Durante mucho tiempo hemos podido hablar de la crisis de la Ilustración como un problema fundamentalmente filosófico. Hemos señalado el debilitamiento de la razón pública, la erosión del universalismo, la crisis del derecho internacional, el deterioro de la democracia liberal y el regreso de formas políticas que creíamos contenidas por la modernidad. Pero toda construcción teórica que pretenda explicar una transformación histórica necesita confrontarse con acontecimientos concretos.
El caso venezolano proporciona uno de esos acontecimientos.
Su importancia rebasa ampliamente la discusión acerca del chavismo, Nicolás Maduro, la oposición venezolana o las controversias electorales de aquel país. Lo que interesa aquí es otra cuestión: qué ocurre con los principios de democracia, soberanía popular, derechos humanos y autodeterminación cuando entran en contradicción con los intereses materiales y estratégicos de una gran potencia.
Durante años, buena parte del discurso occidental sobre Venezuela estuvo construido alrededor de un vocabulario inequívocamente ilustrado: democracia, elecciones libres, derechos humanos, legitimidad, libertad política, pluralismo y Estado de derecho. El régimen venezolano fue cuestionado precisamente desde esos principios.
Si estos hubieran constituido el fundamento último de la política hacia Venezuela, después de la caída de Nicolás Maduro la secuencia lógica habría debido conducir inmediatamente hacia el restablecimiento pleno de la soberanía popular mediante elecciones libres.
La democracia exigía elecciones, La soberanía popular exigía elecciones, la legitimidad democrática que durante años se afirmó defender exigía devolver la decisión política al pueblo venezolano, pero los acontecimientos permiten observar una secuencia diferente.
Del discurso democrático a la materialidad del petróleo.
La información periodística que sirve como punto de partida empírico de este análisis señala que Estados Unidos habría negociado un acuerdo petrolero de enorme magnitud con las autoridades venezolanas y que la operación involucraría más de una docena de campos productivos con aproximadamente 90 mil millones de barriles de reservas probadas, una cantidad que, según la misma información, permitiría a Estados Unidos más que duplicar la disponibilidad petrolera representada por sus propias reservas.
La magnitud económica del asunto resulta difícil de exagerar.
De acuerdo con el material analizado, los campos involucrados representarían aproximadamente una tercera parte de los cerca de 300 mil millones de barriles de reservas probadas venezolanas y superarían las reservas domésticas estadounidenses estimadas allí entre 44 mil y 48 mil millones de barriles. https://www.bbc.com/mundo/articles/cwyz1d15w9go.
Pero existe un dato todavía más importante para nuestra argumentación.
Según la información reproducida en el documento, las negociaciones habrían comenzado incluso antes de que Donald Trump ordenara la captura de Nicolás Maduro. Las conversaciones habrían sido encabezadas por el secretario de Estado Marco Rubio y Delcy Rodríguez, con participación de otros altos funcionarios estadounidenses.
Si esta secuencia se confirma plenamente, su importancia política es extraordinaria.
Porque entonces el petróleo no aparecería simplemente como una consecuencia económica posterior al cambio político venezolano. Los intereses petroleros habrían formado parte del escenario estratégico mientras todavía se estaba produciendo la transformación política.
Esto no prueba que el petróleo explique por sí solo toda la política estadounidense hacia Venezuela. Sería metodológicamente excesivo afirmarlo.
Pero sí proporciona una evidencia empírica relevante para formular una pregunta que no puede ser descartada: ¿qué lugar ocupó realmente la democracia dentro de la jerarquía de prioridades de la política estadounidense hacia Venezuela?
Aquí aparece la paradoja fundamental.
El régimen venezolano había sido cuestionado precisamente por carecer de legitimidad democrática. Sin embargo, el mismo poder político considerado ilegítimo puede convertirse en interlocutor suficientemente válido cuando se trata de negociar recursos petroleros estratégicos.
La contradicción resulta difícil de ignorar.
