Por Héctor Yunes Landa*
Es completamente inadmisible la persecución política y administrativa que el gobierno de Veracruz ha lanzado en contra del Grupo Porres, la serie de empresas que genera miles de empleos y fortalece la economía de nuestro estado.
Hace unos días, el gobierno de Veracruz calificó el cierre del ingenio San Pedro, en la región de los Tuxtlas, como un acto de “irresponsabilidad empresarial” y acusó a la compañía de actuar de manera unilateral, al no dar un aviso previo al gobierno estatal.
Sin embargo, la ley no obliga a una empresa privada a notificar al gobierno estatal antes de cerrar, algo que sí hizo con sus trabajadores y proveedores como primeros afectados.
No hay irresponsabilidad empresarial. Lo que sí hay es un gobierno federal omiso y cómplice ante la competencia desleal provocada por el contrabando de azúcar centroamericano —conocido como «huachicol azucarero»— y cuotas de importación desmedidas.
El producto extranjero entra sin impuestos, se oculta en bodegas y se reetiqueta en costales nacionales para disimular su origen. Este fenómeno evade aranceles de hasta 156%, satura el mercado nacional y castiga severamente a los productores locales, lo que hace inviable a la industria.
Tras la quiebra del ingenio de San Pedro, ahora el gobierno del estado, a través de la Procuraduría del Medio Ambiente, ha iniciado una cacería en contra de este grupo de empresarios orgullosamente veracruzanos, sólo por el hecho de actuar de manera autónoma y bajo criterios financieros y no políticos.
Por cierto, Ángel Carrizales López, procurador del Medio Ambiente de Veracruz, es de origen tamaulipeco y fue guarura del expresidente López Obrador.
¿De qué y de quienes estamos hablando? El Grupo Porres es el principal productor de pollo en Veracruz y el tercero en el país; en 73 plantas produce más de 162 millones de aves al año. Es el alimento de millones de personas en todo el país.
Como reconocimiento a que aporta una derrama de 14 mil millones de pesos al año, el gobierno de Veracruz le ha impuesto diez multas e iniciado igual número de procesos.
En tan sólo una semana, se realizaron 6 visitas a sus instalaciones en Tlalixcoyan, el Retiro en Cotaxtla, el Bayo en Alvarado y la Loma en Amatlán. Así mismo, se hicieron notificaciones a unidades de producción del Pitic en Cuitláhuac, la planta de alimentos en Córdoba y la planta procesadora de aves en Fortín.
Eso no es supervisión, es persecución. Los empresarios veracruzanos no son enemigos del gobierno de Morena, sin embargo, corren el riesgo de sumarse a las famosas listas de adversarios.
Las consecuencias de esta persecución son muy graves: la incubadora Trébol en el municipio de Córdoba y las instalaciones San Carlos en el municipio de Cotaxtla, fueron clausuradas. Cientos de familias podrían quedarse sin empleo, se pone en riesgo la cadena de producción y comercialización, y genera una grave incertidumbre entre inversionistas.
Hago un llamado respetuoso a la legalidad y a la sensatez. A una actuación de la autoridad sin sesgos ni prejuicios políticos. Que sea la norma y la ley las que pongan al servicio de los veracruzanos.
Matar a la gallina de los huevos de oro sólo para saciar una revancha, no es la solución.
La puntita
“Al que quieren no es al chico, sino al grande”. ¿Qué sabe el hermano de López Obrador que el ex presidente no. Ya lo dijo Landeau: Sírvanse más palomitas, les encantará la siguiente parte…
*Presidente de Alianza Generacional por Veracruz