En toda sociedad existe el recuerdo colectivo, la memoria histórica sin la cual se dificultaría concretar la identidad social de un grupo o nación, sirve para recordar acontecimientos pasados e incluso sirven para establecer comparaciones entre el antes y el ahora. A esa memoria histórica acudimos para intentar una explicación acerca del porqué la clase política gobernante de la actualidad actúa diferente o igual a la de antaño. Actualmente, somos testigos del encubrimiento que la oficialidad aporta a quienes la justicia estadounidense ha señalado de mantener vínculos con la delincuencia organizada, abiertamente a Rocha Moya, a Inzunza y seis más de sus colaboradores en el gobierno de Sinaloa. También se aprecia resistencia a investigar los señalamientos formulados al senador Adán Augusto López, a Andy López Beltrán, a Amílcar Olán, a Américo Villarreal, etc. Esa mampara de protección no favorece la imagen del gobierno en funciones y hace ver a la Fiscalía General como ausente u omisa en el cumplimiento de sus funciones, muy criticable por cuanto a que, una vez llegados al poder, se presentan como un tipo de servidores públicos diferentes o no iguales a los del pasado inmediato. Sin embargo, información que reposa en el seno de la memoria colectiva de este país dice que antaño el gobierno procedía en contra de servidores públicos de alto nivel cuando infringían los mandamientos legales e incurrían en corrupción, al margen de su militancia política. La historiografía lo constata: Mario Villanueva, gobernó Quintana Roo de 1993 a 1999. Fue investigado por presuntos vínculos con el Cártel de Juárez y detenido en 2001, acusado de lavado de dinero y condenado a 35 años de prisión. Cuando la presidencia de Peña Nieto, en junio de 2013 fue detenido el exgobernador tabasqueño Andrés Granier (2007-2012) acusado de lavado de dinero, defraudación fiscal y peculado. Fue sentenciado a 10 años y 10 meses de cárcel. Javier Duarte de Ochoa, gobernador de Veracruz (2010-2016) fue detenido en 2017 acusado por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero. Mario Anguiano Moreno, ex gobernador de Colima (2009-2015), fue sancionado por el Congreso de Colima con una inhabilitación para ejercer cargos públicos por 14 años, y a pagar multa de 515 millones 174 mil pesos. Roberto Borge Angulo, ex gobernador de Quintana Roo (2011-2016) pagó con cárcel por delincuencia organizada, por haber enajenado, adquirido y ocultado 22 bienes inmuebles de la reserva territorial de Quintana Roo. Rodrigo Medina de la Cruz, ex gobernador de Nuevo León (2009-2015), fue detenido por los delitos de peculado y daños al patrimonio del estado. La lista de quienes no gozaron de impunidad pese a ser priistas es larga, porque otros mandatarios estatales fueron obligados a dejar sus cargos, como el caso de la masacre de Aguas Blancas, en Guerrero, en junio de 1995 que obligó a la licencia del gobernador Rubén Figueroa Alcocer. El tema da para más, pero un esbozo es suficiente para ejemplificar por qué una clase política actúa diferente a otras.