En su visita a Sinaloa la presidenta Sheinbaum aseguró que “la injerencia provoca violencia”, aludiendo a la entrega del Mayo Zambada a las autoridades estadounidenses. Esa inferencia es bastante discutible si se trastada a otros escenarios del país donde la violencia mantiene un crecimiento sostenido y nada tiene que ver con la confrontación entre chapitos y mayitos sino con un conjunto de neuralgias sociales cuyos costos en vidas humanas y económicos nada tienen que ver con la supuesta injerencia extranjera. Guanajuato, Zacatecas, Michoacán, Guerrero, Chihuahua, son entidades donde la violencia es el común denominador y sería impropio atribuirla a los síntomas de una ijerencia extraña al dominio territorial que ejercen los cárteles de la delincuencia organizada. La extorsión, el feminicidio, las desapariciones y homicidios son lugar común en gran parte del territorio nacional, la única forma de afrontarlo es con estrategias adecuadas de seguridad pública, no con retórica de ya poco crédito.
Nadie en sus cabales podría escatimar el esfuerzo del actual gobierno para combatir a la delincuencia en este país, ningún otro gobierno lo había hecho con la contundencia del actual, el nutrido número de criminales abatidos o detenidos nos da idea de su fortaleza y de su proliferación por todo el territorio nacional. Pero tampoco en épocas pasadas la violencia, el homicidio, la extorsión y los desaparecidos habían formado parte de la convivencia cotidiana. La operación Enjambre ha puesto al descubierto la penetración de la delincuencia en órganos de gobierno, alcaldes y policías municipales han sido detenidos sin que hasta ahora se perciba mejoría alguna, así de profundo es el arraigo de la delincuencia en este país. Pero, lamentablemente, la asociación delincuencial permea las estructuras de gobierno más allá del ámbito municipal, lo sabemos en todo México. Los casos de Rocha Moya en Sinaloa, Bedolla, en Michoacán, Américo Villareal en Tamaulipas, María del Pilar en Baja California ejemplifican sucias complicidades que han debilitado al Estado Mexicano, que está siendo observado con lupa en el mapa mundial. No que el actual gobierno proteja a políticos enmarañados con la delincuencia organizada o no pueda enfrentarlos, aunque así se perciba. Se acentúa la desconfianza por el manejo selectivo del aparato de justicia, para unos, prisión preventiva, la coraza protectora de “las pruebas”, para otros. Se entiende, ninguna fuerza está por encima de las del Estado, pero no es posible activar una profilaxis generalizada en un corto periodo cuando el enemigo ha infiltrado las estructuras de gobierno, arrancar de raíz un mal tan profundamente arraigado requiere de tiempo y constancia, pero sobre todo de voluntad para ejercer acciones de limpieza, nada fácil cuando la violencia es el mal cotidiano.