Por Si Estaban Con El Pendiente
Quetzalli Carolina Vázquez
El secuestro y homicidio de la comunicadora Roxana Guzmán es uno de los crímenes más graves registrados en Veracruz durante los últimos años.
El pasado 2 de junio, un grupo armado se la llevó de su domicilio; un mes después, la Fiscalía General del Estado localizó sus restos.
La investigación avanzó rápidamente; hoy, hay ocho detenidos, pero ahora el caso ha llegado a otro nivel e involucra al alcalde de Ixhuatlán, Raúl González Martínez.
La Fiscalía ya solicitó al Congreso del Estado su desafuero, pues considera que existen elementos para investigarlo por su presunta participación intelectual en el secuestro y homicidio de la comunicadora.
La acusación es extremadamente grave y precisamente por ello uno supondría que está respaldada por pruebas contundentes. Sin embargo, hasta ahora, lo que se sabe es que el señalamiento de un «testigo protegido» es lo que dio origen al proceso judicial en su contra.
¿Se sostiene la solicitud de desafuero únicamente con esa declaración o la Fiscalía cuenta con registros, peritajes, comunicaciones, evidencia documental, movimientos financieros o testimonios adicionales capaces de corroborar la versión?
La respuesta importa porque durante años, abogados litigantes de Veracruz han cuestionado la utilización recurrente de testigos protegidos en investigaciones de alto impacto, porque la Fiscalía carga con el peso de antecedentes que han generado desconfianza en amplios sectores del foro jurídico y porque en un asunto de esta magnitud la justicia no puede depender de actos de fe o testigos inexistentes.
Pero lo que llama la atención en este caso no es solo el expediente, sino también el antecedente, y es que, antes de las elecciones municipales, la gobernadora Rocío Nahle afirmó públicamente que existían candidatos de MC presuntamente relacionados con la delincuencia organizada.
El señalamiento lo hizo en pleno proceso electoral; aunque jamás dijo cuántos candidatos, no explicó qué información poseía ni de dónde la obtuvo y, sobre todo, jamás hizo algo para impedir que esos candidatos participaran en las elecciones.
Aún con los señalamientos y con pleno conocimiento del caso, a esos candidatos —que desconocemos si entre ellos están los hoy investigados— se les permitió hacer campaña, aparecieron en las boletas y probablemente algunos ganaron la elección, asumieron el cargo y ahora gobiernan.
Hoy, dos alcaldes de Movimiento Ciudadano enfrentan solicitudes de desafuero por presuntos delitos de alto impacto como secuestro y asesinato, el de Ixhuatlán por el caso Roxana y el de Úrsulo Galván, por una investigación relacionada con la desaparición de un empresario y su chofer.
Por eso, aquella declaración de 2025 hecha por Nahle señalando a candidatos de MC supuestamente relacionados con la delincuencia organizada cobra mucha importancia.
Y es que, si el gobierno tenía información relevante desde entonces, ¿cómo es que se les dejó llegar al poder? ¿Por qué el Estado permitió que personas bajo sospecha compitieran por cargos públicos?
Pero si aquella información no era suficiente para actuar, entonces: ¿Por qué se hicieron acusaciones tan graves durante una campaña electoral?
No existe una respuesta sencilla; lo que sí existe es una coincidencia política imposible de ignorar: Veracruz se encuentra a pocas semanas de iniciar un proceso electoral y, MC es uno de los partidos que más crecimiento ha registrado en los últimos años; exhibir a dos de sus integrantes como presuntos delincuentes podría ocasionar un daño a ese partido que se vería reflejado en las urnas en 2027 y que sería muy conveniente para el gobierno en el poder.
Debo aclarar que lo antes escrito no significa que las acusaciones e investigaciones sean falsas, que esté emprendiendo la defensa de los señalados o que afirme yo que existe conspiración entre autoridades —esto último sería maquiavélico—; lo que sí significa es que la Fiscalía tiene la obligación de actuar con un nivel de rigor que elimine cualquier duda sobre motivaciones políticas.
La justicia debe demostrar que actúa basada en pruebas, no en calendarios electorales, y debe presentar esas pruebas, permitir que los tribunales hagan su tarea —sin consigna— y evitar que los expedientes se litiguen primero en filtraciones y después en juzgados.
Si las pruebas son sólidas, los casos resistirán cualquier cuestionamiento, pero si las acusaciones descansan en testimonios controvertidos o en expedientes débiles, la sombra de la duda alcanzará no solo a la Fiscalía, sino también al ejecutivo.
La Fiscalía tendrá que demostrar que los alcaldes son responsables de los delitos que les atribuyen, pero el gobierno también tendrá que explicar por qué, si conocía los riesgos desde antes de la elección, permitió que los ciudadanos votaran por personas que hoy considera vinculadas con algunos de los hechos más graves ocurridos en Veracruz.
Porque si las advertencias eran ciertas, hubo omisión y, si no lo eran, hubo irresponsabilidad.
En cualquiera de los dos casos, la explicación pendiente no es solo de los alcaldes, también es del Estado.
Porque si el Estado hubiese actuado con la información que tenía, posiblemente se habrían podido prevenir hechos que terminaron costando vidas, pero al no hacerlo existiría una posible omisión institucional que podría convertirse incluso en encubrimiento.
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