Un gobierno puede no poseer legitimidad suficiente para satisfacer los estándares democráticos occidentales y, al mismo tiempo, poseer legitimidad práctica suficiente para negociar una parte sustancial de la riqueza petrolera de su país.
¿Dónde queda entonces la soberanía popular?, ¿Dónde queda la legitimidad democrática?, ¿Dónde queda el derecho del pueblo venezolano a decidir no solamente quién lo gobierna, sino también bajo qué condiciones serán explotados sus recursos estratégicos?
El propio material adjunto permite llevar esta contradicción todavía más lejos.
En el debate reproducido se plantea que un eventual gobierno democráticamente electo podría verse obligado a revisar un acuerdo de semejante magnitud precisamente porque habría sido celebrado por un régimen considerado ilegítimo. Y de ahí surge una observación extraordinariamente reveladora: la llegada de un gobierno democrático introduciría incertidumbre respecto de los compromisos previamente establecidos.
Aquí encontramos el núcleo del problema.
La democracia es incertidumbre, y debe serlo.
Nadie puede conocer absolutamente el resultado de unas elecciones auténticamente libres porque la decisión pertenece a los ciudadanos, nadie puede garantizar que el próximo gobierno mantendrá todas las decisiones del anterior, nadie puede asegurar que una sociedad democrática aceptará acuerdos establecidos sin su participación, aunque aquello que constituye una virtud desde el punto de vista democrático puede convertirse, sin embargo, en un inconveniente desde la lógica del poder económico y geopolítico.
Un gobierno políticamente cuestionado pero capaz de garantizar determinados acuerdos puede resultar más previsible que un gobierno democrático cuyo comportamiento futuro no puede ser controlado.
El documento adjunto formula precisamente esta tensión: si un nuevo gobierno democrático pudiera revisar el acuerdo petrolero, ello introduciría incertidumbre para Estados Unidos; incluso el debate recogido en el texto se pregunta si Washington se sentiría igualmente cómodo con una ruta democrática cuyos resultados no pudiera conocer anticipadamente.
Y todavía aparece una afirmación particularmente significativa dentro de ese debate: al describir las prioridades estadounidenses hacia la región se sostiene que “la palabra democrática no sale por ninguna parte”, al tiempo que se identifican posiciones diferentes dentro de la propia administración estadounidense respecto de la ruta democrática.
No debemos convertir esa opinión periodística en un hecho demostrado. Pero sí podemos utilizarla como expresión explícita del dilema que los acontecimientos plantean.
Porque entonces la contradicción puede formularse brutalmente: cuando democracia y estabilidad de los intereses estratégicos coinciden, no existe problema; el verdadero examen comienza cuando dejan de coincidir.
Y es justamente entonces cuando podemos observar cuál de las dos ocupan realmente la posición superior.
De ahí la provocación que da título a este capítulo: ¡Petróleo sí, democracia no!
Aquí debemos introducir una distinción fundamental.
Sería históricamente ingenuo afirmar que Donald Trump inventó la contradicción entre los principios occidentales y los intereses de las potencias.
Estados Unidos, Europa y las grandes potencias occidentales han violado innumerables veces los mismos principios que proclamaban defender. Colonialismo, intervenciones militares, golpes de Estado, apoyo a gobiernos autoritarios, explotación económica y guerras convivieron durante siglos con discursos acerca de la libertad, la democracia, la soberanía y los derechos humanos.
La contradicción no es nueva, lo que puede estar cambiando es otra cosa.
Durante buena parte de la modernidad política, incluso cuando una potencia actuaba movida por intereses económicos o geopolíticos, necesitaba traducir esos intereses al lenguaje de principios universales.
Una guerra necesitaba presentarse como defensa de la libertad, una intervención debía justificarse como defensa de la democracia, una presión económica debía presentarse como defensa de los derechos humanos, o, una expansión geopolítica debía legitimarse como protección de un determinado orden internacional.
Podemos llamar a esta contradicción: la hipocresía ilustrada.
