentencia condenatoria. Corresponde a las autoridades competentes investigar, determinar responsabilidades y, en su caso, exigir la recuperación de los recursos públicos.
Pero precisamente por eso resulta indispensable que las cuentas se aclaren y que nadie pretenda convertir la afiliación política en una especie de salvoconducto.
La gobernadora Rocío Nahle García lo expresó este lunes con motivo de la detención de una regidora de Tierra Blanca, también militante de Morena.
Su mensaje fue contundente: la justicia debe aplicarse sin distingo de partidos o siglas; en Veracruz, nadie está por encima de la ley.
Una declaración que debería ser escuchada con atención por quienes creen que las credenciales partidistas sirven para protegerse de las responsabilidades públicas.
Incluso Esteban Ramírez Zepeta, dirigente estatal de Morena, parece haber querido transmitir esa misma idea, aunque recientemente, durante un discurso en el Museo de Antropología, las palabras no terminaran de acomodarse en el orden esperado.
Lo cierto es que Néstor Sosa Peña, quien gobernó Chontla durante el periodo 2022-2025, tendrá que responder por las observaciones que correspondan a su administración, independientemente de dónde milite actualmente o de las fotografías que publique desde París.
Porque los recursos públicos no son propiedad de los alcaldes, ni de sus partidos, ni de sus grupos políticos.
Son dinero de los ciudadanos.
Y mientras algunos recorren Europa, en Veracruz hay millones de pesos que todavía necesitan una explicación.
Como diría Pancho López, el filósofo xalapeño ateniense: cambiar de partido puede cambiar el color de la camiseta, pero no borra las cuentas pendientes.