*La constante del rectorado de martincito el espurio
Por Omar Zúñiga
Hace unas semanas se dio cuenta en este espacio del deterioro de la Facultad de Ingeniería en Sistemas de Producción Agropecuaria (FISPA) de la Universidad Veracruzana, con sede en Acayucan, hoy toca hablar de algo que no se mide en matrícula ni en laboratorios cerrados, sino en la forma en que se reparte lo poco que queda: las llamadas experiencias educativas.
El caso tiene expediente; mediante una solicitud de Transparencia se expuso que la Junta Académica de la FISPA designó a Wendy García González como integrante suplente del Consejo Técnico, pese a que ella mantiene la calidad de alumna activa de la propia Universidad Veracruzana.
Y para cerrar el triángulo, ese mismo Consejo Técnico le asignó experiencias educativas para impartir clase, según consta en el Acta No. 20 del 19 de marzo de 2026, con base en un “Aviso de Experiencias Educativas Vacantes Temporales” fechado el 12 de marzo, es decir ella es alumna, docente y consejera. Tres sombreros en una sola cabeza.
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El 16 de junio, mediante el oficio ODF/037/2026, el director de la FISPA, Carlos Alberto Tinoco Alfaro, respondió que la designación se hizo “conforme a la normativa universitaria vigente”, que como suplente no ha ejercido funciones y que, por lo tanto, no hay conflicto de interés ni obligación de excusarse.
El maldito “pero” de siempre viene a cuento porque el razonamiento reduce el conflicto de interés a si la persona levantó o no la mano en una votación de Consejo, pero el conflicto de interés no empieza en el voto, empieza en la cercanía con el órgano que decide.
Una suplente tiene trato, interlocución y un lugar reconocido dentro del cuerpo colegiado que reparte la carga académica, que no haya votado no responde lo esencial, ¿qué artículo permite que una alumna activa integre el Consejo Técnico y, al mismo tiempo, reciba de ese Consejo horas como docente?
La Vicerrectoría Coatzacoalcos-Minatitlán, en el oficio V.R. 149/2026, transcribió los artículos 75 a 78 de la Ley Orgánica y ahí hay un detalle que nadie se tomó la molestia de explicar, pues el artículo 76 distingue con claridad entre los catedráticos que designa la Junta Académica y los alumnos, que tienen su propio consejero y sus representantes por carrera.
Si fue la Junta Académica quien la nombró, ¿en calidad de qué? ¿De catedrática o de alumna? La ley no contempla un híbrido, y la institución no lo aclaró ni lo ha hecho.
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Como prueba de que el aviso de vacantes se difundió en tiempo y forma, la Facultad entregó un enlace: uv.mx/coatza/fispa/files/2026/05/Aviso-5-12-marzo.pdf.
Hay que poner especial en el índice 2026/05; en los portales institucionales montados sobre gestores de contenido, esa carpeta suele corresponder al mes en que se subió el archivo.
Es decir, un aviso fechado el 12 de marzo, que sirvió para repartir experiencias educativas el 19 de marzo, aparece alojado en una carpeta de mayo, si el documento se subió dos meses después de que el Consejo ya había asignado la carga, no sirvió para convocar a nadie; sirvió para justificar lo que ya estaba decidido.
La solicitud de transparencia pedía evidencia verificable de la publicación en los espacios físicos y electrónicos y dentro de los plazos; lo que se entregó fue una liga.
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Se interpuso un recurso de revisión el 8 de julio por la inconformidad de la respuesta y la Contraloría General de la UV, en su papel de autoridad garante de transparencia, resolvió el 1 de octubre (expediente VER-CGUV-022-2026) confirmar la respuesta.
Su argumento, el derecho de acceso a la información obliga a entregar documentos existentes, no a emitir dictámenes de legalidad ni a determinar conflictos de interés.
Y el argumento, no por justo y bien trovado, deja de ser puro cuento, pues la propia resolución contiene una frase que debe incomodar en la Rectoría de martincito el espurio. “Esta resolución no determina si la designación fue legal ni si existió o pudo existir un conflicto de interés; tampoco valida las razones sustantivas expuestas por las áreas”.
Vulgo, la Contraloría no dijo que todo esté en orden, dijo que no le corresponde decirlo por esa vía, ni siquiera avaló las explicaciones de la Facultad; la pregunta sigue viva y queda evidenciado que nadie en la UV tiene voluntad de contestarla.
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Para entender por qué nadie quiere responder hay que mirar quién firma; Carlos Alberto Tinoco Alfaro suscribe los oficios como director, aunque en la Facultad todos saben que llegó como “encargado”, pese a que la terna incluía dos perfiles que cumplían a cabalidad con los requisitos para dirigir la FISPA, ambos egresados de la carrera.
En los pasillos se comenta que, a escaso tiempo de cumplir los 70 años y sin haber conquistado nunca una plaza de tiempo completo, aspira a jubilarse desde la dirección para mejorar sus prestaciones de retiro (¿le suena a usted el tema de martincito el espurio?).
Quien depende de la buena voluntad del sistema para asegurar su jubilación difícilmente lo va a contrariar; por el contrario, lo sirve.
Mientras tanto, académicos con más trayectoria ven cómo las experiencias educativas se van a otras manos con el aval del Consejo Técnico, no se trata de linchar a una joven que aceptó lo que se le ofreció; se trata de quién se lo ofreció, bajo qué reglas y en perjuicio de quién.
Es la misma lógica del rectorado de martincito el espurio: la norma se invoca en abstracto, nunca se cita en concreto, y cuando alguien pide el artículo exacto le responden que eso “excede” la transparencia.
La pregunta es sencilla y sigue sin respuesta, -¿cuál es el sustento legal que permite a alguna persona ser alumna, maestra y consejera al mismo tiempo en la misma facultad?
Si existe, que lo citen, si no existe, alguien en Xalapa tiene que empezar a dar explicaciones.
Así las cosas.
¡Qué barbaridad!
deprimera.mano2020@gmail.com