La política suele ser el arte de administrar contradicciones, pero hay contradicciones que terminan convirtiéndose en problemas de credibilidad. Eso es precisamente lo que hoy enfrenta Morena frente a dos casos que han colocado al partido y al Gobierno Federal en una posición incómoda, la defensa del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y la rápida sanción partidista contra la alcaldesa de Tenancingo, Nancy Nápoles.
Desde una perspectiva jurídica, la posición de la presidenta Claudia Sheinbaum resulta perfectamente defendible. Ningún Estado democrático puede proceder contra una persona únicamente por acusaciones o señalamientos mediáticos. Si Estados Unidos pretende una acción judicial contra Rocha Moya, corresponde a las autoridades norteamericanas presentar pruebas suficientes y seguir los procedimientos establecidos en los tratados internacionales. Defender el debido proceso no es proteger a una persona; es proteger el Estado de derecho.
Sin embargo, la política rara vez se mueve únicamente por criterios jurídicos. La dirigencia nacional de Morena parece entender que el mayor riesgo rumbo a las elecciones de 2027 no es una acusación aislada, sino la percepción ciudadana de impunidad. Por ello actuó con rapidez en el caso de Nancy Nápoles, suspendiendo sus derechos partidistas después de que las investigaciones apuntaran a un presunto auto secuestro para encubrir el desvío de recursos públicos.
Es ahí donde surge la interrogante que hoy explotan adversarios y críticos del partido: ¿por qué en un caso la reacción es inmediata y en otro prevalece la cautela? La respuesta oficial es que los expedientes son distintos, las pruebas son distintas y las circunstancias son distintas. Sin embargo, para buena parte de la opinión pública la percepción puede ser otra, que existe una diferencia de trato dependiendo del peso político del personaje involucrado.
La realidad es que Morena enfrenta un dilema complejo. Si actúa de manera precipitada contra Rocha Moya sin pruebas judiciales contundentes, podría ser acusado de sacrificar la presunción de inocencia por conveniencia política. Pero si mantiene una defensa prolongada mientras sanciona a otros funcionarios de menor rango, corre el riesgo de alimentar la narrativa de los dobles estándares.
La contradicción no necesariamente está entre Claudia Sheinbaum y Adriana Montiel. En realidad, responde a dos lógicas distintas. La presidenta actúa como jefa de Estado, obligada a respetar procedimientos legales y principios de soberanía nacional. El partido, en cambio, actúa bajo una lógica electoral donde la imagen pública y el costo político son factores determinantes.
No obstante, esa explicación institucional puede resultar insuficiente para una ciudadanía cada vez más exigente. Los mexicanos han escuchado durante años discursos sobre combate a la corrupción, transparencia y rendición de cuentas. Por ello, lo que está en juego no es únicamente el futuro político de Rocha Moya o de Nancy Nápoles, sino la credibilidad de un movimiento que hizo de la lucha contra la corrupción una de sus principales banderas.
Morena tiene derecho a defender el debido proceso. Lo que no puede permitirse es que la opinión pública concluya que la justicia interna depende del tamaño del cargo, de la cercanía con el poder o de la relevancia electoral del acusado. Porque cuando la ciudadanía percibe que existen dos varas para medir la conducta de los servidores públicos, el problema deja de ser jurídico y se convierte en político.
Y en política, pocas cosas resultan más costosas que perder la autoridad moral.
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Maestro en Comunicación por la Universidad Iberoamericana. Formó parte del cuerpo académico de la Licenciatura en Comunicación en esa institución, así como de la Universidad Anáhuac, campús norte.