El Derecho es rico en ramas de conocimiento, una de ellas y quizás la de mayor dinamismo por sus frecuentes cambios y adaptaciones a la realidad es la electoral, pues va ajustándose a las experiencias nacidas de cuantos comicios haya. De ese fenómeno la última década del siglo XX nos proporciona ricas constancias, son testimonios fehacientes de nuestros avances democráticos a través de la legislación electoral, devenida de intensos consensos y disensos entre el gobierno y las fuerzas políticas, PRI- PAN-PRD, protagónicas de ese tiempo. Durante ese suculento periodo hubo reformas en materia electoral en 1990, 1994 y 1996, son valioso acervo de calidad fundacional: surgieron el IFE, se reconfiguró la integración del Poder Legislativo al aumentar a 200 el número de diputados por el principio de representación proporcional, y crear 32 senadores emanados por la vía de la primera minoría, y 32 por la representación proporcional; se crearon la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, y en subsecuente reforma (1996) se reconocieron derechos políticos a los ciudadanos del DF para transformarla en Asamblea Legislativa; se aumentó el monto de financiamiento a los partidos políticos; se legisló para la elección de un Jefe de Gobierno en el Distrito Federal cuyo periodo sería, por única vez por tres años (1997-2000), y de seis a partir del 2000. El IFE se “ciudadanizó” con 8 consejeros electorales y un consejero presidente electo por la Cámara de diputados. El Tribunal Electoral Federal fue incorporado al Poder Judicial; se estableció el 8% como tope a la sobrerrepresentación, y el requisito para crear partidos políticos se elevó del 1.5% al 2%. Para entonces el PAN había presentado una iniciativa de reformas para inscribir en la Constitución General las figuras del plebiscito, el referéndum y la consulta popular. Esto y mucho más pavimentó el camino a la democracia en México en el umbral del siglo XXI. La revocación del mandato es otro cantar.