Un Portal de la Internet, que ha sido atacado sistemáticamente en redes sociales, nos tuvo confianza, al compartir un testimonio y denuncia ciudadana realizada por personas privadas de la libertad dentro del Penal de La Toma, en el municipio de Amatlán de los Reyes. En dicho mensaje exponen graves anomalías, cobro de cuotas, hacinamiento, abusos y complicidad entre grupos internos y las autoridades del centro penitenciario.
Y nos comentan: “Conociendo su amplia trayectoria, el rigor periodístico que la caracteriza y el alcance de su medio de comunicación, acudimos a usted de la manera más atenta y respetuosa para solicitar su valioso apoyo en la difusión de esta información, con la finalidad de que la voz de los afectados sea escuchada y las autoridades correspondientes tomen cartas en el asunto”.
Por cuestiones fuera de mi alcance como autora de esta columna, al encontrarme fuera del país, no pudimos publicarla el 30 de julio, como encarecidamente se solicitaba, día importante y que cobraba especial relevancia por una nueva requisa, ya que el 2º de julio se llevó a cabo una anterior requisa en el Penal de La Toma. Según la información disponible, los propios internos ya habían dado aviso sobre dicho operativo y el director del penal había tomado medidas para ocultar equipos celulares y sustancias ilícitas, antes de la inspección.
Compartimos extractos de una carta enviada para su publicación: “De nueva cuenta pedimos el apoyo a las autoridades correspondientes, ya que en el Penal de la Toma de Amatlán de Los Reyes se cometen injusticias por parte de internos que trabajan para la Dirección, así como internos que trabajan para cierto cártel delictivo que cuentan con cocinas en el área de procesados, una tapicería en los talleres de población, venta de aparatos como ventiladores, parrillas, teléfonos clandestinos, préstamos en efectivo, renta de televisores, venta de droga, renta de íntimas en procesados”.
Y continúa la carta: “A nosotros, antes de que entremos nos piden quedarnos callados o no la contamos, cuando entra el colectivo de búsqueda se habla y es que anteriormente cuando estaban los “Z” eran violentos y ahora que están aquí los “jaliscos”, ellos a veces matan a las personas que chambeaban y nadie los reclamaba”.
“Pedimos ayuda, no a la gobernadora Rocío Nahle García, ni al director general, ya que ellos toleran los negocios de los “jaliscos” y esta carta va dirigida a altos mandos federales para que pongan orden en los penales de Veracruz. Queremos que termine esta situación y que no se trafique los privilegios a precios altísimos y a veces a costa de tu vida. Existe una sobrepoblación en el penal, donde también hay estancias con privilegios”.
La denuncia sigue: “El director brinda códigos para que se sepa que son protegidos por la Dirección y no les pase nada, siendo beneficiados. La droga y teléfonos del director los esconden en los núcleos, donde los custodios no se meten a revisar. Los teléfonos, para su uso, son vendidos a un precio muy caro y muchos no pueden pagar esos privilegios. Tenemos miedo de que haya un nuevo motín y sean asesinados varios internos”.
Sigue el relato: “La carnicería se usa para archivar documentos de los “PPL” en la zona “B” y existen personas como el conocido D3 quien gusta de maltratar a los internos, mostrando su resentimiento hacia ellos y estaba a cargo de las íntimas en la Zona “B” La Dirección también tiene a su encargado. de nombre Jairo, quien representa al Gobierno del Estado y siempre protege al director y al D3, a quienes se les ayuda en cada motín o anomalías dentro del penal. Y es el mismo Jairo quien avisa sobre futuras requisas o visitas de altos funcionarios y es el D3 quien avisa a los integrantes de cierto cártel que deberán esconder mercancía y aparatos electrónicos”.
Y lo narrado es vergonzoso: “Existen pagos de traslados para beneficio de integrantes de cárteles. La Dirección se ha beneficiado con la venta de celulares, cocinas, tiendas, venta de cigarros, tortillería, panadería, renta de visitas íntimas, cobrando mil pesos a la semana y 300 por turno, también extorsionan a los PPL que van llegando, obligándolos a darles para el refresco o amenazan con entregarlos a los “jaliscos”. Hace unos días, obligaron a internas a prostituirse y le pegaron terriblemente a una de ellas, por no querer intimar con un desconocido”.
Con base a la narrativa: “Cobran cuotas y hacen extorsiones a internos de nuevo ingreso, quienes están ubicados en el primer nivel con más de 100 internos, en un solo nivel, a donde lo nombran como “Castigo”. Hace unos meses llegó un interno de traslado y se les pasó la mano matándolo a golpes. La Dirección y Derechos Humanos de Córdoba se lavaron las manos, asegurando que había muerto por COVID y el fallecido trabajaba en conjunto con el director, el D3 y los custodios, dándoles su mochada y también se encargaba de hacer comunicados contra personas PPL. Y al final, no les gustó su forma de trabajar”.
Y por último: “En las celdas habitan de nueve a diez personas, cuando su capacidad es para cinco personas, sin olvidar que en el primer nivel tienen a 100 internos en 16 estancias, de un máximo de dos a cuatro metros. Y la comida en el primer nivel no alcanza por la sobrepoblación, siendo la Dirección quien vende víveres que entran cada semana, bajo pago de sobornos. Si tienen que comprar alimentos especiales o dieta para personas con discapacidad, se venden a alto precio. Cada revisión a las celdas, se retiran los artículos ilegales y al final, los vuelven a vender”.
Una mafia interna en el Penal de La Toma, en el municipio de Amatlán de los Reyes y lamentablemente, la gobernadora Rocío Nahle lo sabe y son parte de sus negocios personales.
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