***OPLE Veracruz arranca proceso electoral bajo cuestionamientos y no explica anomalías, tan sólo en 2025.
***Marisol Delgadillo Morales adjudicó $282 millones 225 mil pesos a “Litho Formas, SA de CV”, mediante dos contratos formalizados con apenas doce días de diferencia.
***El nombre de Luis Fernando Reyes Rocha aparece en un poder notarial de 2021, como supuesto apoderado de “Cajas Graf”.
Ante el escándalo que demerita la credibilidad del Instituto Nacional Electoral, circulan nombres de colaboradores cercanos a la expresidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala y de Claudia Arlett Espino. Después de publicar una lista de cómplices en el OPLE Veracruz, que se convirtieron en cercanos colaboradores en el INE, como el caso de Juan Manuel Vázquez Barajas, protegido por la presidenta del OPLEVer, Marisol Alicia Delgadillo Morales. Existe otro colaborador que también operaba en las cañerías de este órgano electoral federal, como es el caso de Luis Héctor Cerezo Moreno, quien trabajó con Juan Manuel Vázquez en el OPLE Veracruz y Cerezo Moreno fue asesor de Presidencia del INE y posteriormente, de la Secretaría Ejecutiva, para después convertirse en secretario particular durante el periodo de diciembre 2024 a mayo 2025 con la secretaria técnica Claudia Arlett Espino, quien renunció a su cargo el 09 de septiembre de 2026.
Los “malpensados” aseguraban que Luis Héctor Cerezo Moreno y Claudia Arlett Espino mantenía una relación muy personal y al terminar su vínculo, Claudia Arlett lo mandó de subdirector Jurídico con Juan Manuel Vázquez Barajas y sigue conservando su puesto. Cerezo sabía perfectamente de todos los movimientos de la Secretaría y de la expresidenta del INE. Además, conocía la casa ubicada en Jardines del Pedregal de José Alfredo Hernández Casillas, porque ahí vivió la también encargada de la estructura electoral del INE, Claudia Arlett Espino cuando llegó a la Ciudad de México, en diciembre de 2024.
Luis Héctor Cerezo Moreno pedía dinero a la gente con la que trabajaba y en un caso muy particular, quedó a deber más de $25 mil pesos por la compra de un celular y de un Smartwach, con comprobantes de estos señalamientos. Sabemos que la ASF investiga a Cerezo Moreno.
***OPLE Veracruz arranca proceso electoral bajo cuestionamientos: Adjudicó $282 millones a una sola empresa, tan sólo en 2025.
Compartimos esta información que nos hicieron llegar a nuestra redacción:
El Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz inició el pasado 6 de noviembre el proceso electoral 2026-2027, en el que se renovarán las 50 diputaciones del Congreso del Estado. La instalación de su Consejo General, encabezado por Marisol Alicia Delgadillo Morales, ocurre en medio de cuestionamientos sobre contrataciones millonarias, participación de proveedores electorales y las investigaciones relacionadas con el INE durante la gestión de Guadalupe Taddei. Los propios registros oficiales del organismo revelan una concentración de recursos que adquiere especial importancia ante el inicio de una nueva elección.
Tan solo en 2025, el OPLE Veracruz adjudicó $282 millones 225 mil pesos a “Litho Formas, SA de CV”, mediante dos contratos formalizados con apenas doce días de diferencia. El primero, por $113 millones 777 mil pesos, correspondió a la documentación y material electoral para los 212 ayuntamientos; el segundo, por $168 millones 447 mil pesos, a la elección judicial. Ambos fueron firmados por el secretario ejecutivo, Luis Fernando Reyes Rocha. La cifra representa el 69.6 por ciento de los $405.6 millones identificados en 27 contrataciones, con un monto total determinado dentro de los registros examinados de ese año.
