Hay investigaciones periodísticas que comienzan con una declaración escandalosa.
Y hay otras que comienzan con algo mucho más sencillo: una solicitud de información.
Esta vez, en Bitácora Política, decidimos hacer lo segundo.
El pasado 10 de agosto presentamos ante el Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz una solicitud de información pública para conocer, con documentos, quiénes fueron contratados durante el primer semestre de 2025 para prestar servicios de difusión institucional y cuánto dinero público recibieron.
No estamos preguntando por rumores.
Estamos preguntando por contratos.
Queremos saber quiénes fueron los proveedores, cuánto se contrató, cuánto se pagó, mediante qué procedimiento fueron seleccionados y a qué partida presupuestal se cargaron esos recursos.
La solicitud, registrada con el folio 630564026000105, también pide conocer las fechas de los pagos y el área del OPLE que solicitó cada servicio.
Pero hay una pregunta adicional que puede resultar todavía más interesante:
¿Dónde se difundieron esos contenidos?
Porque no es lo mismo contratar una campaña institucional para televisión, radio, prensa escrita, portales digitales o redes sociales.
Y tampoco es lo mismo conocer cuánto se gastó que saber qué se recibió a cambio.
Por eso solicitamos que, cuando la información obre en los expedientes, se identifiquen los medios, portales, plataformas digitales o redes sociales en los que se realizó la difusión contratada.
También pedimos que se informe si durante el periodo comprendido entre enero y junio de 2025 existieron proveedores contratados para comunicación digital, publicidad digital, producción y difusión de contenidos, manejo o difusión en redes sociales y otros conceptos equivalentes, independientemente del nombre administrativo utilizado.
La razón es sencilla.
Cuando se analiza el gasto público, las palabras pueden cambiar, pero los pesos siguen siendo pesos.
Una partida puede llamarse difusión.
Otra comunicación social.
Otra publicidad digital.
Otra producción de contenidos.
Por eso necesitamos revisar el conjunto y no solamente una etiqueta presupuestal.
Ahora toca esperar la respuesta
La propia Plataforma Nacional de Transparencia establece como fecha prevista para la respuesta el 7 de septiembre de 2026. También señala que, si el organismo requiere más tiempo para localizar la información, existe un plazo adicional que llevaría la respuesta hasta el 22 de septiembre.
Mientras tanto, no vamos a adelantar conclusiones.
Primero queremos los documentos.
Después vendrán las comparaciones.
Y finalmente, si los datos lo permiten, podremos saber quiénes fueron los principales proveedores, cuánto recibieron, cómo fueron contratados y qué servicios proporcionaron.
Porque una cosa es hablar de millones de pesos en un informe presupuestal.
Y otra muy distinta es seguirle la pista al dinero hasta llegar al proveedor.
Ahí es donde empieza realmente el periodismo de investigación.
Y como diría nuestro inevitable Pancho López:
“A ver si ahora sí nos cuentan dónde quedó la bolita… y, sobre todo, cuánto pesaba.”
Por lo pronto, la pregunta ya está formalmente sobre la mesa.
Ahora le toca responder al OPLE.