Por Edgar Hernández*
LÍNEA CALIENTE
•Otra vez, cambio de placas
•El gobierno ya no sabe cómo robar
•Es un robo en despoblado
Si no es por la vía del control del impuesto turístico que permite que entren por fuera carretadas de dinero lo es a través del reemplacamiento anual que deja al gobierno de Nahle la friolera de 10 mil 850 millones de pesos.
Son 2.5 millones de automotores que circulan en los 212 municipios veracruzanos a los que se suman las placas que dejan 800 millones de pesos que pagan los motociclistas, así como las transas de los llamados “Verificentros” que se ponen difíciles y reclaman moche a cada reemplacamiento.
De ser vitalicias las mentadas láminas, incluidas las licencias de conducir, ahora son obligatorias anualmente.
¿Por qué tanto descaro?
Es acaso que necesitan plata para comprar las elecciones de 2027-2029-2030 o es para los bolsillos de los raterazos chairos cuya bandera es el ¡ahora o nunca!
Lo del reemplacamiento no es más que un robo en despoblado a la ciudadanía que para colmo en el día a día observa que tramitar y pagar por el reemplacamiento resultan una tortura por la desorganización, falta de información y una ineficiencia absoluta que impera en las áreas de tránsito y transporte.
No saben ni cobrar.
No solo te quitan tu dinero sino tu tiempo con interminables filas.
Acaso por ello cobra singular relevancia el enérgico rechazo del dirigente estatal de Movimiento Ciudadano en Veracruz, Luis Carbonell, ante el anuncio del reemplacamiento vehicular proyectado para los próximos meses, por instrucciones de la zacatecana Rocío Nahle.
Es la Cueva de Ali Baba en su máxima expresión.
¿De qué sirvió el cambio de placas emitidas entre 2019 y 2022 en la era del atarantado?
Todo ello, sin duda, representa, tal como denunció el líder del movimiento naranja, Luis Carbonell, un ataque directo a la economía popular en un momento en que el padrón vehicular aún no termina de actualizarse.
Y es que “aún no terminan de reemplacar este 2026 y ya están pensando cobrar otra vez por el reemplacamiento de 2027 y 2028”, sostiene Carbonell.
Es por seguridad dice la autoridad.
¿Por seguridad?
¿Seguridad cuando es la propia autoridad la que no puede garantizarla?
¿Por qué es hoy inseguridad y no lo fue cuando por décadas fueron permanentes?
¿Por qué tenemos que volver a pagar por unas placas que ya tenemos?
Pero concedamos que así debe ser, por razones de seguridad.
¿Qué no es obligación del gobierno de Nahle garantizar la actualización y la seguridad misma actualizándolas “pero sin que les cueste a las familias de Veracruz”?
Tiene razón Luis Carbonell cuando asegura que la economía de los ciudadanos simplemente ya no aguanta otro gasto de esa naturaleza y que mientras las familias hacen esfuerzos extraordinarios para cubrir la canasta básica y hacer frente a la inflación, la autoridad estatal responde con más cobros disfrazados de trámites administrativos.
Habrá que insistir en que es por demás sospechoso que en el año electoral quieran volver a reemplacar para obtener más recursos que si bien no sabemos bien a bien a dónde van a ir si entendemos por dónde quieren llevar el dinero, a la compra del voto.
Habría que respaldar el compromiso de MC de que en 2027 cuando se tenga la mayoría opositora en el Congreso, se legisle para que las placas nunca más se tengan que pagar.
“Será como en otras partes del mundo: unas placas permanentes. Desde luego que se actualice la información, pero que no se cobre”, compromete el líder naranja.
Hoy queda claro que las familias veracruzanas no deben ser utilizadas como una caja chica una vez más o como botín fiscal y que cada vez que se les ofrezca -a pesar de que el gobierno cuenta con un presupuesto de 150 mil millones de pesos- se le extorsione.
Tiempo al tiempo.
*Premio Nacional de Periodismo