• Se aceptaron cambios para garantizar la seguridad y un trato digno a las víctimas: diputada García Segura
La Comisión de Derechos Humanos, que preside la diputada Marisol García Segura (Morena), aprobó con 24 votos a favor, cero en contra y siete abstenciones, el dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, a fin de incorporar principios, fortalecer sanciones y castigar a toda la cadena delictiva de la trata de personas.
Las modificaciones establecen que se entenderá por explotación de una persona la utilización de quien no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o resistir la conducta.
Se sancionará con pena de 10 a 15 años de prisión y de mil a 30 mil días multa al quien someta a una persona o se beneficie de someter a una persona para que realice actos pornográficos, y se considere el uso de las tecnologías de la información, tales como herramientas, programas, plataformas y dispositivos que se utilizan para procesar, administrar, editar, difundir, o crear contenidos con la información o material que devenga de una persona víctima.
Asimismo, pena de 15 a 25 años de prisión y de mil a 20 mil días multa, a quien promueva, publicite, invite, facilite o gestione por cualquier medio a que una o más personas viajen al interior o exterior del territorio nacional, con la finalidad de que realicen cualquier tipo de actos sexuales, reales o simulados, con una o varias personas pertenecientes a pueblos o comunidades indígenas o afromexicanas.
Se impondrá pena de 9 a 15 años de prisión y de mil a 25 mil días multa a quien utilice a una persona para realizar actos de mendicidad que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho, o no tenga capacidad de resistir la conducta; personas mayores de sesenta años, pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
También se sancionará con pena de 12 a 50 años de prisión y de 12 mil a 50 mil días multa, a quien, a sabiendas de su situación de trata, adquiera, use, compre, solicite o alquile servicios de una persona cuando se trate de una menor de 18 años o que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o de resistirlo; mayores de sesenta años, personas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, mujeres embarazadas, o personas con discapacidad, además de las que resulten por la comisión de conductas previstas en otros ordenamientos legales aplicables.
La diputada García Segura dijo que se recibieron algunas modificaciones de los grupos parlamentarios del PRI, MC y PRD, las cuales fueron aceptadas en el dictamen y consisten en cambiar la fracción VI del artículo 62 de la presente ley para incorporar que se deberá garantizar en todo momento la seguridad de las víctimas, así como un trato digno, respetuoso y adecuado a su contexto.
Asimismo, se modificó la fracción VI del artículo 90 para eliminar el término familiar, ya que la violencia hacia las mujeres es mucho más amplia. También se hicieron cambios a la fracción VI del artículo 114 para establecer que los refugios para víctimas deberán ser especializados en brindar atención integral a las víctimas de trata, garantizando en todo momento su seguridad, así como un trato digno, respetuoso y adecuado a su contexto.
Intervención de diputadas y diputados
El diputado Benjamín Robles Montoya (PT) destacó la importancia de aprobar el fortalecimiento de este marco jurídico y anunció su voto a favor del dictamen, ya que se pretende prevenir con mayor fuerza la comisión de trata de personas, investigarlo con las mejores herramientas, perseguirlo y sancionarlo hasta erradicarlo.
De Morena, la diputada Inés Parra Juárez consideró que esta reforma está muy bien, “pero sí hay que tener en cuenta que el problema de fondo es que todas las fiscalías están actuando de manera ineficiente porque no investigan, no indagan, no presentan a los presuntos culpables y no hay de manera pronta y rápida la integración de carpetas contra los delincuentes”.
Por el PAN, la diputada Sarai Núñez Cerón enfatizó que su grupo parlamentario celebra que se tomen acciones respecto a este delito cuyas cifras son espeluznantes en nuestro país, pues “somos primero en el mundo con este delito”. Sin embargo, consideró que los tiempos fueron muy acelerados y que se debe discutir con expertos, la sociedad civil y a las víctimas, con el fin de robustecer el dictamen.
También del PAN, la diputada Mariana Mancillas Cabrera aclaró que “no estamos a favor de que a ningún ser humano se le trate como objeto en ningún momento, en ningún lugar, en ninguna circunstancia; de lo que estamos en contra es que se hagan leyes que no están siendo discutidas”. Precisó que su voto sería en abstención.
Jaime Baltierra García, diputado del PT, señaló que con las modificaciones se fortalece el marco jurídico incorporando nuestros principios y robusteciendo sanciones para castigar toda la cadena delictiva en materia de trata de personas. Con la aprobación de este dictamen “reforzamos la protección y la aplicación de derechos fundamentales a los grupos más desfavorecidos”.
La diputada Gabriela Sodi (PRD) estimó correcta la propuesta; sin embargo, hay premura por aprobar el dictamen. “Tampoco podemos ver que la interculturalidad deje de ser una metodología medible porque es lo único que nos permite seguir protegiendo a estas instancias, así es que, si se desea redefinir, sería en otro momento con consultas públicas”.
