A nivel profundo, surge una interrogante inevitable cuando las instituciones tiemblan: ¿qué ocurre con los recursos acumulados a lo largo de toda una vida? Para un trabajador veracruzano, el calendario laboral se convierte en un reloj de arena que se mide en décadas. Tras dedicar más de treinta años al servicio público —soportando el estrés endémico y entregando su juventud y energía al Estado—, la única exigencia legítima es que las autoridades respondan con un retiro digno, concebido como un pacto sagrado. Sin embargo, hoy en Veracruz, ese reloj de arena parece estar colmado de dudas, y la promesa institucional se desmorona bajo el peso de la incertidumbre financiera.
Por lo tanto, abordar la crisis financiera del Instituto de Pensiones del Estado (IPE) no es un asunto que se limite a la frialdad de los números; por el contrario, representa una profunda tragedia humana y psicológica. Más allá de las estadísticas, existen rostros, historias y vidas en vilo. Con más de 38,000 jubilados actuales, la realidad es demoledora tanto para quienes ya se retiraron como para las generaciones venideras.
Bajo esta premisa, es crucial entender que la pensión mensual que espera cada jubilado no constituye un privilegio ni una dádiva estatal; se trata de un salario devengado y diferido en el tiempo. Observar a tantos adultos mayores sumidos en la desolación al ver truncada la recompensa de su esfuerzo resulta desgarrador. A la profunda angustia de enfrentar el duelo por la pérdida de su identidad productiva —que a menudo los hace sentir inútiles, provocando una dolorosa forma de morir en vida—, ahora debe sumársele el pánico generalizado a perder el único sustento por el cual laboraron la mitad de su existencia.
Si bien el apoyo federal del programa «65 y Más» mitiga la situación, este subsidio no repara la dignidad de un derecho laboral pisoteado, especialmente cuando se constata un alarmante déficit anual de 4,000 millones de pesos. Los responsables directos de este desfalco en la administración pública fueron los mismos gobiernos del pasado, cuya obligación constitucional era salvaguardar los recursos aportados por cada servidor público durante décadas. Esta traición institucional es la verdadera razón por la cual una inmensa mayoría de adultos mayores expresa hoy un sentimiento de absoluto desamparo.
Actualmente, existen 18,000 trabajadores en activo que ya cumplen con los requisitos legales para jubilarse. Se encuentran en la antesala del retiro, listos para un merecido descanso, pero contenidos por un temor paralizante: el miedo a que, al dar el paso, la estructura colapse con ellos dentro. La relación matemática que sostiene al modelo está rota; hoy en día, apenas hay 2.6 cotizantes en activo por cada pensionado, una cifra alarmantemente alejada de los 9 necesarios para garantizar la viabilidad del sistema solidario. El eco de este colapso resuena con fuerza en las generaciones intermedias —aquellas con 15 o 20 años de servicio—, quienes observan el panorama con una amarga mezcla de resignación y coraje.
En consecuencia, la pregunta apremiante para la base trabajadora ya no es cuánto tiempo les falta para jubilarse, sino si realmente llegarán a percibir una pensión. El hecho de seguir aportando quincena tras quincena a un fondo que podría convertirse en un fantasma cuando las fuerzas físicas se agoten, constituye una condena al desgaste emocional crónico durante el tiempo restante de su vida laboral.
Ante este escenario, rescatar al IPE es una tarea impostergable para el Gobierno del Estado, y no debe reducirse a una mera operación de ingeniería financiera para cuadrar las cuentas en la Secretaría de Finanzas. Se trata de una obligación moral y de un asunto de salud pública que impacta directamente a miles de adultos mayores y al personal en activo.
Cada peso rescatado actúa como un escudo contra la depresión, la ansiedad y la pobreza de quienes edificaron este estado. La paz mental de nuestros viejos no puede ser utilizada como moneda de cambio político; su dignidad intrínseca y su derecho son legítimos. Para quienes están activos, asumir de forma pasiva que les falta mucho tiempo o que ya no les tocará nada significa normalizar el despojo. La defensa del sistema de pensiones no es un tema exclusivo de la tercera edad: es el espejo de nuestro propio futuro y el de cada servidor público en activo.