ÁNGEL ALBARO PEÑA
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La violencia contra los periodistas no tiene precedente no sólo en México, sino en el mundo. Este no es pretexto para que en México se vea el problema como algo poco importante. Al contrario.
Porque México es de los pocos países del mundo que cuenta con un Mecanismo de Protección y Defensa de los Periodistas, así como de los líderes que defienden el medio ambiente y los derechos humanos; sin embargo, la primera característica de este mecanismo es la prevención, que no se lleva a cabo ni siquiera por aproximación. En lugar de prevenir los homicidios, se dedica a dar el pésame a las familias de los periodistas asesinados.
Veracruz ha sido el estado más letal para los comunicadores porque de 2010, año en que inició el sexenio de Javier Duarte, fueron asesinados 17 periodistas en menos de seis años.
El Comité para la Protección de Periodistas, con sede en Nueva York, señala que en el año que termina fueron asesinados cuatro periodistas, por lo que dicha asociación se sumó a la investigación de estos homicidios.
Ante esta situación, dicha asociación de comunicadores internacional determinó que desde hace años México es el país más peligroso del hemisferio occidental para los periodistas que operan en medio de una red de delincuencia, narcotráfico, pandillas y una arraigada corrupción en sus autoridades.
El Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) señala que, al inicio de este sexenio, el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a tomar medidas concretas sobre este asunto, declaración que forzó a los responsables del Mecanismo a realizar cambios para lograr la efectividad de esta instancia que depende de la Secretaría de Gobernación, y a pesar de que el primer artículo de la Ley de Protección a Periodistas señala que se trata de una acción nacional y de prevención, no es así.
Una de las preocupaciones principales de esta condición radica en que las investigaciones son lentas cuando se trata de conocer los móviles y a los asesinos materiales e intelectuales de los comunicadores.
Denuncia que el actual Presidente de la República rara vez se ha comprometido con esta asociación y señala que por lo menos dos de los periodistas asesinados en 2020 estaban inscritos en el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y en ambos casos, sus guardaespaldas asignados también fueron atacados.
Se destacó en el informe de dicha asociación el caso de Pablo Morrugares, uno de los periodistas inscritos en el Mecanismo de Protección, quien fue asesinado en agosto junto a su guardaespaldas, dentro de su propio restaurante en Iguala, Guerrero.
La necesaria reestructuración del Mecanismo, así como una mayor responsabilidad de las autoridades judiciales deben pronunciarse ante este conflicto que deteriora de manera importante la democracia en México. Atentar contra el periodismo no sólo implica deshacer una familia desde su cabeza, sino un atentado contra la sociedad. La impunidad en estos casos es un factor que debe erradicarse en estos casos antes que en cualquier otro. La impunidad asesina.
PEGA Y CORRE.- El INE anunció que no puede hacer nada contra las fake news, pero sí puede exhibirlas, denunciarlas y castigarlas, pero de eso no hablan los consejeros electorales, a pesar de que es un problema que recae en su responsabilidad… Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.
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