Hay una diferencia abismal entre gobernar y administrar el discurso. Cuando un gobierno necesita convertir una conferencia de prensa en una sesión permanente de propaganda, deja de informar para empezar a fabricar una realidad paralela. La llamada conferencia mañanera terminó hace mucho por convertirse en una mentidera donde las cifras se acomodan al guion político, aunque choquen frontalmente con lo que millones de mexicanos viven todos los días frente a una bomba despachadora de gasolina.
La más reciente demostración la ofreció el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Iván Escalante Ruiz, al presumir que el 79 por ciento de las estaciones de servicio vende el combustible por debajo de los 27 pesos. El detalle que convenientemente quedó diluido entre gráficas y discursos oficiales es que el dato corresponde al diésel, no a la gasolina Magna ni a la Premium, que son las que consume diariamente la inmensa mayoría de los automovilistas.
El ciudadano común no necesita consultar estadísticas oficiales para saber cuánto cuesta el combustible. Basta acudir a cualquier gasolinera del país para comprobar que llenar el tanque cuesta más cada semana. La realidad no se construye con diapositivas; se paga con tarjeta o en efectivo.
Lo preocupante no es únicamente la confusión entre combustibles. Lo verdaderamente grave es el intento permanente de presentar como éxito lo que constituye un evidente incumplimiento de una de las promesas más emblemáticas del movimiento gobernante.
Vale la pena refrescar la memoria. Durante la campaña presidencial se aseguró que la gasolina costaría alrededor de diez pesos por litro. La explicación parecía sencilla: al combatir la corrupción y construir una nueva refinería en Dos Bocas, Veracruz y México dejarían de depender de las importaciones y el combustible sería más barato que en Estados Unidos.
La realidad terminó siendo mucho más obstinada que la propaganda.
La refinería de Dos Bocas, anunciada como la solución definitiva a la soberanía energética, acumuló retrasos, incrementos multimillonarios en su costo y una producción muy por debajo de las expectativas originalmente difundidas. Lo que se prometió como una obra que abarataría el combustible terminó convertida en uno de los proyectos públicos más costosos de la historia reciente, sin que ello se reflejara en el bolsillo de los consumidores.
Mientras tanto, los precios continúan sujetos al comportamiento internacional del petróleo, al costo de refinación, a la carga fiscal y a factores económicos que nunca desaparecieron por decreto ni por discurso presidencial.
Lo paradójico es que el gobierno insiste en celebrar una estabilidad que para millones de familias simplemente no existe. Quien utiliza diariamente su automóvil para trabajar, transportar mercancías o trasladar a su familia sabe perfectamente que el gasto en combustible representa una presión creciente sobre la economía doméstica. Esa experiencia cotidiana pesa mucho más que cualquier porcentaje anunciado desde un atril.
La comunicación gubernamental ha sustituido progresivamente la rendición de cuentas por el manejo selectivo de indicadores. Cuando una cifra resulta favorable, ocupa los encabezados. Cuando contradice las promesas originales, desaparece del relato oficial. Así se construye una narrativa donde nunca existen errores, únicamente reinterpretaciones.
Sin embargo, la memoria ciudadana suele ser más resistente de lo que imaginan los estrategas políticos. Las promesas de campaña no caducan por el simple paso del tiempo. Permanecen como referencia obligada para evaluar el desempeño de quienes solicitaron el voto prometiendo transformar la realidad.
No se trata de exigir milagros económicos ni de desconocer que el mercado internacional influye sobre el precio de los combustibles. Se trata de exigir congruencia. Si se prometió gasolina a diez pesos, el gobierno debe explicar con la misma intensidad por qué esa meta jamás se alcanzó. Si se afirmó que Dos Bocas resolvería el problema, corresponde informar con transparencia cuál ha sido realmente su impacto en los precios.
Gobernar implica asumir responsabilidades, no redefinir permanentemente las expectativas para que los incumplimientos parezcan éxitos administrativos.
Porque la función de una procuraduría del consumidor debería ser defender al consumidor de los abusos del mercado, no defender al gobierno de la memoria de los ciudadanos.
El litro de gasolina podrá seguir subiendo, pero lo que ya alcanzó un precio impagable es el costo de convertir las promesas incumplidas en triunfos oficiales mediante la fábrica cotidiana de los otros datos.