Jair Clodoaldo Xilotl Sánchez
En Veracruz, el sistema de salud vuelve a colocarse en el centro del debate público, no por un anuncio de modernización ni por una inversión histórica, sino por algo más elemental: la exigencia de quienes lo sostienen todos los días. El personal sindicalizado de la Secretaría de Salud ha levantado la voz, no con estridencia, sino con persistencia institucional durante más de un año. Oficios, mesas de trabajo, solicitudes formales. El resultado, hasta ahora, ha sido el silencio administrativo.
Las secciones sindicales —26 Norte, Centro y Sur, así como la 40, 70, 71 y 74— no están planteando demandas extravagantes ni privilegios fuera de norma. Lo que se pone sobre la mesa es, en esencia, el cumplimiento de derechos laborales ya establecidos y condiciones mínimas para operar un sistema que atiende a miles de veracruzanos. El reclamo es tan básico como urgente: insumos médicos suficientes, certeza laboral, pagos pendientes, infraestructura digna y respeto institucional.
No se trata únicamente de un conflicto sindical. Reducirlo a eso sería un error de cálculo político y una omisión ética. Cuando falta material médico, cuando no hay vehículos en condiciones, cuando el personal trabaja sin certeza en su plaza o sin equipo de protección, el impacto no se queda en la base trabajadora: se traslada directamente al paciente. Es ahí donde la omisión administrativa se convierte en un problema público.
El proceso de transición hacia IMSS-Bienestar ha añadido una capa adicional de incertidumbre. La transferencia de personal sin resolver previamente temas escalafonarios o sin garantizar condiciones laborales claras no solo vulnera derechos, también compromete la operatividad del nuevo modelo. No hay reforma que funcione si se construye sobre estructuras laborales debilitadas.
En este contexto, el llamado del sindicato a suspender cualquier transferencia hasta que se atiendan los pendientes no es una postura radical, sino una medida de sentido común. La política pública no puede avanzar ignorando a quienes ejecutan, en campo, las decisiones que se toman en el escritorio.
Hay otro punto que no debe pasar desapercibido: el respeto a la autonomía sindical. En un país donde la historia laboral ha estado marcada por tensiones entre autoridad y representación, insistir en este principio no es un formalismo; es una garantía democrática. La interlocución efectiva requiere reconocer al sindicato como un actor legítimo, no como un obstáculo.
El marco jurídico es claro. La Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y el Artículo 123 apartado B no son sugerencias, son obligaciones. El patrón —en este caso, el Estado— no puede elegir qué partes cumplir y cuáles postergar indefinidamente.
Mientras tanto, las y los trabajadores han reiterado algo que merece subrayarse: su protesta es pacífica y no interrumpe los servicios. En un entorno donde la polarización suele escalar con rapidez, esta postura habla de responsabilidad, pero también de un límite. Porque sostener el sistema pese a las carencias no puede convertirse en la excusa para perpetuarlas.
La pregunta de fondo es incómoda, pero necesaria: ¿cuánto tiempo puede resistir un sistema de salud que opera con pendientes acumulados? Veracruz no necesita diagnósticos adicionales; necesita decisiones. Decisiones que atiendan lo urgente —pagos, insumos, infraestructura— y que ordenen lo estructural —transiciones, plazas, condiciones laborales—.
Escuchar a la base trabajadora no es un acto de concesión política, es una condición para que el sistema funcione. Ignorarla, en cambio, tiene costos que terminan pagando los usuarios: los mismos ciudadanos a quienes se supone debe servir el aparato público.
Hoy, la agenda está clara. La responsabilidad también. Falta lo más importante: voluntad para resolver en un sistema de salud que atiende a la mayor parte de veracruzanos a lo largo y ancho del estado, es decir, el pueblo más vulnerable.