La presentación de la lista de 54 periodistas, medios, políticos y líderes de opinión críticos del gobierno por parte de Luisa María Alcalde, consejera jurídica de la Presidencia, el 13 de agosto de 2026, representa uno de los episodios más preocupantes y desafortunados del obradorismo, particularmente porque todo apunta a que no fue un desliz aislado, sino una decisión procesada en el círculo más cercano de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Aunque la presidenta Sheinbaum defendió a Alcalde afirmando que «no hay ninguna lista» elaborada por su administración y que se malinterpretaron los señalamientos, la evidencia sugiere lo contrario. La presentación se realizó desde Palacio Nacional, en el programa «Derecho de Réplica», transmitido oficialmente por el gobierno federal.
El hecho de que una funcionaria de alto nivel como la consejera jurídica de la Presidencia haya exhibido públicamente nombres de periodistas y medios críticos sugiere que la decisión fue coordinada y aprobada en los niveles más altos del gobierno. No se trata de una iniciativa personal de Alcalde, sino de una estrategia comunicacional que busca identificar y señalar a los críticos del régimen.
La explicación de Luisa María Alcalde refiere a un «nado sincronizado», como suelen decir los del gobierno, que involucra tres niveles. El listado incluyó a decenas de figuras críticas del gobierno, entre ellos Joaquín López-Dóriga, Paola Rojas, Carlos Loret de Mola, Ciro Gómez Leyva, Denise Dresser, Carmen Aristegui, Adela Micha, Héctor de Mauleón, Luis Cárdenas, Lourdes Mendoza, así como medios como El Universal, Reforma, Aristegui Noticias, ADN 40 y Azteca Noticias.
Lo que tienen en común estos periodistas y medios no es una conspiración coordinada, sino su condición de ser independientes del régimen político. No responden a la línea editorial del gobierno, no participan en las conferencias matutinas oficiales y mantienen una postura crítica frente a las decisiones de la administración.
La lista también incluye a políticos de oposición como Alejandro Moreno, Damián Zepeda, Felipe Calderón, Javier Lozano, Laura Ballesteros, Maru Campos, Ricardo Anaya, Vicente Fox, Xochitl Gálvez, Lilly Téllez, Claudio X. González, Federico Döring, Lorenzo Córdova, Marko Cortés, Ricardo Salinas Pliego, entre otros.
También aparecen organizaciones como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), que Alcalde Luján calificó despectivamente como «Mexicanos A Favor de la Corrupción».
Estos actores reproducen y recrean el imaginario ataque al gobierno, amplificando las críticas periodísticas y generando narrativas alternativas a la oficial.
Para el gobierno, toda crítica es falsa, manipulada, artificial. Esta narrativa permite descalificar cualquier cuestionamiento sin necesidad de responderlo con argumentos o información. La ironía es particularmente dolorosa: Claudia Sheinbaum condenó las listas en 2021 y su gobierno ahora presenta una de periodistas. En 2021, Sheinbaum calificó este tipo de prácticas como propias del macartismo, fascismo y nazismo.
Ahora, como presidenta, su gobierno presenta una lista de periodistas críticos, medios y opositores. La presidenta se tuvo que «comer ahora sus palabras», como señaló Quadratín.
En su conferencia «La Mañanera del Pueblo», Sheinbaum aseguró que «no hay ninguna lista» elaborada por su administración y aseveró que Alcalde Luján se limitó a explicar mecanismos de operación de cuentas y campañas en redes sociales, sin identificar personas o emitir sanción alguna.
Pero la realidad es que los nombres fueron exhibidos públicamente desde Palacio Nacional, con nombres y apellidos, medios de comunicación y organizaciones claramente identificados.
La pregunta central es ¿puede interpretarse esta iniciativa como un intento de recuperar la narrativa, misma que consideran pérdida y por eso es que están buscando censurar con miras a la elección de 2027?
