** Daño patrimonial al ayuntamiento de Veracruz asciende a $61.7 millones de pesos.
** Y esto tan sólo de las cuentas públicas de los años 2022 y 2023, faltando las de 2024 y 2025.
** Hay adjudicaciones sin licitación, apoyos sin sustento legal, compras irregulares y pagos injustificados.
** Estará en manos del ORFIS emitir las denuncias penales correspondientes, y en la FGE cumplimentarlas.
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Veracruz, Ver. 05 agosto 2025.- Patricia Lobeira Rodríguez está llegando al cierre de su administración con el peligro de que sobre ella recaiga la justicia por las graves faltas administrativas y daños millonarios al erario público que se observan en el ayuntamiento de Veracruz tras las cuentas públicas 2022 y 2023, faltando por fiscalizar los años 2024 y el que corre actualmente (el año de Hidalgo) 2025.
Su excuñado Fernando Yunes Márquez, el anterior alcalde de Veracruz, dejó también millonarias inconsistencias financieras y daños patrimoniales en su administración municipal, por las cuales el ORFIS le presentó al menos dos denuncias penales que acumulan más de 103 millones de pesos robados al erario municipal, por las cuales tuvo ordenes de aprehensión que de forma cínica y lamentable quedaron en el tintero por los acuerdos políticos de su Papá y su hermano mayor. Denuncias que están congeladas en las Fiscalía Estatal de Veracruz, y que se pueden desempolvar en cualquier momento.
Pero Patricia Lobeira en cambio termina su administración en condiciones muy diferentes a las de Fernando; el PAN en Veracruz está muy disminuido en fuerza y la siguiente administración no la va a encubrir, por que llegará al cargo Rosa María Hernández Espejo, impulsada por Morena, además de que hay un ánimo Anti-Yunes en todo el estado, tanto por el cambio de bando que hicieron, como por la animadversión que les tiene la gobernadora Rocío Nahle.
Tan sólo entre las cuentas públicas de los años 2022 y 2023, Patricia Lobeira tiene $61.7 millones de pesos que no ha podido solventar ante el ORFIS.
Además, los informes del ORFIS de esos años anotan la falta de cumplimiento en la integración de los expedientes técnicos y la carencia de mecanismos efectivos de control interno, lo que agrava la vulnerabilidad del municipio ante el mal uso de los fondos públicos.
Y ante esto, las respuestas de Patricia Lobeira son las mismas que argumentó su excuñado, Fernando Yunes, negar las irregularidades, calificar los señalamientos como “errores técnicos” y no transparentar los procesos de contratación.
De hecho, desde poco tiempo después de que comenzó su gestión, el gobierno municipal de Lobeira Rodríguez tuvo denuncias por falta de transparencia y contratos otorgados sin licitación.
Patricia Lobeira llegó al poder en 2021 tras una elección marcada por la controversia, luego de que su -entonces- esposo, Miguel Ángel Yunes Márquez, fuera inhabilitado por irregularidades.
Cuando la postularon carecía de experiencia en el servicio público, pero no la pusieron por su gran capacidad administrativa demostrada, si no para darle continuidad al proyecto político de la familia Yunes, y mantener el control político y económico sobre la zona conurbada Veracruz–Boca del Río.
Ahora entre las irregularidades que se le señalan hay adjudicaciones directas sin justificación legal, pagos por obras no ejecutadas o inconclusas, y transferencias sin comprobación documental adecuada, contratos con proveedores sin transparencia, sobrecostos injustificados y opacidad en la ejecución del presupuesto, lo que además de ser un daño patrimonial a las finanzas del municipio, también puede ser evidencia de prácticas sistemáticas de corrupción.
Es un patrón preocupante, similar al de su antecesor y excuñado, Fernando Yunes, en cuyo proceso de fiscalización se revelaron anomalías por más de 100 millones de pesos.
El ORFIS en la revisión de la cuenta pública 2022 del Ayuntamiento de Veracruz detectó un daño patrimonial por $38 millones 200 mil pesos.