Occidente proclamaba universalmente principios que muchas veces incumplía en la práctica.
Pero existe una paradoja extraordinariamente importante: la hipocresía constituye también un reconocimiento indirecto de la autoridad de la norma.
Quien necesita mentir para justificar una acción todavía reconoce que existe algo ante lo cual debe justificarse, quien invade pero necesita explicar que no está invadiendo reconoce implícitamente que la invasión carece de legitimidad, quien persigue un interés económico pero necesita presentarlo como defensa de la democracia reconoce todavía que el interés económico, por sí mismo, no constituye una legitimación moral suficiente. Por eso la hipocresía ilustrada, con toda su perversidad, conservaba indirectamente la autoridad simbólica de los principios de la Ilustración.
La novedad que comienza a emerger es más inquietante.
Estamos pasando posiblemente de la hipocresía ilustrada al sinceramiento o descaro del poder.
El sinceramiento del poder ocurre cuando el poder deja progresivamente de experimentar la necesidad de ocultar sus intereses particulares detrás de principios universales.
Ya no necesita decir, actuamos por la democracia, puede decir, actuamos porque nos conviene; ya no necesita afirmar, defendemos los derechos universales, puede afirmar, defendemos nuestros intereses nacionales; ya no necesita presentar el acceso a recursos estratégicos como consecuencia secundaria de una política moral, puede convertir esos recursos en objetivo explícito de su política.
Este tránsito es filosóficamente mucho más importante que una simple modificación de la política exterior estadounidense, porque significa que el interés comienza a pretender ocupar el lugar anteriormente reservado al principio.
No estamos únicamente ante la violación de la norma, estamos ante la posibilidad de que la norma deje de ser necesaria incluso como justificación, y ése es un cambio civilizatorio.
La hipocresía decía: “hago lo que me conviene, pero necesito decir que hago lo correcto”. Necesito apelar a principios universales, invocar el derecho internacional, hablar de democracia, libertad y derechos humanos; necesito justificar mis decisiones ante la opinión pública e, incluso, aparentar que las consulto, las negocio o las someto a deliberación en los organismos internacionales. No porque necesariamente esos principios determinaran mi conducta, sino porque todavía reconocía que el poder, para ser legítimo, necesitaba algo más que poder.
Esa fue, durante décadas, una de las grandes contradicciones del orden internacional surgido después de la Segunda Guerra Mundial. Las grandes potencias defendían sus intereses -en ocasiones mediante intervenciones, golpes de Estado, guerras, bloqueos o presiones económicas-, pero necesitaban construir alrededor de esas acciones una arquitectura discursiva de legitimación. Había que explicar la guerra como defensa de la libertad; la intervención como protección de la democracia; la sanción económica como defensa de los derechos humanos; la expansión geopolítica como preservación de la seguridad internacional. El interés debía disfrazarse de principio.
Podemos condenar aquella hipocresía, desde luego. Pero conviene advertir algo todavía más inquietante: la hipocresía constituía, paradójicamente, un reconocimiento indirecto de la existencia de la norma. Quién miente para justificar una transgresión admite, precisamente mediante su mentira, que existe una regla frente a la cual debe justificarse. Quien busca la aprobación de organismos internacionales reconoce que existe una instancia distinta de su propia voluntad. Quien fabrica una razón jurídica para una guerra reconoce, aunque sea fraudulentamente, que la fuerza por sí sola no debería bastar.
Lo novedoso de nuestro tiempo es que ese pudor comienza a desaparecer.
Ya no necesariamente se dice: “hago esto porque es justo”. Se comienza a decir, con una franqueza brutal: “hago esto porque me conviene y porque puedo hacerlo”. Ya no es indispensable convertir el interés particular en una supuesta causa universal; basta exhibir la capacidad de imponerlo. El poder deja de avergonzarse de ser poder.
