Las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y Adolescencia, de Educación, y de Presupuesto y Cuenta Pública se reunieron con representantes del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en México para presentar el “Análisis de la inversión pública en infancia y adolescencia en México 2012-2023”.
El documento tiene como objetivo contribuir a un mejor entendimiento del comportamiento histórico de la inversión pública destinada a la infancia y adolescencia. Asimismo, permitirá conocer aciertos y áreas de oportunidad para que la infancia y adolescencia se conviertan en una prioridad en las decisiones presupuestarias.
La presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, Ana Lilia Herrera Anzaldo (PRI), señaló que este documento presentado por UNICEF es producto del esfuerzo conjunto de estas comisiones y es un referente de la evolución de los presupuestos asignados a la niñez y la adolescencia en México.
Dijo que en este análisis se puede tener un referente para la construcción de un Anexo 18 que cumpla con los principios de suficiencia, progresividad y sostenibilidad. “Los hallazgos de este estudio son una sacudida, un fuerte llamado de atención y recordatorio de la deuda que tiene el Estado mexicano con la niñez y adolescencia en México, ya que son estos grupos de edad con mayor prevalencia de pobreza”.
Resaltó que de 2012 a 2023 si bien hay avances en materia de inversión en alimentación y educación, prevalecen severas carencias en salud, acceso a la vivienda y seguridad social. Asimismo, se identifica que después de la pandemia el rezago educativo es de 10.2 por ciento, lo que regresa a niveles de 2018 y se están perdiendo generaciones.
“Cuando vemos estos hallazgos no tenemos alternativa, necesitamos actuar, tomar las decisiones con perspectiva de niñez, dejando a un lado nuestra visión de adultos para comenzar a resarcir la deuda que tenemos con este sector tan importante de la población”, agregó.
El presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Erasmo González Robledo (Morena), indicó que el análisis de la inversión pública en infancia y adolescencia representa un hito significativo en la labor legislativa, ya que en la Cámara se está consciente de la necesidad de invertir en este sector. “Estos jóvenes y niños representan la esperanza, talento y el potencial de México y su desarrollo y bienestar son fundamentales para nuestro progreso como sociedad”.
Manifestó que en este recinto legislativo se asume con seriedad el compromiso de promover políticas públicas que aseguren una inversión adecuada y sostenida en la niñez y la juventud, y este documento será un marco de referencia significativo para la tarea legislativa en este momento de análisis y aprobación del presupuesto.
“El esfuerzo con la UNICEF se ve en este resultado que será invaluable para que la Comisión que presido tenga una referencia para la toma de decisiones, ya que pocas veces se tienen insumos actualizados”, agregó.
La vicepresidenta de la Mesa Directiva, diputada Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz (PRI), indicó que este estudio versa sobre el análisis de la inversión pública que hoy se presenta en materia de la infancia y adolescencia que resulta importante para quienes aprueban el presupuesto público y se oriente a tomar mejores decisiones al respecto.
Dijo que el trabajo que presenta UNICEF junto con las comisiones unidas sin duda permite tener un análisis detallado y objetivo de la inversión que en México se ha realizado en la niñez y adolescencia. “Muchos son los hallazgos, podemos encontrar datos relevantes, tal es el caso que de 2012 a 2023 México ha destinado a la niñez y adolescencia en promedio únicamente el 3.3 por ciento del Producto Interno Bruto”.
Mientras que cuando se habla del gasto social para la infancia y adolescencia, efectivamente se ha incrementado en un 3.2 por ciento en términos reales entre 2022 y 2023, pero su representatividad dentro del gasto social ha disminuido. Del mismo modo, entre 2016 y 2023 el presupuesto para niñas, niños y adolescentes en situación de movilidad se ha incrementado 6 por ciento en términos reales.
Fernando Carrera Castro, representante de UNICEF en México, señaló que es bueno hacer estos análisis a fin de ver qué hace la nación en favor de este sector de la población. “Más allá de las diferencias que en todo país existen entre partidos políticos e ideologías, siempre hay un compromiso que tiene que existir del Estado mexicano a nivel federal, estatal y municipal”.
“Me parece importante que se reflexione en la Cámara al respecto porque necesitamos que se entienda que no estamos hablando de voluntarismo ético o político, estamos hablando de posibilidades técnicas irreales en favor de la niñez. Esperamos que la reflexión de hoy alimente esa visión a futuro y les permita a ustedes diputadas y diputados avanzar en determinar cómo lograr que se erradique la pobreza infantil en México”, comentó.
Presentación del documento
Arianna González, oficial de Política Social UNICEF México, indicó que el anexo transversal es el punto de partida y principal insumo para el análisis de la inversión pública federal destinada a niñas, niños y adolescentes de 2012 a 2023. “Es una herramienta que tiene como objetivo identificar y clasificar los recursos públicos”.
Explicó que históricamente la infancia y adolescencia presentan la mayor incidencia de pobreza dentro de la población total; este grupo enfrenta mayores vulnerabilidades al compararlos con el resto de las personas. Actualmente viven 17 millones de niñas, niños y adolescentes en pobreza, de los cuales 3.7 millones están en pobreza extrema.
Catalina Gómez, jefa de Política Social UNICEF México, dijo que invertir en la infancia y adolescencia debe ser siempre una prioridad de Estado y una prioridad a nivel macroeconómico y fiscal específicamente en lo que corresponde al gasto; debe ser una inversión pública suficiente, oportuna y sostenida en el tiempo.
Mencionó que la primera infancia es donde más prevalece la pobreza infantil, hay presencia de amplias carencias sociales entre las que destacan la del acceso a servicios de salud y, por lo tanto, merece una atención prioritaria y que se le reconozca en el presupuesto público.