El gobierno de Sheinbaum enfrenta múltiples crisis, aranceles de Trump, deportaciones masivas, cancelación de visas a funcionarios de Morena, entre ellas la sonada de Andy López Beltrán, así como la crisis en la industria automotriz, cierre de ingenios azucareros en Veracruz, y ahora este episodio de la lista de periodistas.
En este contexto, la narrativa oficial de que México vive «la mayor libertad de expresión de su historia» se ha vuelto insostenible. La lista de periodistas críticos es un intento de controlar el daño, identificando a los «responsables» de la narrativa adversa.
La lista se presenta en agosto de 2026, a poco más de un año de las elecciones presidenciales de 2027. El timing no es casual, el gobierno busca debilitar a los críticos antes de la campaña electoral, cuando su influencia será máxima.
Al identificar y señalar a periodistas, medios y opositores, el gobierno busca deslegitimar las críticas que puedan surgir durante la campaña. Generar un efecto inhibitorio sobre otros periodistas que podrían criticar al gobierno. Preparar el terreno para posibles acciones legales o administrativas contra los señalados.
Al presentar a los críticos como parte de una «red de amplificación digital» coordinada, el gobierno busca descalificar sus críticas sin necesidad de responderlas.
Si toda crítica es «falsa, manipulada, artificial», como sugiere la narrativa del gobierno, entonces no hace falta responderla con información o argumentos. Basta con señalar que forma parte de la «red» para desactivarla.
En un país donde seis periodistas han sido asesinados en lo que va de 2026, el señalamiento público desde el gobierno federal añade una capa adicional de riesgo para los comunicadores.
Como señaló Joaquín López-Dóriga, la lista genera riesgos, puede colocar a periodistas en la mira y proyecta una imagen del gobierno que la propia presidenta rechaza.
Aunque el gobierno federal no tiene capacidad técnica para censurar directamente en redes digitales, el señalamiento público de periodistas como parte de una supuesta «red» contra el gobierno puede generar un efecto inhibitorio.
Los periodistas incluidos en la lista pueden sentir que su trabajo los pone en riesgo, no solo frente al gobierno, sino frente a seguidores fanáticos que puedan interpretarlo como una señal para hostigar o amenazar.
La acción erosiona la confianza en las instituciones democráticas. Cuando el gobierno señala a la prensa como adversaria en lugar de reconocer su función de vigilancia, se debilita el sistema de checks and balances que es esencial para la democracia.
Los periodistas incluidos en la lista respondieron con indignación. Joaquín López-Dóriga retó públicamente a Luisa María Alcalde a explicar los criterios de inclusión y los propósitos de la lista.
La lista de críticos del régimen presentada por Luisa María Alcalde no fue un desliz. Todo apunta a una decisión procesada en el círculo más cercano de la presidenta Sheinbaum.
La explicación del «nado sincronizado» que involucra medios, periodistas, políticos, organizaciones y bots es un intento de presentar a los críticos como parte de una conspiración coordinada, cuando en realidad lo que tienen en común es su independencia del régimen político.
La libertad de expresión no es una concesión del gobierno, es un derecho fundamental que permite a la ciudadanía vigilar el poder. Cuando el gobierno federal señala públicamente a periodistas críticos, no solo los pone en riesgo, afecta la capacidad de toda la sociedad para acceder a información diversa y ejercer un control democrático sobre sus gobernantes.
El episodio de la lista de Alcalde debería ser una señal de alerta para la sociedad mexicana, la democracia no se defiende solo con discursos sobre «la mayor libertad de expresión de la historia», sino con acciones concretas que respeten y protejan el derecho de los periodistas a criticar al poder sin miedo a represalias.
Y este episodio, más que un desliz, es una definición del régimen, un gobierno que, ante la crítica, opta por señalar, estigmatizar y descalificar en lugar de informar, argumentar y dialogar.
Comente u opine a:
cacostabravo@yahoo.com.mx
Maestro en Comunicación por la Universidad Iberoamericana. Formó parte del cuerpo académico de la Licenciatura en Comunicación en esa institución, así como de la Universidad Anáhuac, campús norte.