Aquí reside una de las claves para comprender a Trump. Su ruptura no consiste en haber inventado el imperialismo, la coerción económica o la intervención de las grandes potencias; todo ello lo precede largamente. Su singularidad está en otra parte: en el sinceramiento del poder. Trump retira progresivamente el ropaje moral con el que Occidente había presentado históricamente muchos de sus intereses y coloca sobre la mesa aquello que antes debía ocultarse detrás del lenguaje diplomático: la fuerza, el dinero, el territorio, los recursos, los aranceles, las fronteras y la capacidad militar.
La transición puede formularse, entonces, mediante dos sentencias: la hipocresía del viejo poder decía, “hago lo que me conviene, pero necesito convencerte de que hago lo correcto”; ahora. el nuevo poder desinhibido dice, “hago lo que me conviene porque puedo hacerlo, y eso basta”.
Entre ambas frases existe mucho más que una diferencia retórica. Existe el tránsito de la hipocresía ilustrada al sinceramiento del poder. Y quizá ahí se encuentre una de las transformaciones más peligrosas de nuestro tiempo: no porque el poder haya comenzado ahora a perseguir intereses, sino porque empieza a considerar innecesario justificarlos ante aquello que durante décadas llamamos comunidad internacional, derecho, diplomacia, razón o civilización.
El poder por el poder dice: “hago lo que me conviene porque puedo hacerlo, y eso basta”. En esa sentencia elemental se resume una de las mutaciones más inquietantes de nuestro tiempo: el tránsito del poder que necesita legitimarse ante el derecho, la razón o alguna forma de moral pública, hacia un poder que comienza a considerarse legitimado por el simple hecho de poseer la fuerza suficiente para imponer su voluntad.
No es gratuito que Trump se la pase, a diestra y siniestra, amenazando con elevar aranceles, imponer sanciones, intervenir, invadir o atacar a quien represente un obstáculo para Make America Great Again -hacer de nuevo grande a Estados Unidos”-. Lo verdaderamente significativo no es solamente la amenaza, sino la concepción del poder que subyace a ella. El arancel, la sanción económica, el bloqueo, la presión diplomática y, en el extremo, la fuerza militar deja de presentarse como recursos excepcionales sometidos a reglas y pasan a formar parte de un mismo repertorio ordinario de coerción. Poco importa si enfrente se encuentra un adversario estratégico, un competidor comercial, un aliado incómodo o un país que simplemente se niega a alinearse con los intereses estadounidenses: la lógica es la misma. Si tengo el poder para obligarte, ¿por qué tendría que convencerte?
Aquí ocurre una inversión histórica de enorme importancia. La arquitectura política construida trabajosamente durante siglos pretendía precisamente lo contrario: que la fuerza estuviera subordinada al derecho; que el poderoso no pudiera hacer todo aquello que materialmente estaba en condiciones de hacer; que entre el deseo y el acto existiera una mediación llamada ley, diplomacia, soberanía, institución o acuerdo internacional. La civilización política podría entenderse, desde esta perspectiva, como el gigantesco esfuerzo histórico por impedir que el poder se convirtiera automáticamente en derecho.
La lógica trumpiana invierte esa ecuación: no tengo derecho y por ello puedo; puedo y, por tanto, me atribuyo el derecho. La capacidad material comienza a producir su propia legitimidad. El poder deja de necesitar una justificación exterior porque encuentra su justificación en sí mismo.
Por eso Make America Great Again no debe interpretarse únicamente como un eslogan electoral. Contiene una concepción del mundo. La “grandeza” que promete recuperar no se mide solamente mediante crecimiento económico, bienestar social, desarrollo científico o fortalecimiento democrático, sino mediante la capacidad de Estados Unidos para volver a imponer condiciones al resto del planeta. Ser grande vuelve a confundirse peligrosamente con ser temido.
