Nos reunimos hoy los abogados de México, para alzar la voz frente a un conjunto de reformas que han afectado el desarrollo político, económico y social con un propósito inocultable, la concentración de poder en un partido hegemónico. Hoy representamos al gremio jurídico nacional y no a partido político alguno, ni gobierno ni cámaras empresariales.
En el marco del Primer Encuentro Nacional de Juristas de México, las organizaciones, colegios y profesionales del derecho reunidos en un Frente Nacional Jurídico, nos pronunciamos ante la Nación para reafirmar nuestro compromiso con la Constitución, el Estado de Derecho y la justicia.

I. Vigencia constitucional

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 es el fundamento del orden jurídico nacional. Su vigencia depende de su respeto y aplicación efectiva.
Reafirmamos que los principios de legalidad y seguridad jurídica, consagrados en los artículos 14 y 16, son pilares irrenunciables que deben regir toda actuación del Estado.

II. Estado de Derecho

Advertimos un contexto de debilitamiento institucional que pone en riesgo la división de poderes y la certeza jurídica.
Un verdadero Estado de Derecho exige:

● Respeto irrestricto a la Constitución
● Actuación de las autoridades dentro del marco legal
● Rechazo a la arbitrariedad
● Garantía de certeza jurídica para todas las personas

III. Independencia judicial

La independencia del Poder Judicial es condición indispensable para la justicia. Nos pronunciamos por:
● Autonomía real, sin presiones políticas o económicas

● Respeto pleno a la división de poderes
● Imparcialidad en la función jurisdiccional

IV. Procuración y administración de justicia

Reconocemos fallas estructurales en el sistema de justicia:

● Deficiencias en la investigación de los delitos
● Dilación procesal
● Violaciones a derechos humanos
● Corrupción e impunidad Sostenemos la necesidad de:
● Profesionalización del Ministerio Público
● Capacitación continua de operadores
● Mejores condiciones laborales
● Inversión en infraestructura y tecnología
● Justicia basada en evidencia y legalidad

El acceso a la justicia debe ser pronta, expedita, completa e imparcial, sin que la carga institucional justifique deficiencias.

V. Derechos humanos y seguridad jurídica

Reiteramos que toda actuación del Estado debe respetar el debido proceso, la presunción de inocencia y la seguridad jurídica.
Rechazamos medidas que afecten derechos fundamentales sin control judicial efectivo.

VI. Sobre la modificación al artículo 127 constitucional

El Frente Nacional Jurídico manifiesta su preocupación y rechazo a la modificación del artículo 127 constitucional en materia de jubilaciones de ex trabajadores de confianza del Estado, por las siguientes razones:
● Violación a la certeza jurídica: Se afectan pensiones previamente reconocidas, generando efectos retroactivos contrarios al artículo 14 constitucional.
● Transgresión al Estado de Derecho: Se desconoce la existencia de derechos adquiridos y resoluciones firmes, vulnerando el principio de cosa juzgada.
● Afectación al principio de progresividad: Se reducen derechos laborales previamente otorgados, en contravención al artículo 1° constitucional.

● Impacto a la dignidad humana: Se menoscaban condiciones de vida de personas que dedicaron décadas de servicio al Estado.
Sostenemos que la justicia social no puede construirse sobre la afectación de derechos previamente reconocidos.

VII. Evolución del derecho

El derecho debe adaptarse a las nuevas realidades mediante:

● Innovación tecnológica
● Transparencia
● Modernización institucional

Exigimos el regreso de la supremacía constitucional que fue vulnerado con las recientes reformas aprobadas por del congreso al artículo 135 constitucional.

VIII. Compromiso del gremio jurídico

Las y los juristas de México nos comprometemos a:

● Ejercer con ética y responsabilidad
● Defender el Estado de Derecho
● Elevar el nivel técnico del ejercicio profesional
● Combatir la corrupción

Además, en coadyuvar en defender a los pueblos indígenas, al abandonado campo mexicano, a las madres buscadoras que viven un cruel drama frente a una incierta política en materia de desaparecidos, protección al medio ambiente, a los derechos básicos como la suficiencia y calidad del agua, condenamos la inseguridad que padecen los trasportistas, ciudadanos y turistas en las carreteras nacionales del país.

Exigimos que los delitos tanto del fuero federal como del común que se cometen impunemente sean investigados con rectitud sin encubrimiento y complicidad.

Demandamos que los militares regresen a los cuarteles y que la seguridad pública sea competencia de verdaderos y honestos policías.

Defensa solidaria a nuestros hermanos migrantes dentro y fuera del país.

Reiteramos nuestra convicción de defender la soberanía nacional y condenar cualquier intervención extranjera que afecte nuestra territorialidad.

IX. Llamado a la acción

Convocamos a los poderes públicos, instituciones y sociedad a fortalecer el Estado de Derecho.
Invitamos a las organizaciones presentes —FNJ, INCDA, CONCAAM y colegios aliados, así como a todas las agrupaciones de abogadas y abogados del país, a suscribir esta proclama y dar seguimiento a sus principios a partir de hoy en cada uno de los estados, enriqueciendo esta propuesta en cada entidad con sus particularidades estatales.

Conclusión

La defensa de la Constitución exige unidad, firmeza y acción.

“Por la supremacía de la Ley y la dignidad de la Justicia”