**El legislador Ramón Díaz Ávila exige se esclarezca todo lo relacionado los contratos y adquisiciones en el Poder Judicial.
**Remarca el lema del actual Gobierno: No mentir, No robar y no traicionar al Pueblo.
**Expone que el Plan Nacional de Desarrollo es el documento en que se especifican las acciones de Combate a la Corrupción y la mejora de la Gestión Pública.
Por Pedro Nícolas Mendizábal.
El diputado del Partido del Trabajo en la LXVI Legislatura del Estado de Veracruz, hizo uso de la Tribuna para proponer un anteproyecto de Acuerdo en el que demanda a las autoridades a que realicen las investigaciones necesarias en relación con los contratos así como con las adjudicaciones directas en el Poder Judicial del Estado.
El diputado remarcó que desde el Plan Nacional de Desarrollo, el actual Gobierno Federal expuso que “ningún funcionario público podría resultar beneficiado del cargo que ocupe, fuere del nivel que fuere, y obteniendo por su trabajo, la retribución legítima que la ley establece.
Resaltó que, a partir del PND, se estaba dando la instrucción clara y precisa para que ningún funcionario pudiera resultar beneficiado u otorgar algún beneficio a terceras personas y, en sí, toda conducta atípica de parte de algún trabajador de alguno de los tres niveles de gobierno; por ello -subrayó-“los lujos, los dispendios y la opulencia, que fueran práctica común en el pasado, había llegado a su fin”
Pero –precisó el diputado- los hechos que ocurrieron en el pasado y que fueron motivo y razón para que hoy un ex gobernador de Veracruz esté en prisión; hoy, al cumplirse 6 años de los actos de corrupción que lastimaron a veracruzanas y veracruzanos, parece ser que se empiezan a repetir en el Poder Judicial de Veracruz”
Díaz Ávila puso como ejemplo, la sospecha de que en el Poder Judicial se otorgó un contrato por una cantidad superior a los 6 millones y medio de pesos para que se adquiriese mobiliario de oficina a una persona física cuyo domicilio fiscal, se descubrió, es una construcción en obra negra en Martínez de la Torre. “Quien no conoce su historia, está dispuesto a repetirla”, puntualizó el legislador.
Añadió que existe información que sustenta que en el Poder Judicial se han otorgado contratos a empresas fantasmas cuyos domicilios fiscales son, sorpresivamente, estacionamientos, patios de vecindad, construcciones en obra negra, lavado de autos, andadores, callejones a las que se les han otorgado contratos millonarios para adquirir desde material de papelería y equipo de oficina pasando por trabajos de sanitización hasta compra de sistemas de cómputo.
Por ello, dijo el diputado Díaz Ávila, es bastante preocupante que ante los hechos señalados, podemos presumir y deducir que la administración de los recursos en el Poder Judicial, no tiene ni pies ni cabeza y mucho menos organización y por tal motivo, al final de la presente administración “nos vayan a salir con que requieren de una ampliación presupuestal para salir de la crisis en que, se avizora, seguramente pondrán como justificación”
Díaz Ávila lamentó que en el multimencionado Poder, no se haya comprendido a cabalidad que la Cuarta Transformación significa asumir un compromiso con el pueblo de México de hacer valer los principios de NO MENTIR, NO ROBAR Y NO TRAICIONAR.
El legislador, en su Anteproyecto de Punto de Acuerdo, propone que se exhorte respetuosamente al Sistema de Administración Tributaria para que en términos del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, se investigue al listado de contribuyentes que han prestado servicios o comercializado insumos al Poder Judicial del Estado, durante los ejercicios fiscales 2019, 2020,2021 y a la fecha del 2022.
El diputado solicitó también que se le exhorte a la Unidad de Inteligencia Financiera para que analice las operaciones financieras y económicas así como la evolución patrimonial de los proveedores y funcionarios del Poder Judicial del Estado de Veracruz. Díaz Ávila solicitó que se exhorte al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, al Instituto Nacional de Acceso a la Información y al Instituto Veracruzano de Acceso a la Información para que, en la atribución que les corresponda y de acuerdo con lo que establecen las leyes vigentes, se realice las investigaciones necesarias y se sancione a quien haya incurrido en faltas o actos ilícitos, concluyó.