En este punto, el Trump que alguna vez quiso aparecer ante el mundo como merecedor del Nobel de la Paz comienza a confundirse con la figura que hemos denominado aquí el guerrero apocalíptico. No necesariamente porque desee el apocalipsis, sino porque su concepción del poder debilita precisamente las mediaciones construidas para impedirlo. Cuando la potencia militar, económica y tecnológica más poderosa del planeta comienza a decir, implícita o explícitamente, “puedo hacerlo y eso basta”, el problema deja de ser exclusivamente estadounidense. Se convierte en un problema civilizatorio.
Porque si ese principio se universalizara, ¿con qué autoridad podría exigirse después a Rusia, China, Israel, Irán o cualquier otra potencia que sometiera su fuerza al derecho internacional? Si la regla última vuelve a ser la capacidad de imponer la voluntad propia, entonces no estamos simplemente ante una modificación de la política exterior estadounidense. Estamos regresando al principio más antiguo del poder: manda quien puede; obedece quien no puede resistir.
Y allí Heráclito vuelve a aparecer, no ya como una referencia remota de la filosofía presocrática, sino como una inquietante descripción de nuestro presente: la guerra vuelve a pretender ser “padre y rey de todas las cosas”. Después de más de dos mil años intentando colocar entre la fuerza y el hombre la razón, el derecho y la política, corremos el riesgo de descubrir que debajo del sofisticado edificio de nuestra civilización continuaba esperando, intacta, la vieja voluntad de poder.
Entre ambas formulaciones existe una distancia histórica gigantesca, pues en la primera todavía existe la Ley, y en la segunda comienza nuevamente a aparecer la Fuerza.
Es aquí donde la figura freudiana del padre de la horda primitiva adquiere toda su potencia explicativa.
No debemos utilizarla como simple analogía psicológica de la personalidad de Donald Trump, su verdadero alcance es político y antropológico.
El padre de la horda representa un poder anterior al límite.
Posee porque puede poseer, decide porque puede decidir, excluye porque puede excluir, porque la voluntad y la fuerza todavía no han sido sometidas plenamente a una norma común.
La civilización comienza precisamente cuando aparece el límite.
La ley es límite al poder, la Constitución es límite al gobernante, la división de poderes es límite al soberano, los derechos humanos son límites al Estado, la democracia es límite al ejercicio unilateral del mando, y el derecho internacional es límite a la potencia.
Desde esta perspectiva, la Ilustración puede comprenderse como parte de una larguísima construcción histórica mediante la cual las sociedades intentaron someter la fuerza a la norma.
Por eso Trump interesa menos como individuo que como síntoma, lo que representa es la posibilidad de una desinhibición histórica del poder.
El poder vuelve a decir aquello que durante décadas había necesitado ocultar: interés, territorio, recursos, seguridad, petróleo, minerales, fuerza.
Y precisamente por eso el caso venezolano adquiere importancia filosófica.
Venezuela: de la teoría a la evidencia empírica.
Hasta aquí podríamos permanecer todavía dentro de una discusión abstracta acerca de la caída de la Ilustración.
Venezuela permite bajar la teoría al terreno de los acontecimientos.
Tenemos un régimen cuestionado por razones democráticas, tenemos una intervención estadounidense presentada durante años dentro de una narrativa donde democracia y legitimidad desempeñaban un papel central, tenemos la caída de Maduro, tenemos después -y, según el material analizado, conversaciones iniciadas incluso anteriormente- una negociación extraordinariamente importante sobre las reservas petroleras venezolanas, tenemos autoridades cuya legitimidad política continúa siendo cuestionada, pero cuya capacidad para negociar recursos estratégicos puede ser reconocida pragmáticamente, tenemos, finalmente, la posibilidad señalada en el propio debate periodístico de que un gobierno democráticamente electo pudiera revisar esos acuerdos, generando precisamente aquello que los intereses económicos intentan evitar: incertidumbre.
Por eso Venezuela constituye una muestra empírica de nuestra hipótesis, no demuestra por sí sola toda la caída de la Ilustración, pero permite observar materialmente el mecanismo que estamos describiendo:
El problema no termina en Venezuela.
