*** Necesario armonizar la 3 de 3 contra la violencia y aprobar los lineamientos para la creación del
Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias.
Con el objeto de dar celeridad a la armonización de la Constitución Política local y leyes
secundarias con las reformas constitucionales federales, 3 de 3 contra la violencia y de
pensiones alimenticias, la diputada Maribel Ramírez Topete hizo un llamado a las
Comisiones Permanentes de la LXVI Legislatura para trabajar en unidad y avalar las
iniciativas presentadas en la materia.
En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer,
a conmemorarse cada 25 de noviembre, la legisladora reconoció los alcances
logrados a nivel federal en el rubro, por lo que llamó a realizar los trabajos legislativos
locales necesarios para su implementación.
“Como representantes de la ciudadanía es importante sumarse a la causa para prevenir y
erradicar la violencia contra las mujeres. Debemos ser partícipes de un proceso electoral
en el que no se dé cabida ni a violentadores ni a deudores alimentarios morosos”,
puntualizó.
Ante el inicio del proceso electoral, subrayó, es imperante armonizar la ley local en
materia de suspensión de derechos para ocupar cargo, empleo o comisión de servicio
público, garantizando idoneidad de las personas que aspiran a acceder a ellos en el
estado.
Asimismo, planteó la necesidad de dictaminar la propuesta que reforma y adiciona
diversas disposiciones al Código Civil del Estado y la Ley Orgánica del Poder Judicial
referente a los Lineamientos emitidos por el Sistema Nacional DIF, en concordancia con
la creación del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias.
“La falta de dictamen de las propuestas presentadas en materia de pensiones alimenticias
y la 3 de 3 contra la violencia, invisibiliza la erradicación de la violencia. Incidamos en la
ética pública e incidamos en la protección de la niñez y de las mujeres”, indicó.
Finalmente exhortó a continuar legislando con perspectiva de género y dar cumplimiento
puntal al proceso legislativo en un compromiso de igualdad y justicia con las mujeres; “de
no hacerlo, sería una violación directa a la causa ciudadana”, concluyó.