Por su parte, la diputada Sue Ellen Bernal Bolnik (PRI) dijo que el delito de trata de personas se ha incrementado y en muchas ocasiones pasa desapercibido porque no se tiene tan visibilizado. Aclaró que el trabajo se hizo a marchas forzadas para sacar este dictamen, por lo que pidió que este tipo de iniciativas se discutan con mayor tiempo.
La diputada Marisela Garduño Garduño (PT) indicó que la trata de personas “es un tema que nos duele y lastima, por eso tenemos que darle prioridad”. Enfatizó que este problema ha ido creciendo en todo el territorio nacional y el dictamen busca el perfeccionamiento de los instrumentos jurídicos que permitan ampliar la protección de las víctimas. “Es nuestra obligación como legisladores realizar los cambios al marco jurídico para que la protección a los más vulnerables sea efectiva”.
Yolis Jiménez Ramírez, diputada de Morena, planteó modificar el segundo párrafo del artículo 14 para quedar: “para lo anterior también se considerará el uso de las tecnologías de la información tales como herramientas, programas, plataformas y dispositivos que se utilizan para procesar, administrar, editar, difundir o crear contenido con la información o material que devenga de una persona víctima”.
La diputada Rosa María González Azcárraga (PAN) consideró que la Comisión de Justicia debería tener una opinión al respecto, porque “no nos corresponde”.
Opinión del PEF 2024
La Comisión también avaló emitir su opinión en sentido positivo al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2024. Señala que las propuestas de modificación se basan en los criterios de sostenibilidad en el Proyecto de PEF 2023, con un enfoque de género y derechos humanos, a fin de cumplir con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
Propuso transferir 500 millones de pesos del Instituto Nacional Electoral (INE) al Centro Nacional de Identificación Humana, para que cumpla a cabalidad con las funciones establecidas en la Ley. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizará las adecuaciones necesarias para el desempeño de la institución en 2024.
Asimismo, que el presupuesto asignado al INE quede en 37 mil 270 millones 242 mil 933 pesos y el asignado a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas sea de mil 649 millones 899 mil 182 pesos.
La diputada Parra Juárez anunció que no acompañaría la opinión porque la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha sido ineficaz e inoperante y no ha dado resultados en cuanto a la defensa de los derechos humanos, así como la subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación.
La diputada Sofía Carvajal Isunza (PRI) sostuvo que la opinión no contiene la postura oficial de la CNDH sobre los recortes presentados, porque se eliminan 400 mil pesos del mecanismo de prevención de tortura, se reduce una quinta parte del presupuesto para personas migrantes y 30 por ciento para personas desaparecidas. La diputada Norma Angélica Aceves García (PRI) anunció que su voto sería en contra. Sugirió aumentar el presupuesto destinado a los programas del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), proteger y defender los derechos humanos de los periodistas y defensoras de derechos humanos, y atender asuntos relacionados con personas reportadas como desaparecidas.
En tanto, la diputada Bernal Bolnik dijo que el presupuesto es ineficiente y estimó que en este tema no se pueden escatimar gastos.
Comentó que en la opinión no hubo un análisis exhaustivo del presupuesto que abarca todo el tema de derechos humanos y el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas no trae lo que se requiere que son 800 millones de pesos.
La diputada Beatriz Rojas Martínez (Morena) resaltó la importancia que tienen los incrementos del Ramo 35 del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2024, donde se aumentan recursos para atender asuntos relacionados con víctimas de delito y de violaciones a derechos humanos, y para el programa para atender asuntos relacionados con niñas, niños y adolescentes.
En su oportunidad, la diputada Sarai Núñez Cerón (PAN) dijo que su grupo parlamentario está en contra de la opinión, “no podemos concebir” que sea en sentido positivo cuando es evidente, con números, que se recorta a temas relacionados con personas desaparecidas.
La diputada Sodi anunció su voto en contra porque “es omisa la reducción” de los programas presupuestales que atienden asuntos relacionados con personas migrantes, víctimas del delito, de violación a derechos humanos, así como el apoyo a grupos vulnerables.
Del PRI, la diputada Carolina Dávila Ramírez señaló que la opinión no contiene un análisis profundo y crítico de lo que debería representar un organismo nacional como la CNDH.
Benjamín Robles Montoya, diputado del PT, resaltó que la opinión habla de cómo se ha ejercido el gasto. A partir del 2020, la CNDH ha realizado un ejercicio de racionalización de gastos, por lo que ha logrado un ahorro de más de 320 millones de pesos.
El diputado Ricardo Aguilar Castillo (PRI) subrayó que “ojalá y que el trabajo legislativo haya tenido un acuerdo previo con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a efecto de que la opinión de cualquier diputada o diputado sea escuchada y respetada.