Cuando el orden internacional normaliza nuevamente que la fuerza material determina aquello que puede hacerse, esa lógica comienza inevitablemente a erosionar el principio mismo de civilidad.
Porque la civilidad consiste precisamente en aceptar que no todo aquello que podemos hacer debemos hacerlo, ésa es la función antropológica del límite.
Un individuo civilizado posee deseos que no realiza, un gobernante democrático posee facultades que no puede ejercer arbitrariamente, un Estado constitucional posee fuerza que debe someter a derecho, una potencia mundial posee capacidad material que no debería convertir automáticamente en derecho, pues existe un supuesto que permite la cohesión social, y es cuando la civilización comienza cuando el poder encuentra un límite exterior a sí mismo, aunque sea intersubjetivo.
Si desaparece ese límite, reaparece la estructura primordial: la imposición del más fuerte, quien dice puedo, luego tengo derecho.}
Y cuando esa lógica comienza a organizar las relaciones internacionales, resulta ingenuo pensar que permanecerá confinada allí, pues penetra la política, penetra las instituciones, penetra las relaciones sociales, y la propia subjetividad de cada uno.
La degeneración de la civilidad comienza precisamente cuando el límite deja de experimentarse como condición de convivencia y comienza a percibirse únicamente como obstáculo para la realización de la voluntad.
¡Petróleo sí, democracia no!, por eso la frase que titula este apartado del libro no debe entenderse simplemente como una consigna contra Estados Unidos. Es algo conceptualmente más importante.
¡Petróleo sí, democracia no! sintetiza el momento en que la materialidad del interés permite descubrir la jerarquía real existente detrás del discurso político.
Mientras democracia e interés coinciden, el sistema puede defender ambos simultáneamente, pero el acontecimiento verdaderamente revelador ocurre cuando entran en contradicción, entonces debemos observar cuál se sacrifica. Venezuela nos proporciona precisamente esa posibilidad.
Y por eso el caso venezolano puede convertirse en una pieza empírica central de nuestra argumentación acerca de la caída de la Ilustración, y no porque Estados Unidos nunca antes haya actuado por intereses, tampoco porque antes las democracias occidentales hubieran respetado siempre el derecho internacional, y mucho menos porque la modernidad ilustrada haya sido alguna vez completamente coherente con sus propios ideales.
La cuestión es mucho más profunda.
Durante siglos, incluso la violación del principio necesitó rendir homenaje discursivo al principio. Pero ahora comenzamos a contemplar algo diferente: el poder puede estar dejando de pedir perdón por ser poder.
Ése es el sinceramiento, ésa es la ruptura.
Y ése es precisamente el punto donde el padre de la horda primitiva deja de ser solamente una metáfora freudiana y comienza a convertirse en categoría política para comprender nuestro tiempo.
La caída de la Ilustración no ocurrirá necesariamente cuando desaparezcan las elecciones, los parlamentos, las constituciones o las declaraciones de derechos. Puede ocurrir mientras todas esas instituciones continúan formalmente existiendo, mientras se celebran elecciones periódicas, funcionan congresos, sesionan tribunales y los gobiernos siguen invocando solemnemente la democracia, la libertad, los derechos humanos y el derecho internacional.
La verdadera caída comienza cuando esas instituciones y principios dejan de limitar efectivamente al poder y permanecen en pie como enormes “elefantes blancos”: estructuras visibles, costosas y ceremoniales, pero progresivamente incapaces de cumplir la función histórica para la cual fueron construidas.
Porque el proyecto ilustrado no consistió simplemente en inventar instituciones, sino en introducir límites racionales, jurídicos y políticos al ejercicio arbitrario del poder. La Constitución no tiene sentido por el hecho de existir como documento, sino porque incluso quien gobierna debe someterse a ella; el parlamento no importa porque tenga un edificio, legisladores y sesiones, sino porque puede contener al Ejecutivo; los tribunales no representan al Estado de derecho por dictar sentencias, sino porque sus decisiones pueden imponerse también al poderoso; y el derecho internacional pierde su razón de ser cuando únicamente obliga a los débiles mientras las grandes potencias deciden cuándo cumplirlo y cuándo ignorarlo.
