En realidad, es poco lo que conocemos respecto a los acuerdos subrepticios entre los gobiernos de diferentes países, lo mismo acerca del porqué López Obrador no externó opinión sobre la simulada elección en Nicaragua, alegando el principio de no intervención, que sobre la contrastante visita del Secretario de Hacienda y otros funcionarios mexicanos a Perú, en “auxilio” de Pedro Castillo, presidente de aquel país, calificada ya como intervencionista por el Congreso de aquel país. En México, en 2019, fuimos testigos de aquella “defensa” de nuestra soberanía que hiciera el gobierno frente a la advertencia del presidente Trump de imponer aranceles a las exportaciones mexicanas a Estados Unidos. ¿Quién no recuerda aquel evento multitudinario en la frontera norte de nuestro país donde en la retórica discursiva de la cúpula gobernante, se nos dijo que la dignidad del país había salido ilesa de la presión extranjera? Pero, es inocultable que a partir de ese evento varió sustancialmente la política migratoria del gobierno mexicano, y del “bienvenido hermano”, se pasó a la más cruda persecución de migrantes. Aunque a veces desfasada, la verdad siempre flota: en un artículo de Agustín Gutiérrez Canet, publicado ayer en “el Financiero, el autor narra el contenido de un libro publicado en inglés en 2019 en el cual los autores aseguran que desde noviembre de 2018 Marcelo Ebrard, aún sin tener el cargo de Secretario de Relaciones Exteriores, aceptó, en reuniones “clandestinas” con representantes del Departamento de Estado del país del norte, la aplicación del programa Remain in Mexico, tan debatido en estos tiempos de acentuada crisis migratoria en nuestro país. El libro de referencia no ha sido publicado en español, por lo cual es poco conocido en México, asegura Gutiérrez Canet. En esa lógica de asuntos encriptados entre los gobiernos de Estados Unidos y México pudiera ubicarse el escabroso asunto que ahora ocupa los titulares noticiosos, pues desde el país del Norte se da a conocer la recompensa de 5 millones de dólares por la captura de cada uno de los cuatro hijos de “El Chapo Guzmán”, ante lo cual el presidente López Obrador ha tenido que declarar que si los mencionados de la recompensa se encuentran en territorio mexicano, corresponde a las autoridades locales detenerlos; tal cual debe ser, por supuesto, porque en México, dice AMLO, ya “No hay impunidad para nadie y no hay complicidades, como era antes”. Poco sabemos sobre acuerdos, diferencias, o presiones políticas cupulares a nivel de gobiernos vecinos, pero (ese siempre imprescindible condicionante), sobre este asunto gravita el “culiacanazo” ocurrido en noviembre de 2019, sobre el cual el presidente López Obrador aceptó haber instruido liberar a Ovidio Guzmán, cuando ya estaba en poder de fuerzas armadas del país, supuestamente para evitar un cruento derramamiento de sangre. Del desarrollo de este asunto de graves implicaciones, el tiempo y las circunstancias nos irán revelando las acciones implementadas por los gobiernos de ambos países, pues el de los Estados Unidos invoca la Ley Kipling, que establece “sanciones económicas en todo el mundo contra los principales narcotraficantes internacionales, sus organizaciones y las personas y entidades extranjeras que prestan apoyo a esos traficantes y a sus organizaciones”. Singular postura que nos recuerda que en nuestros vecinos del norte aún persiste el síntoma de sentirse los “gendarmes del mundo”. Sin embargo, eso de la recompensa equivale al mensaje de: “o los detienes tú o lo hago yo”.