Uno de los casos más emblemáticos es el contrato con Wardenclyffe Veracruz Puerto, S.A.P.I. de C.V., la empresa concesionaria del alumbrado público, a la cual el ayuntamiento le transfirió aproximadamente 25 millones de pesos por “bonificaciones” por un presunto ahorro en el consumo de energía eléctrica y por tanto de pagos a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), sin que exista contrato o documento legal que justifique tales erogaciones (Observación FM-193/2022/009 DAÑ).
El ente fiscalizador destacó que no se presentó evidencia alguna del ingreso por parte de la CFE de estas bonificaciones. Además, el contrato y convenio modificatorio con Wardenclyffe no establecían obligación alguna para el municipio de otorgar esos pagos. Esto significa que, aunque se pagaron 19 millones 600 mil pesos por bonificación y 5 millones 300 mil pesos por ajustes inflacionarios, no había base legal ni justificación para hacerlo.
En 2022, igualmente, el Ayuntamiento pagó 1 millón 276 mil pesos por un contrato de encuestas y entrevistas en línea para medir la percepción ciudadana sobre los servicios y actividades gubernamentales (observación FM-193/2022/005 DAÑ). Sin embargo, el ORFIS detectó que el municipio no presentó los reportes mensuales exigidos en el contrato, ni evidencias que avalaran la realización del servicio.
Aunque se entregaron algunos documentos y reportes, no queda claro cuál fue el impacto real ni la calidad de la información obtenida. Esto implica que los recursos públicos destinados a este fin pudieron no haberse usado de manera eficiente ni transparente.
Pero eso no fue todo. Observaciones en la cuenta pública del año 2023 ascienden a $23 millones 486 mil pesos.
En la cuenta pública del año 2023, el ORFIS detectó pagos por 123 millones 500 mil pesos a la misma empresa mediante un fideicomiso para cubrir amortización, intereses y mantenimiento, pero sólo se presentaron facturas por 120 millones 400 mil pesos, quedando sin comprobar 3 millones 129 mil 45 pesos (observación DE-193/2023/004 DAÑ).
Una irregularidad más es el gasto de 11 millones 940 mil pesos en arrendamiento de vehículos para distintas áreas del Ayuntamiento.
El ORFIS detectó pagos sistemáticos -en algunos meses, incluso por duplicado-, pero sin evidencias suficientes del uso oficial de los automóviles, es decir, no se sabe realmente como ni para qué se usaron los vehículos.
La administración de Patricia Lobeira, para justificar el gasto entregó fotografías y listas de los vehículos supuestamente arrendados, pero no aportó bitácoras, reportes de uso, rutas asignadas ni documentos que permitan verificar su vinculación con tareas públicas.
Sin esta información, el órgano auditor determinó que no se puede comprobar si efectivamente se usaron para fines administrativos, operativos o simplemente no se usaron.
Los montos pagados -varios de ellos por más de 1.3 millones de pesos en una sola transferencia- quedaron como observación activa por daño patrimonial, la FM-193/2022/007 DAÑ, y reflejan lo que el órgano de fiscalización calificó como un incumplimiento grave del principio de legalidad.
Asimismo, en la Cuenta Pública 2023, el ORFIS identificó un presunto daño patrimonial por 23 millones 486 mil 728 pesos con 42 centavos, distribuido entre irregularidades financieras presupuestales, técnicas en obra pública y asuntos relacionados con deuda pública y disciplina financiera.
Al igual que se hizo con las irregularidades de la cuenta pública 2022, las aclaraciones y documentos entregados por la administración municipal no lograron solventar las observaciones, lo que abre la puerta para la promoción de responsabilidades ante instancias administrativas y penales.
El informe destaca que estas conclusiones corresponden a los alcances de la auditoría y no eximen a los funcionarios de posibles futuras responsabilidades derivadas de otras investigaciones.