Por eso una democracia puede conservar intacta su escenografía y haber perdido ya buena parte de su sustancia. Puede haber elecciones sin auténticos contrapesos; parlamentos sin capacidad de contener al Ejecutivo; tribunales incapaces de hacer valer sus resoluciones; organismos internacionales que emiten condenas que nadie está obligado realmente a obedecer; declaraciones universales de derechos que coexisten con guerras, ocupaciones, bloqueos y violaciones sistemáticas de esos mismos derechos.
Ese es quizá el signo más inquietante de nuestra época: las instituciones sobreviven a los principios que les dieron sentido.
No asistimos necesariamente a la demolición espectacular del edificio ilustrado. Podemos estar presenciando algo más silencioso y, por ello, más peligroso: su vaciamiento desde dentro. Las fachadas permanecen mientras desaparece su capacidad normativa. Conservamos los nombres -democracia, derecho, soberanía, libertad, derechos humanos, comunidad internacional-, pero las palabras comienzan a perder la fuerza necesaria para contener aquello que precisamente debían contener: el poder.
¿Y qué hacen las instituciones supranacionales frente a la barbarie, frente a la carnicería humana que contemplamos en Europa y Medio Oriente? Exhortan, condenan, recomiendan, deliberan, aprueban resoluciones, convocan reuniones extraordinarias y reiteran principios que, paradójicamente, todos dicen reconocer. No es que permanezcan absolutamente inmóviles; el problema es mucho más profundo: actúan dentro de una arquitectura internacional cuya eficacia depende, en buena medida, del consenso, del acuerdo mutuo y de la voluntad de los propios Estados para someterse a las reglas que dicen compartir.
Y cuando ese consenso desaparece, cuando la solidaridad internacional se subordina al cálculo geopolítico y cuando las grandes potencias deciden que sus intereses están por encima de las instituciones creadas para contenerlas, aparece brutalmente la fragilidad del edificio.
Las instituciones siguen ahí. Los organismos sesionan. Los representantes pronuncian discursos. Se redactan comunicados, exhortos, recomendaciones y resoluciones. Pero demasiadas veces esas palabras parecen quedar suspendidas en el aire, incapaces de tocar la superficie material de la guerra, de detener un misil, silenciar un dron, proteger a una población civil o impedir que miles de seres humanos continúen muriendo.
Esa impotencia revela una paradoja fundamental del orden internacional contemporáneo: hemos construido instituciones universales sin haber construido un poder universal capaz de hacer cumplir plenamente sus decisiones. Su autoridad descansa precisamente en aquello que hoy se encuentra fracturado: el reconocimiento recíproco, el consenso, la cooperación y la aceptación de límites comunes.
Cuando esos presupuestos desaparecen, queda al descubierto el esqueleto del sistema.
La ley internacional puede declarar; la diplomacia puede exhortar; los organismos multilaterales pueden condenar; los tribunales pueden resolver. Pero si quien posee el poder militar, económico o geopolítico suficiente decide no obedecer, reaparece detrás de toda aquella sofisticada arquitectura jurídica una pregunta elemental y brutal: ¿quién puede obligarlo?
Ese es el punto exacto donde la crisis institucional se convierte en crisis civilizatoria.
Porque el derecho nació precisamente para que esa pregunta no tuviera que responderse únicamente mediante la fuerza. La política surgió como mediación para evitar que cada conflicto terminara resolviéndose por la capacidad material de destruir al adversario. La diplomacia fue construida para que antes de hablar los cañones hablaran las palabras. Y las instituciones supranacionales fueron imaginadas, sobre todo después de las catástrofes del siglo XX, para impedir que la humanidad volviera a descubrir demasiado tarde que ninguna victoria militar compensa una civilización destruida.
