Por Héctor Yunes Landa
La semana pasada, con el sorpresivo regreso del narco gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya al cargo, se vivieron las 32 horas que pudieron haber cambiado el rumbo del país y de Morena. Pudo haber significado el fin del Maximato morenista.
En uno de los lapsos de gobierno más breves de la historia, pudimos ser testigos lo mismo de un abierto desafío al gobierno de los Estados Unidos que del intento de un golpe de estado blando en contra de la presidenta Sheinbaum.
La inoportuna gripe que indispuso a la mandataria, sólo alimentó la incertidumbre y sacudió las entrañas del cártel político que se apoderó el país. Pero, ¿Quién decidió realmente que regresara? Y, sobre todo: ¿quién le hizo creer que podía hacerlo sin consultar a la presidenta? La respuesta está en Palenque.
La decisión no fue acordada en palacio nacional, por eso el deslinde. Si, como ella misma dijo, fue una decisión personal, entonces es algo todavía más grave: un gobernador de Morena que decidió desafiar la autoridad de la presidenta de México. Por eso la nueva licencia.
El mismo día, la presidenta posteó: “Ningún interés personal puede estar jamás por encima de los intereses del pueblo y de la Nación. Y mucho menos cuando aquello que se pretende colocar por encima de México no es el bienestar de su gente, sino la ambición desnuda del poder por el poder.”
“Por encima de cualquier nombre, de cualquier grupo y de cualquier interés particular, está el pueblo y la Nación.”
¿El mensaje fue para Rocha Moya o en realidad para López Obrador? ¿Acaso fue la respuesta al intento de un golpe de estado blando?
El gobierno federal, a través de la Segob, confirmó que la decisión no fue consultada con la presidenta. Gobernadores de la 4T -incluida la gobernadora de Veracruz- dieron su respaldo “absoluto y categórico” a la presidenta Sheinbaum, cerrando filas en torno a su liderazgo.
La dirigencia nacional de Morena también se desmarcó, aclarando que no tuvo conocimiento previo de la determinación y enfatizó que es un acto individual. La oposición exigió que sea aprehendido y entregado a la justicia de Estados Unidos.
La alineación de toda la nomenclatura morenista, ¿fue un acto de rechazo a la decisión de Rocha Moya o cerraron filas en torno a la presidenta de México ante la amenaza del presunto golpe de Estado blando? Es evidente que, si Rocha se mantenía en el cargo, la presidente pasaría a ser la humilde conserje de palacio nacional.
La segunda teoría es el desafío de Estados Unidos y la urgente necesidad de recuperar el fuero ante el tsunami judicial que se avecina. Los tribunales de EU han documentado acusaciones graves contra el ex gobernador por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, tráfico de drogas, sobornos y protección política. En México se le investiga por el asesinato del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Melesio Cuén
Nada es casualidad. En la víspera, el gobierno decidió «traer» a México a Fernando Farías, acusado junto a su hermano Manuel Roberto, ambos ex altos mandos de la Marina, por encabezar una red de huachicol fiscal durante el gobierno de López Obrador.
¿Estamos ante el fin de un efímero Maximato? Pronto lo sabremos.
La puntita
Morena acostumbra asustar a los alcaldes oposición con el “petate del muerto” de las cuentas públicas para alinearlos a sus intereses electorales. De 361 denuncias que ha presentado el ORFIS, sólo 10 llegan al juez. ¿Moches, corrupción o incompetencia?