En Veracruz, Movimiento Ciudadano enfrenta una tormenta política que amenaza con desbordar los límites de lo local. Dos de sus alcaldes, Raúl González Martínez de Ixhuatlán del Sureste y Bertín Bravo Montero de Úrsulo Galván, ya fueron desaforados por decisión del Congreso del Estado, tras aprobarse las Declaraciones de Procedencia solicitadas por la Fiscalía General del Estado.
El primero está señalado como presunto autor intelectual del homicidio de la periodista Roxana Guzmán Ramírez, mientras que el segundo es investigado por la desaparición forzada del empresario Héctor Ramos Sánchez y su escolta.
Es importante subrayar que ambos casos se encuentran en investigación y no existe aún sentencia firme. Sin embargo, de confirmarse las acusaciones, el problema no debe limitarse únicamente a los alcaldes. La pregunta inevitable es: ¿qué papel han jugado los últimos dirigentes estatales de Movimiento Ciudadano en Veracruz, Sergio Gil Rullán y Luis Carbonell de la Hoz, en la selección de estos perfiles?
Porque sin un partido que los respalde, estos personajes jamás habrían llegado a ocupar cargos de elección popular. Fueron respaldados en campaña, fotografiados y promovidos con todo el apoyo de sus dirigencias. Y si hoy enfrentan procesos por delitos de alto impacto, la responsabilidad política no puede quedarse únicamente en los municipios: debe alcanzar a quienes, desde la cúpula, avalaron sus candidaturas.
Movimiento Ciudadano ha denunciado que se trata de una persecución política. Pero más allá de ese discurso, lo que está en juego es la credibilidad del partido. Si las acusaciones resultan ciertas, no bastará con desaforar a dos alcaldes: habrá que revisar los mecanismos internos de selección de candidatos y cuestionar si la dirigencia estatal ha privilegiado la lealtad, el interés personal y el control político por encima de la integridad, la seguridad y la confianza ciudadana.
El llamado es claro: no se trata solo de cortar ramas podridas, sino de revisar el tronco mismo del partido en Veracruz. Porque mientras los dirigentes se aferren al poder y cierren filas en torno a perfiles cuestionados, los únicos que siguen pagando las consecuencias son los ciudadanos que, confiando en las urnas, terminan siendo víctimas de la corrupción y la violencia disfrazada de política.