Sin embargo, hoy las palabras parecen retroceder frente a las armas.
Y entonces aparece aquello que podríamos llamar la entropía política de la humanidad: el progresivo debilitamiento de las reglas, mediaciones y acuerdos que mantienen unido el orden común, hasta que la fuerza comienza nuevamente a ocupar los espacios abandonados por el derecho.
La entropía humana no consiste solamente en que haya guerras -las guerras nunca desaparecieron-, sino en algo todavía más grave: que comencemos a acostumbrarnos a que las instituciones creadas para contenerlas sean incapaces de hacerlo.
Ese acostumbramiento sería la derrota definitiva.
Porque el día en que consideremos normal que una resolución internacional no tenga consecuencias, que una condena sea apenas una declaración, que el derecho obligue selectivamente y que la fuerza determine finalmente quién puede hacer qué, no necesitaremos clausurar la ONU, abolir los tribunales internacionales ni quemar las declaraciones de derechos humanos.
Podremos conservarlas todas.
Solo que se habrán convertido en los grandes “elefantes blancos” de la Ilustración: monumentos de una civilización que todavía conserva las instituciones que construyó para contener la barbarie, pero que comienza a perder el poder político y moral necesario para impedir su regreso.
Y cuando el poder descubre que las instituciones ya no pueden detenerlo, ocurre una transformación decisiva. La pregunta deja de ser: “¿qué me permite hacer la ley?”, y pasa a ser: “¿quién puede impedirme hacerlo?”.
Ahí comienza verdaderamente la caída de la Ilustración.
No cuando se clausura el parlamento, sino cuando puede ser ignorado. No cuando desaparece la Constitución, sino cuando deja de contener al gobernante. No cuando se deroga el derecho internacional, sino cuando una potencia puede decidir unilateralmente cuándo le resulta conveniente obedecerlo. No cuando dejamos de hablar de derechos humanos, sino cuando su invocación ya no posee fuerza suficiente para proteger a quien carece de poder.
La tragedia de nuestro tiempo podría consistir, entonces, en que la Ilustración sobreviva como forma precisamente cuando comienza a morir como límite.
Sus edificios permanecerán en pie, sus declaraciones continuarán firmándose, sus ceremonias seguirán celebrándose, sus dirigentes continuarán pronunciando las palabras democracia, libertad, paz y derecho.
Pero detrás de esa monumental escenografía podría estar reapareciendo una regla mucho más antigua que todas nuestras constituciones: puede más quien tiene más poder.
Y cuando esa regla vuelve a convertirse en el principio efectivo de las relaciones políticas, aunque conservemos parlamentos, elecciones y tribunales, habremos comenzado a regresar al mundo que precisamente la Ilustración creyó posible superar.
Entonces permanece la escenografía de la civilización, pero comienza a desaparecer aquello que la hacía civilización: el límite.
Venezuela nos coloca frente a esa posibilidad.
Y detrás de los campos petroleros, de los millones de barriles, de los contratos, de las compañías y de las disputas geopolíticas reaparece una pregunta mucho más antigua que el propio Estado moderno: ¿manda la ley o manda el más fuerte?
Quizá sea ésta la pregunta fundamental de nuestro tiempo.
Porque de su respuesta dependerá si estamos presenciando simplemente una nueva crisis del orden internacional o algo históricamente mucho más profundo: el tránsito de la hipocresía ilustrada al sinceramiento del poder y, con él, la emergencia de una civilización posilustrada.
Cómo colofón, rimbombante se anuncia como si nada hubiera pasado (el estado venezonalo terrorista, la dictadura madurista, los derechos humanos, etc., etc.): “Donald Trump y Delcy Rodríguez (presidente de Venezuela chavista de hueso colorado) anuncian un acuerdo que otorga a EE.UU. el control de más del 20% de las reservas de petróleo de Venezuela” https://www.bbc.com/mundo/articles/cwyz1d15w9go.
Agosto de 2026.