La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso de Acapulco golpea directamente la confianza pública en la justicia, en la transparencia y en el discurso anticorrupción del Gobierno Federal.
El caso no es menor. La controversia gira alrededor de 898.6 millones de pesos del FAISMUN, recursos federales destinados a infraestructura social municipal. La Auditoría Superior del Estado de Guerrero había iniciado una revisión sobre el manejo de ese dinero, pero la Corte determinó que, al tratarse de recursos federales, la autoridad competente para fiscalizarlos es la Auditoría Superior de la Federación, no el órgano estatal. Por ello invalidó el informe de auditoría y el requerimiento de información contra el municipio de Acapulco.
Legalmente, la Corte puede argumentar un tema de competencia. Políticamente, el mensaje es mucho más delicado, una alcaldesa de Morena, con aspiraciones para ser Gobernadora en Guerrero, queda favorecida por una resolución que cancela una revisión incómoda sobre casi 900 millones de pesos. Aunque la SCJN señala que la ASF aún puede investigar, en los hechos la decisión deja la impresión de que el caso fue frenado antes de llegar al fondo.
Ahí está el daño principal, no se aclara qué pasó con el dinero. La discusión se movió del terreno de la rendición de cuentas al terreno de las facultades legales. En lugar de que la ciudadanía conozca si hubo manejo correcto o irregular de los recursos, lo que recibe es una resolución técnica que invalida la auditoría estatal. Para la gente común, eso se lee como protección política.
El golpe también alcanza al Gobierno Federal y a la llamada Cuarta Transformación. Durante años, Morena construyó su discurso sobre la idea de que ya no habría impunidad, que el poder público sería vigilado y que la corrupción del pasado no se repetiría. Pero casos como éste alimentan la percepción contraria. Que el gobierno actual difícilmente se investiga a sí mismo y que, cuando los señalados pertenecen al mismo grupo político, las instituciones actúan con más cuidado, lentitud o benevolencia.
La confianza se deteriora porque el ciudadano observa una doble vara. A los adversarios se les exige transparencia inmediata; a los aliados se les abre una ruta jurídica para ganar tiempo, evitar sanciones o trasladar el expediente a otra instancia. Y aunque jurídicamente pueda decirse que la auditoría estatal no era competente, políticamente queda viva una pregunta central: ¿por qué no se garantiza de inmediato una auditoría federal clara, pública y exhaustiva?
La decisión también afecta la imagen del Poder Judicial. La Suprema Corte debe ser vista como un contrapeso independiente, no como una instancia que resuelve en función de intereses políticos. Cuando sus fallos favorecen a personajes cercanos al poder, y además se producen en un contexto de cuestionamientos sobre la nueva integración judicial, crece la idea de una Corte capturada o alineada. El apodo de “jueces del acordeón” refleja precisamente esa desconfianza. La percepción de que algunos ministros no actúan con plena autonomía, sino siguiendo una partitura política.
El problema no es solamente Abelina López. El problema es el precedente. Si una auditoría sobre recursos públicos puede ser anulada por una controversia de competencia, sin que al mismo tiempo se active una revisión federal contundente, entonces el mensaje para otros gobiernos municipales, estatales o federales es peligroso. La rendición de cuentas puede aplazarse, bloquearse o diluirse mediante litigios.
La transparencia no consiste sólo en decir quién tiene facultades para auditar. Consiste en responder con claridad dónde está el dinero, cómo se gastó, quién autorizó los pagos, qué obras se hicieron, qué contratos se firmaron y quién debe responder si hubo irregularidades.
Por eso, este caso representa un costo político para la 4T. Porque exhibe una contradicción entre el discurso y la práctica. Se prometió combatir la corrupción sin excepciones, pero cuando el señalamiento alcanza a una figura de Morena, la respuesta institucional parece más enfocada en cerrar el paso a la fiscalización local que en abrir completamente las cuentas públicas.
La Corte podrá defender su resolución desde la técnica constitucional. Pero la justicia también vive de legitimidad pública. Y cuando una decisión deja la sensación de blindaje, protección o impunidad, pierde fuerza moral ante la sociedad.
En el fondo, el caso Acapulco deja una advertencia: sin transparencia real, la justicia se vuelve sospechosa; sin rendición de cuentas, el combate a la corrupción se convierte en discurso; y sin independencia judicial, la democracia queda subordinada al poder político.
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Maestro en Comunicación por la Universidad Iberoamericana. Formó parte del cuerpo académico de la Licenciatura en Comunicación en esa institución, así como de la Universidad Anáhuac, campús norte.