Entre las irregularidades detectadas en 2023 hay pagos duplicados, ausencia de bitácoras en maquinaria rentada, apoyos médicos sin autorización del cabildo, y gastos no comprobados en servicios como encuestas y vales de gasolina, además de contratos con proveedores vinculados a redes de negocios locales.
Un punto muy llamativo es que para el Carnaval de 2023, el Ayuntamiento contrató por 21 millones 660 mil 793 pesos, servicios para montaje de escenarios, sonido, pantallas LED, baños móviles y otros, sin realizar licitación pública ni concurso (Observación LM/193/2023/021 DAÑ). Se lo dieron todo por dedazo a la empresa de Marco Hortón (Esposo de Graciela Collado Yunes).
La administración de Patricia Lobeira intentó justificar esto argumentando que la Ley de Adquisiciones del Estado no aplicaba porque el contrato no involucraba bienes muebles. Sin embargo, el ORFIS refutó esta postura y recordó que el reglamento municipal vigente exige someter estos contratos a licitación pública para garantizar transparencia, legalidad y competencia.
Además, el reglamento del Carnaval obliga a planear con anticipación los eventos y describir los bienes y servicios a contratar, lo que hace insostenible el argumento de “urgencia” para evitar la licitación. El monto contratado excedía ampliamente el límite para licitación simplificada, y no se aportaron cotizaciones ni pruebas que respaldaran razones de economía o eficiencia.
Esta es una observación que no fue solventada, y por lo mismo sujeto de un presunto daño patrimonial.
El informe 2023 incluye además observaciones relacionadas con obras públicas que presuntamente fueron ejecutadas sin cumplir con los estándares técnicos requeridos, e incluso pagos duplicados a empresas que han sido proveedoras recurrentes en los últimos dos trienios (2018-2021) (2022-2025). Se señala también la existencia de posibles conflictos de interés en contratos con empresas vinculadas a redes de negocios locales ligadas a la clase política panista.
En las irregularidades encontradas hay similitud con lo observado para el periodo 2018–2021, que fue el gobierno de Fernando Yunes, cuando el ORFIS también detectó irregularidades millonarias.
Estas prácticas se pueden deber probablemente a que parte del aparato administrativo que operó con Fernando Yunes permaneció con Patricia Lobeira, garantizando la continuidad del modelo aplicado para el saqueo de los recursos municipales.
Por ejemplo, en lo correspondiente a los informes de fiscalización del último año del gobierno de Fernando Yunes, el ORFIS presentó el 8 de abril de 2024 ante la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales una denuncia penal por un daño patrimonial de 92 millones 997 mil 869.29 pesos en contra de quien o quienes resulten responsables. La querella quedó radicada en la carpeta de investigación FGE/FIM/F4/036/2024.
Esta denuncia se suma a la que se presentó en contra de la misma administración municipal, el 16 de diciembre del 2020, por un daño patrimonial de 10 millones 339 mil 877 pesos.
Ahora, con Patricia Lobeira, el volumen y la naturaleza de las inconsistencias detectadas anticipan un escenario adverso para la saliente alcaldesa.
El caso de Veracruz y su alcaldesa saliente ilustra cómo la administración local puede convertirse en un espacio opaco, donde el interés público queda subordinado a redes de poder y privilegio de unos cuantos para saquear las arcas municipales y llenarse los bolsillos a costa del erario público.
Con $61.7 millones de pesos bajo la lupa del ORFIS y sin poder comprobarlos, tan sólo de los años 2022 y 2023, faltando por fiscalizarle los años 2024 y 2025, Patricia Lobeira pinta de cuerpo completo para acabar durmiendo en una cama de piedra del penal de Pacho Viejo cuando termine su desastrosa administración municipal, por lo que tanto el ORFIS como la FGE deberán tenerla bien vigilada, ya que la intención de ella es irse a Madrid, España al día siguiente de entregar el poder el próximo 31 de diciembre, y más cuando se sabe que ya compró un lujoso departamento duplex en la exclusiva zona del «Barrio de Salamanca» de la capital española.