Por Rubén Ricaño Escobar
La razón de ser del Estado es simple y exigente: garantizar la vida, la libertad y el orden bajo la ley. Todo lo demás —programas, narrativas, proyectos— es accesorio si ese núcleo falla. Hoy, México se mira en un espejo incómodo: la violencia persistente, la expansión de economías criminales y las sospechas de infiltración política configuran un desafío que ya no es solo de seguridad pública, sino de legitimidad del poder.
El contexto internacional agrava el cuadro. La National Drug Control Strategy 2026 de Estados Unidos declara una ofensiva integral contra las drogas sintéticas —en especial el fentanilo— y, de manera explícita, contra toda la cadena que las hace posibles: producción, logística, finanzas y protección institucional. El documento no habla únicamente de cárteles; incluye a empresas, redes de suministro y actores que faciliten el tráfico como objetivos de acción estatal. Además, clasifica a ciertas organizaciones como amenazas de seguridad nacional y habilita instrumentos de persecución penal, financiera y diplomática de amplio alcance.
En paralelo, la violencia política en México ha alcanzado niveles preocupantes. Un informe de 2024 documenta 1,836 agresiones contra actores políticos entre 2018 y 2024, incluidas amenazas, atentados y asesinatos; solo en la antesala del proceso electoral de 2024 se registraron 244 ataques, con 133 homicidios. Estas cifras no prueban por sí mismas la captura del sistema, pero sí evidencian un entorno de coacción incompatible con una competencia democrática plena. (Observatorio Nacional Ciudadano, Por un México Seguro 2024).
A ello se suma la dimensión económica del fenómeno. Investigaciones recientes sobre huachicol fiscal y contrabando han mostrado redes complejas que combinan empresas fachada, aduanas, transporte y corrupción administrativa. Las detenciones y operativos son relevantes, pero fragmentarios frente a un sistema que funciona por ecosistemas completos, no por casos aislados.
Con este telón de fondo, la pregunta clave es inevitable: ¿está el Estado mexicano cumpliendo su función esencial o administrando una coexistencia con poderes paralelos?
Un Estado que cumple su razón de ser hace, al menos, cuatro cosas. Primero, controla el territorio: no permite que grupos armados impongan reglas, cobren rentas o definan candidaturas. Segundo, protege la integridad del proceso democrático: garantiza que nadie vote bajo amenaza ni compita bajo coerción. Tercero, combate la corrupción de manera sistémica: investiga y sanciona sin excepciones a funcionarios, empresarios y redes que sostienen al crimen. Y cuarto, defiende la soberanía con capacidad, no solo con discurso: investiga, procesa y sanciona en casa antes de que lo hagan fuera.
En la práctica, México ha privilegiado una estrategia de contención por encima del desmantelamiento. Se han evitado confrontaciones directas en diversos territorios, con el argumento de reducir violencia; sin embargo, el resultado observable es la adaptación y expansión de estructuras criminales. En materia institucional, la reacción frente a señalamientos de alto nivel ha sido desigual: hay acciones, pero no una arquitectura integral que cierre la pinza entre investigación, sanción y recuperación de activos. Y en el terreno electoral, la violencia ha sido tratada como fenómeno de seguridad, no como riesgo sistémico para la democracia.
La consecuencia es un desfase peligroso: se reivindica la soberanía, pero se abre espacio para que actores externos —en particular Estados Unidos— avancen con expedientes, sanciones y acusaciones que impactan directamente en la política mexicana. Cuando otro país investiga a quienes gobiernan o aspiran a gobernar, el problema ya no es bilateral: es interno y estructural.
¿Qué debería hacerse, con seriedad y sin estridencias?
Primero, abrir investigaciones creíbles y profundas, con autonomía real, cadena de custodia robusta y resultados verificables. No basta con declaraciones; se requieren imputaciones sólidas, juicios y sentencias. Segundo, blindar desde ahora la elección intermedia: mapas de riesgo, protocolos de protección a candidatos, intervención temprana en zonas capturadas y sanción ejemplar a quien coaccione. Tercero, golpear las finanzas criminales de manera sistémica: aduanas, combustibles, logística, lavado de dinero y empresas fachada deben ser tratados como un solo circuito, con inteligencia financiera y cooperación interinstitucional. Cuarto, reconstruir legitimidad institucional con hechos medibles: decomisos, reducción de homicidios en zonas críticas, recuperación de espacios públicos y transparencia en resultados. Y quinto, anticiparse a la presión externa: investigar y procesar en México, con estándares que resistan el escrutinio internacional.
El escenario a dos años es nítido. Si México corrige el rumbo, puede transformar una crisis en punto de inflexión: recuperar territorios, depurar instituciones y llegar a la intermedia con reglas claras y competencia genuina. Si no lo hace, es previsible una judicialización creciente desde el exterior, sanciones selectivas, tensiones diplomáticas y, sobre todo, una erosión interna de la confianza pública. La elección dejaría de ser una contienda de propuestas para convertirse en un plebiscito sobre la integridad del poder.
Hay momentos en la vida de las naciones en que la retórica se agota y solo cuentan los hechos. Este es uno de ellos. México no necesita más explicaciones; necesita decisiones. La diferencia entre un Estado que protege y uno que administra la crisis no es semántica: es la distancia entre gobernar y ser condicionado.
La historia no juzga intenciones; juzga resultados. Y el resultado que hoy exige la realidad es uno solo: restablecer, sin ambigüedades, el monopolio legítimo de la ley y la confianza ciudadana en que nadie —absolutamente nadie— está por encima de ella.