La única salida a los problemas de la UPAV es su Autonomía
Dr. Lenin Torres Antonio
El Gobierno del estado de Veracruz inició un proceso de desmantelamiento de un modelo educativo que tenía características propias, profundamente vinculadas con la cuestión social. En Veracruz -y en México- no se había desarrollado un modelo capaz de hacer realidad el sueño vasconcelista de llevar directamente la educación a los pueblos. Hace quince años, en Veracruz, el maestro Guillermo Héctor Zúñiga Martínez y el maestro Ranulfo Lara Pérez, dos grandes pedagogos veracruzanos, diseñaron un modelo capaz de materializar ese sueño de José Vasconcelos mediante la creación de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV). Esta universidad surgió en un momento oportuno, frente a la crisis de la educación media superior y superior que ha vivido Veracruz durante varias décadas.
La Universidad Veracruzana UV, alternativa pública central para profesionalizar a los veracruzanos, agotó su capacidad para responder a la creciente demanda educativa. Ante esta situación, la UPAV vino a constituirse como un gran alivio social. Así, hace quince años, la UPAV comenzó a generar resultados sorprendentes al extender su oferta educativa a lo largo y ancho del estado, desde Las Choapas hasta Pánuco.
Se creó un modelo basado en el autodidactismo, la autosostenibilidad, la autogestión y, fundamentalmente, en la solidaridad social y en la capacidad de los veracruzanos para enfrentar graves problemas históricos y salir adelante.
Este modelo tiene sus raíces en experiencias educativas surgidas después de la Segunda Guerra Mundial y durante la Revolución Industrial, orientadas a la profesionalización de la clase trabajadora. En el caso de Veracruz, los fines de semana los veracruzanos nos organizábamos -y digo nos organizábamos porque fui parte de la fundación-. Creé la Licenciatura en Ciencias Políticas, y el modelo era claro: utilizar la infraestructura educativa existente, es decir, las instalaciones de escuelas primarias, secundarias o cualquier aula disponible, para generar la oferta educativa, registrarla ante profesiones, conseguir la plantilla docente y comenzar, cada sábado, el proceso de enseñanza-aprendizaje.
En poco tiempo se alcanzaron resultados importantes: se llegó incluso a superar a la propia Universidad Veracruzana, con una matrícula de más de 60 mil estudiantes, y con un presupuesto sustentado en cuotas de recuperación. Subrayo este punto, porque los modelos universitarios no nacen completos ni acabados. El modelo de la UPAV tuvo logros significativos, pero también deficiencias importantes.
Con ello, la UPAV se consolidó como una alternativa real para miles de veracruzanos que no contaban con la capacidad económica para pagar estudios universitarios ni trasladarse a los centros urbanos. La educación llegaba directamente a los municipios, beneficiando también a las familias que no podían enviar a sus hijos a estudiar a ciudades centralizadas.
Constituyéndose en un modelo educativo dinámico capaz de crear las ofertas educativas de acuerdo a las necesidades de mano de obra calificada para el desarrollo regional, esa característica local la final permitió que en pocos años la UPAV tuviera una increíble demanda y capaz de atender una matrícula incluso superior al de la UV con menos recursos económicos.
Por ejemplo en el año 2011, mientras la UPAV con recursos propios (70 millones aproximadamente) y un presupuesto simbólico del gobierno del estado, que oscilaba en 2011 de 18 millones de pesos, lograba atender a 53,500 alumnos inscritos. Además, en ese momento ofrecía 46 licenciaturas, 19 maestrías, 5 doctorados y 3 carreras de Técnico Superior Universitario, y había fundado 525 preparatorias en distintos municipios del estado. En contraste, ese mismo año, el presupuesto ejercido por la Universidad Veracruzana en 2011 fue de aproximadamente 4,167 millones de pesos para atender una matrícula total de 61,000 estudiantes, considerando educación formal (licenciatura, posgrado, técnico superior universitario) y no formal.
La diferencia era y sigue siendo abismal. Mientras la UPAV, con recursos propios (aproximadamente 70 millones de pesos) y un presupuesto simbólico del gobierno del estado que en 2011 oscilaba en 18 millones de pesos, lograba atender a 53,500 alumnos inscritos. Además, en ese momento ofrecía 46 licenciaturas, 19 maestrías, 5 doctorados y 3 carreras de Técnico Superior Universitario, y había fundado 525 preparatorias en distintos municipios del estado. En contraste, ese mismo año, el presupuesto ejercido por la UV fue de aproximadamente 4,167 millones de pesos para atender una matrícula total de 61,000 estudiantes, considerando educación formal (licenciatura, posgrado, técnico superior universitario) y no formal.
Esto muestra que la UPAV, con menos del 0.5 % del presupuesto de la UV, logró atender a casi la misma cantidad de estudiantes, además de impulsar la educación media superior en todo el estado. Es un contraste muy fuerte en términos de costo por alumno y alcance social.
