Por Rubén Ricaño Escobar
Como egresado de la Universidad Veracruzana (UV), siento la responsabilidad de alzar la voz cuando observo decisiones que, bajo la apariencia de legalidad, pueden menoscabar el principio de renovación democrática, la participación de la comunidad universitaria y la credibilidad institucional de nuestra máxima casa de estudios. La concesión de una prórroga al rector Martín Gerardo Aguilar Sánchez para extender su mandato hasta 2029 —medida ampliamente cuestionada— constituye, a mi juicio, un serio problema para la Universidad Veracruzana.
El 23 de junio de 2025, la Junta de Gobierno aprobó la prórroga del mandato rectoral para el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2025 y el 31 de agosto de 2029. La solicitud original había sido presentada el 29 de mayo. Según el comunicado oficial, la decisión se sustentó en una consulta a la comunidad universitaria y en la evaluación del trabajo del rector saliente. Sin embargo, amplios sectores internos de la UV —profesores, estudiantes, exrectores y aspirantes a la rectoría— denunciaron que el procedimiento no siguió los cauces ordinarios de designación, y lo calificaron como ilegal, espurio y arbitrario.
La Red UV por la Legalidad señaló que no se publicó la convocatoria correspondiente, como exige la normativa universitaria. Varios exrectores afirmaron que la decisión se tomó al margen de la legislación y la calificaron como un intento de secuestro institucional. Incluso, se han promovido ya diversos amparos federales para impugnar la medida por irregularidades normativas y vicios de procedimiento. La prórroga está, pues, en marcha, pero acompañada de una protesta creciente y de cuestionamientos éticos y jurídicos que no pueden ignorarse.
La prórroga y la legalidad universitaria
Considero que la prórroga nunca debió otorgarse. Lo sostengo por tres razones fundamentales: normativa, participativa y ética-institucional.
Desde el punto de vista normativo, la UV argumenta que la prórroga está prevista en su marco legal y en el Reglamento de la Junta de Gobierno. Sin embargo, en su propio comunicado reconoce que no existe un procedimiento específico para otorgarla dentro del reglamento de designación rectoral, lo que coloca al proceso en una zona gris jurídica. El órgano decidió sin contar con una figura reglamentaria clara que avalara tal facultad. Además, colectivos académicos recordaron que el mecanismo ordinario de renovación rectoral es la convocatoria abierta y competitiva, proceso que no se realizó. Incluso, se ha señalado que el actual rector no cumpliría con ciertos requisitos de edad para participar en un nuevo proceso. En suma, la interpretación extensiva de la figura de prórroga sustituye la elección transparente y debilita la garantía de renovación institucional.
En el ámbito participativo, las manifestaciones de estudiantes, académicos y trabajadores no son hechos aislados. Reflejan una percepción generalizada de que se vulneró el derecho de la comunidad a participar en la elección de su máxima autoridad. La legitimidad universitaria se construye desde abajo, mediante la deliberación y la competencia de ideas. Cuando un rector permanece sin someterse a ese proceso, la desconexión con la comunidad se amplía. Aunque se realizó una consulta, sus bases, condiciones y resultados fueron cuestionados por falta de transparencia y por omitir las etapas previas indispensables, como la publicación formal de convocatoria.
En el plano ético e institucional, la UV, por su naturaleza pública y autónoma, debería ser ejemplo de integridad en sus procesos. Una autoridad que se prolonga sin competencia ni rendición de cuentas afecta el espíritu democrático y frena el relevo generacional. Más allá del caso individual del rector, la institución corre el riesgo de que su autonomía sea percibida como un ejercicio cerrado del poder y no como un mecanismo de libertad académica y renovación.
Lo que está en juego
La prórroga tiene implicaciones profundas. En primer lugar, erosiona la credibilidad de la UV como institución confiable ante la sociedad veracruzana. En segundo, vulnera la esencia misma de la autonomía universitaria: un principio concebido para proteger la libertad de pensamiento, no para perpetuar a las autoridades. También afecta la calidad del gobierno universitario al frenar la renovación de proyectos y enfoques. Y, sobre todo, sienta un precedente peligroso: si hoy se puede prolongar el mandato del rector sin convocatoria, mañana podrían extenderse otros cargos universitarios con el mismo argumento.
Qué hacer para restaurar la confianza
Para superar esta crisis y recuperar su prestigio, la UV debe reabrir la convocatoria para la rectoría y garantizar un proceso competitivo, transparente y participativo. Debe también publicar los criterios y resultados que llevaron a la prórroga, reformar su normativa interna para evitar interpretaciones discrecionales, fortalecer la participación de toda la comunidad y establecer mecanismos de rendición de cuentas periódicos del rector en funciones. Solo así podrá restablecer su legitimidad moral e institucional.
Un llamado desde la comunidad universitaria
La decisión de prorrogar el mandato rectoral representa un riesgo para la Universidad Veracruzana. Ignora los principios de transparencia y participación y transmite la idea de que el poder puede prolongarse sin contrapesos. Como egresado, considero urgente que académicos, estudiantes y sociedad civil se movilicen para defender la legalidad universitaria. La autonomía no debe ser excusa para perpetuar cargos, sino garantía de renovación, diálogo y excelencia.
La UV tiene ante sí una disyuntiva histórica: corregir el rumbo o permitir que este antecedente erosione su futuro. Quienes amamos a nuestra universidad debemos alzar la voz, con firmeza y respeto, para que vuelva a ser ejemplo de pluralidad, ética y compromiso con Veracruz y con México.
Rubén Ricaño Escobar
Egresado de la Universidad Veracruzana
Xalapa, Veracruz — Octubre de 2025