La forma en que se adjudicaron esos contratos también deja interrogantes. Para la elección municipal aparecían como posibles participantes “Cajas Graf” y “Formas Finas y Materiales y Gráficas Corona”, empresas mencionadas en las investigaciones nacionales sobre proveedores electorales. Sin embargo, únicamente “Litho Formas” y “GRUMMEC” presentaron propuestas. Esta última fue descalificada por no entregar su oferta técnica en formato digital, como exigían las bases. Al final, “Litho Formas” quedó como única empresa admitida para evaluación y obtuvo un contrato superior a $113 millones de pesos, sin otra oferta económica válida con la cual comparar su precio.
Algo semejante ocurrió apenas unos días después. En la licitación de $168.4 millones de pesos para la elección judicial figuran como posibles participantes “Litho Formas”, “Cajas Graf” y “TOL Producciones”, pero solamente la primera presentó propuesta. La documentación publicada señala que cumplió con las especificaciones técnicas y las condiciones establecidas en las bases. Así, los dos contratos más elevados del archivo terminaron en manos del mismo proveedor, sin competencia efectiva entre ofertas admitidas. El contenido de los dictámenes técnicos y económicos resulta esencial para conocer cómo se justificaron los precios y las condiciones aceptadas por el organismo electoral.
Las adjudicaciones directas presentan otros aspectos que merecen atención. El OPLE contrató vales de despensa con Sí Vale México por $9 millones 54 mil pesos y servicios de auditoría con “Torres Peralta y Asociados” por $3.6 millones. En los registros de ambos procedimientos se citan disposiciones generales de la Ley de Adquisiciones de Veracruz, pero se omite precisar la fracción del artículo 55 que justificaría contratar sin licitación pública. En cambio, los contratos con “Teléfonos de México”, por $15 millones y “MOMESA Publicidad”, por $6.5 millones, sí identifican una hipótesis legal específica. La diferencia deja bajo examen la motivación de esas decisiones y los dictámenes que debieron respaldarlas.
La transparencia de los proveedores tampoco escapa a la revisión. En los contratos adjudicados a “Litho Formas” y “Grupo PROISI», esta última beneficiada con $37 millones 120 mil pesos para operar el Programa de Resultados Electorales Preliminares, los apartados destinados a identificar a las personas beneficiarias finales contienen el nombre de las propias empresas. Los registros publicados no individualizan a las personas físicas que se encuentran detrás de esas sociedades. La deficiencia adquiere especial relevancia cuando las investigaciones nacionales sobre contrataciones electorales han puesto atención precisamente en los vínculos entre accionistas, representantes legales y compañías que participan en procedimientos públicos.
El antecedente más delicado se encuentra en las investigaciones que alcanzaron al OPLE Veracruz por sus contratos históricos con empresas señaladas en el contexto del caso Taddei. La Auditoría Superior de la Federación solicitó información relacionada con proveedores como “Cajas Graf”, “Corporativo ZEG”, “Formas Finas y Materiales y Gráficas Corona”. A ello se añadió la aparición del nombre de Luis Fernando Reyes Rocha en un poder notarial de 2021 como supuesto apoderado de “Cajas Graf”. El secretario ejecutivo negó haber aceptado esa representación y presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República por una presunta suplantación de identidad. Aunque las empresas investigadas no aparecen como adjudicatarias en los registros examinados de 2025, algunas continuaron figurando entre las posibles participantes de las licitaciones del OPLE.
Ahora, con el proceso electoral 2026-2027 en marcha, el organismo deberá organizar la renovación del Congreso local, integrar sus 30 consejos distritales y desarrollar las contrataciones necesarias para la jornada del 6 de junio. La nueva etapa encuentra a la administración de Marisol Delgadillo y a la Secretaría Ejecutiva de Luis Fernando Reyes Rocha frente a cuestionamientos concretos sobre competencia, adjudicaciones y transparencia en el ejercicio de recursos públicos. Los $282 millones contratados con una sola empresa durante 2025, constituyen el antecedente inmediato.
Mientras el OPLE se prepara para organizar otra elección, sigue pendiente una explicación documentada sobre cómo se determinaron los precios de sus principales contratos, quién evaluó las condiciones ofrecidas y qué controles garantizaron para que el dinero público se utilizara conforme a las exigencias del artículo 134 constitucional.
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