La muerte de los queridos Mtro. Zúñiga y de Ranulfo Lara marcó un parteaguas en el destino y la viabilidad social del “milagro UPAV”, puesto que el proceso de su creación estaba inconcluso. Principalmente, la dependencia de la UPAV del gobierno del estado en turno, al haber sido creada como una universidad pública bajo la figura de órgano desconcentrado del gobierno estatal, y la carencia de una estructura operativa universitaria amplia que cubriera los ejes básicos de cualquier institución universitaria: educación, investigación y extensión. Además, la designación del rector(a) quedaba sujeta a criterios políticos y partidistas del gobernante en turno, ya que la Ley 276 que crea la UPAV contempla como órgano supremo de decisión a la Junta de Gobierno, compuesta por funcionarios del gobierno del estado de Veracruz, siendo la gobernadora en esta época la presidenta de dicha Junta y quien tiene la facultad para proponer a la persona que ocupará el cargo de rector(a). Esta situación llevó, desde la muerte de su fundador, a la designación de personas sin conocimiento del modelo educativo de la UPAV, sin perfil académico suficiente ni producción científica.
A partir de la muerte del Mtro. Zúñiga, sus sucesores(as) no tuvieron la inteligencia de completar el proceso de consolidación de la UPAV, ni contemplaron realizar una reingeniería que permitiera cubrir los graves problemas de opacidad, corrupción y deficiencia en los procesos educativos, en detrimento de la calidad académica. Mucho menos consideraron -ni los gobiernos priistas, ni panistas, ni los actuales morenistas- que la UPAV debería perfilarse hacia su autonomía académica y financiera, tarde o temprano.
Así hemos visto desfilar penosamente a los rectores: Andrés Blancas Portilla (2015-2017) (PRI), Maribel Sánchez Lara (encargada de despacho, 2017) (PAN), Carlos Raúl Velázquez Hernández (2017-2018) (PAN), Ome Tochtli Méndez Ramírez (2018-2024) (MORENA), Sergio Torres Mejía (2024-septiembre 2025) (MORENA) y el actual, Rodolfo Torres Velázquez (nombrado el 18 de noviembre de 2025) (MORENA); todos y todas sin conocimiento del modelo educativo social de la UPAV, sin perfiles académicos, científicos y educativos probados, sin pertenecer a la institución, salvo Ome quien pese a conocer la situación de la UPAV al ser director de Naturopatía se sometió a la partidización morenista de la UPAV. Todos(as) han usado la UPAV como “caja chica” del gobierno estatal en turno y como recurso partidista para eventos del partido en el poder; los últimos, incluso, envueltos in fraganti en corrupción y malversación de recursos económicos.
La UPAV sigue con los mismos problemas de siempre: incapacidad para insertarse en los estándares de calidad de organismos educativos como CONACYT (hoy SECIHTI), SEP y ANUIES; precariedad laboral, como el hecho de que hasta la fecha, desde su fundación, los docentes cobran la misma cantidad de 1,980 pesos por materia, y en condiciones de precariedad laboral; y lo más lamentable, el abandono en la atención a los aprendientes, incapaces de concebir que una universidad pública no puede existir sin bibliotecas, como ocurre con la UPAV desde hace 15 años. En fin, se ha sostenido hasta la fecha porque existe la demanda social de educación de los veracruzanos.
Así, la UPAV ha visto afectada su potencialidad de ser el pilar de la educación superior y media superior en Veracruz, y el principal motor para abatir el deshonroso rezago educativo que mantiene al estado en los últimos lugares a nivel nacional. Este rezago es particularmente grave en educación superior, donde la brecha con la media nacional supera los 20 puntos porcentuales (SEP, 2024), con una cobertura en educación superior del 23 %, también inferior al promedio nacional (43.8 %).
Esta fue la parte noble, solidaria y social del modelo, una verdadera alternativa educativa que, pese a todo lo ocurrido durante estos quince años, se ha mantenido por la enorme necesidad social de profesionalización.
Sin embargo, viene la parte crítica. La UPAV no fue construida jurídicamente conforme a los estándares de una universidad pública. Se constituyó como un órgano desconcentrado de la administración pública estatal, lo que anuló desde su origen una autonomía real. La autonomía ha existido solo en el nombre; no ha sido académica, financiera ni administrativa, como corresponde a una universidad pública.
Por ello, a lo largo de estos años, la UPAV ha estado sujeta a los intereses de los gobernantes en turno. El proyecto nació durante gobiernos del PRI, particularmente en el sexenio del hoy preso exgobernador Javier Duarte. Tras la muerte del maestro Zúñiga, quedaron al descubierto múltiples carencias estructurales.
Para evitar caer en una inconstitucionalidad, se creó el concepto de “universidad solidaria”. Al inicio, es cierto, este modelo se sostuvo gracias al esfuerzo voluntario de quienes entregamos tiempo y trabajo para sacarlo adelante. Sin embargo, siempre supimos que debía transitar hacia un modelo de autonomía universitaria, con docentes reconocidos como profesores de carrera, de medio tiempo o tiempo completo, y con estudiantes que contaran con condiciones mínimas de calidad académica.
