La pusilánime extrema derecha internacional ha puesto su mirada sobre México desde el momento en que perdió el control del poder público a manos del obradorismo. La llegada de un proyecto político que priorizó a los sectores históricamente marginados, impulsó políticas de bienestar social y limitó los privilegios de las élites económicas tradicionales afectó directamente intereses financieros, políticos y corporativos no tan sólo de la pequeña élite económica, sino también de las grandes corporaciones extranjeras que durante décadas dominaron la vida pública nacional.
Ante esa pérdida de privilegios, los grupos conservadores nacionales e internacionales activaron una estrategia permanente de confrontación y desgaste político. Ordenaron a sus operadores prianistas, a los grandes consorcios mediáticos y a sectores de la élite económica emprender una guerra sucia sistemática primero contra el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y ahora contra el de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Se trata de una oposición execrable que renunció por completo al debate político serio, al contraste de ideas y a la construcción de proyectos alternativos de nación. Incapaces de competir en el terreno democrático y de ofrecer propuestas que conecten con las mayorías, decidieron montar una estrategia basada en la desinformación, las acusaciones sin sustento, el reduccionismo político y las generalizaciones tendenciosas.
Desde sus plataformas mediáticas y espacios de influencia han apostado deliberadamente por la mentira, el alarmismo y la construcción de un ambiente permanente de miedo, caos y fatalismo. Todo ello, pese a los avances democráticos, económicos y de bienestar social impulsados por los gobiernos progresistas emanados del obradorismo, los cuales han transformado profundamente la relación entre el Estado y los sectores más vulnerables del país.
Hoy, esa guerra sucia se exacerba aún más. La oposición apátrida y servil al imperio repite disciplinadamente el guion diseñado por la derecha internacional para descalificar el gobierno de la presidenta Sheinbaum. Sin importarles la verdad, la estabilidad nacional ni el bienestar del pueblo mexicano, promueven narrativas que buscan debilitar la legitimidad del Estado mexicano y justificar presiones externas contra el país.
Lo más grave es que algunos de esos sectores han llegado al extremo de alentar abierta o veladamente una intervención directa de Estados Unidos bajo el pretexto del combate al narcotráfico. Con ello, pretenden someter la soberanía nacional a los intereses de la extrema derecha internacional encabezada por Donald Trump, quien representa una visión imperialista, autoritaria y profundamente agresiva hacia América Latina.
No hay otra lectura posible. México atraviesa un momento histórico en el que los ciudadanos deben decidir entre la defensa de la soberanía nacional y la unidad frente al injerencismo extranjero, o el retorno de los grupos políticos que durante décadas entregaron los recursos, las instituciones y la dignidad del país a intereses ajenos.
El vecino del norte no ha dejado de mirar a América Latina como su patio trasero. Las amenazas de intervención, los discursos de subordinación y las campañas de desprestigio contra gobiernos progresistas forman parte de una lógica imperial que históricamente ha buscado someter a los pueblos latinoamericanos mediante la presión política, económica y mediática.
Por ello, la defensa de México pasa necesariamente por la unidad nacional en torno al gobierno de la presidenta Sheinbaum y por el rechazo contundente a quienes, desde dentro, actúan como operadores de intereses extranjeros. La historia juzgará con severidad a quienes, por ambición política y por el deseo enfermizo de regresar al poder, estén dispuestos a debilitar a su propio país y a abrir la puerta al intervencionismo extranjero.
El abierto desprecio que figuras como Donald Trump y otros representantes de una derecha radical han mostrado hacia el marco legal internacional y los principios fundamentales del derecho de las naciones a decidir su propio destino constituye una amenaza grave para la convivencia entre Estados soberanos.
Las recientes declaraciones sobre una posible intervención armada en México, bajo el argumento de combatir al narcotráfico, representan una peligrosa violación al principio de no intervención y a la soberanía nacional. Resulta profundamente preocupante que este tipo de amenazas surjan precisamente en un contexto de confrontación política interna, donde sectores de la élite económica y política, agrupados en expresiones de derecha extrema, impulsan una narrativa de desgaste institucional y confrontación permanente.
A ello se suma el señalamiento infundado de que el Estado mexicano está coludido con el narcotráfico, acusación que no solo carece de sustento jurídico serio, sino que además pretende construir una justificación política y mediática para legitimar presiones e injerencias extranjeras sobre México. No se puede combatir un problema complejo mediante amenazas militares ni discursos que criminalicen a toda una nación.
El narcotráfico es un fenómeno transnacional que no puede entenderse sin reconocer también la responsabilidad del enorme mercado de consumo de drogas en Estados Unidos, así como el tráfico ilegal de armas que alimenta la violencia y cruza diariamente hacia territorio mexicano. Pretender reducir el problema exclusivamente a México es una visión hipócrita, parcial y políticamente interesada.
En momentos en que México enfrenta amenazas externas y presiones del imperio que buscan vulnerar su soberanía, la respuesta del pueblo mexicano debe ser firme, unidad. La defensa de la nación no puede quedar subordinada a cálculos electorales para que se recupere sin proponer nada en beneficio de México, la pusilánime oposición prianista, ni a intereses partidistas ni disputas ideológicas internas.
Hoy más que nunca, la agenda nacional debe colocarse por encima de la agenda partidista. Cuando está en juego la independencia, la dignidad y el derecho de México a decidir libremente su destino, no hay espacio para mezquindades políticas ni para posturas que, en los hechos, terminen favoreciendo narrativas extranjeras o justificando amenazas contra el país.
La oposición tiene derecho a disentir y cuestionar al gobierno; eso forma parte de toda democracia. Pero una cosa es el debate político interno y otra muy distinta es asumir posiciones que debiliten a la nación frente a intereses externos. La crítica legítima jamás debe convertirse en instrumento de quienes históricamente han intentado someter a México mediante presiones económicas, políticas o militares.
En este contexto, la unidad nacional en torno a la presidenta Claudia Sheinbaum adquiere una dimensión histórica. Más allá de diferencias partidistas, el momento exige cerrar filas en defensa de la soberanía, la autodeterminación y la dignidad del país. La investidura presidencial representa al Estado mexicano frente al exterior, y cualquier amenaza contra México demanda cohesión nacional, firmeza política y respaldo institucional.
La historia de México ha demostrado que, frente a las agresiones extranjeras, el pueblo sabe cerrar filas. Desde la Independencia hasta la defensa del territorio nacional ante invasiones externas, la soberanía ha sido un principio irrenunciable que une a los mexicanos más allá de diferencias políticas, sociales o económicas.
Defender a México no significa respaldar ciegamente a un gobierno; significa defender el derecho de la nación a resolver sus problemas sin imposiciones extranjeras. La patria está por encima de cualquier partido, de cualquier grupo económico y de cualquier ambición política.
En tiempos de amenaza, la unidad nacional no es una opción: es una obligación histórica. Porque la patria no se entrega, ni al imperio ni a sus aliados internos.
Mayo de 2026.