Desde la muerte del maestro Zúñiga, alrededor de 2016, la UPAV cayó en una espiral de manejo indebido. Se creó una fundación -una especie de outsourcing maquillado- para administrar los recursos, con el objetivo de evadir responsabilidades legales y laborales. Esta omisión fue sostenida tanto por gobiernos del PRI como del PAN, que mantuvieron la opacidad y el manejo discrecional de los recursos, sin que estos impactaran en necesidades básicas como la creación de vicerrectorías regionales, bibliotecas, capacitación estudiantil o actualización docente.
Con la llegada de Morena, la situación no solo se mantuvo, sino que se agravó. La UPAV fue utilizada con fines políticos, electorales y partidistas. Incluso se obligó al personal a cubrir mítines y pasar lista bajo amenaza de descuentos salariales.
Durante el gobierno de Cuitláhuac García, el saqueo continuó. Ante ello, junto con otros compañeros, iniciamos protestas y promovimos una reforma a la Ley 276 para dotar a la universidad de autonomía financiera y académica. No obstante, la mayoría morenista en el Congreso impidió que prosperara dicha reforma. Tampoco la propia comunidad universitaria logró sostener un frente unido y continuo.
Continué denunciando y escribiendo sobre la necesidad de la autonomía. Como consecuencia, durante largos periodos se me impidió abrir grupos, como una forma de desaparecer administrativamente mi presencia en la UPAV. A pesar de ello, persistí en la lucha.
Con la llegada del nuevo gobierno estatal encabezado por la gobernadora Rocío Nahle, tuvimos esperanzas de un cambio. Sin embargo, nuevamente se designó a personas sin perfil académico, sin experiencia educativa ni conocimiento del modelo universitario. Esto derivó en un saqueo abierto, que se hizo evidente con el impago a docentes. De esta forma, se destapó una cloaca conocida por muchos, pero obviada a conveniencia por los actores políticos.
La respuesta del Gobierno fue encarcelar a algunos funcionarios para cuidar su imagen política, pero sin resolver el problema estructural. Además, mediante un decreto, se decidió estatizar aún más la UPAV, asumiendo el control directo de las finanzas. Esta medida no conduce a la autonomía, sino a un mayor control político. Tampoco se especifica en qué se invertirá el dinero recabado por concepto de cuotas estudiantiles.
Hoy la UPAV vive una crisis profunda y simultánea de prestigio, solvencia académica e inconstitucionalidad. Al estatizar de facto a la universidad, el Gobierno del estado de Veracruz se coloca en una contradicción constitucional directa, pues queda obligado a cumplir el artículo 3º de la Constitución, que establece con toda claridad la gratuidad de la educación pública impartida por el Estado. Sin embargo, mientras cobra directamente a los estudiantes, mantiene el impago a los docentes y pretende perpetuar la precariedad laboral, forzándolos a firmar contratos por horas, sin reconocimiento de prerrogativas ni derechos laborales básicos.
El resultado es evidente: el control de la UPAV es político, no académico, y la universidad se encuentra atrapada en un limbo jurídico e institucional. Frente a esta situación, no hay ambigüedad posible: la única vía inmediata y legalmente viable es el amparo por inconstitucionalidad.
De manera más precisa, el artículo 3º constitucional consagra la gratuidad de la educación pública. Al estatizar la universidad y cobrar directamente a los alumnos, el Estado incurre en una violación constitucional flagrante. Por ello, los upavistas -alumnos, docentes y directivos-, así como los ciudadanos veracruzanos, tienen pleno derecho a interponer demandas de inconstitucionalidad para frenar estos actos.
Pero el problema es todavía más grave y estructural. Tanto el Gobierno del estado como una parte de los propios docentes y directivos ignoran o eluden una realidad insoslayable: la crisis de la UPAV no se resolverá con decretos, controles administrativos ni estatización, sino únicamente dotándola de autonomía universitaria.
La autonomía permitiría a la UPAV acceder a subsidios federales, como ocurre con toda universidad pública autónoma del país, resolver de fondo la falta de certeza y dignidad laboral de su planta docente y, al mismo tiempo, liberar al propio Gobierno de Veracruz de una carga presupuestal que hoy no está dispuesto ni es capaz de asumir, y evitar que se presenten demandas por la inconstitucionalidad del decreto.
La salida es clara, jurídica y políticamente:
- Derogar el decreto, por ser inconstitucional.
- Impulsar la autonomía universitaria mediante una reforma a la Ley 276.
Defender a la UPAV no es un asunto corporativo ni partidista: es defender la última gran alternativa social de educación superior en Veracruz. Por ello, convoco a todas y todos a sumarse, con claridad y sin simulaciones, a esta causa.
Espero que prevalezca la razón y, que el gobierno del Estado de Veracruz entienda que la salida al grave deterioro que vive la UAPV es la autonomía, y los docentes y directivos que el problema no sólo es el incumplimiento de sus pagos, y que la precariedad laboral y la excelencia académica tienen que ver con la autonomía de la UPAV.
Mayo de 2026.