Krista Armenta/Quetzalli Carolina Vázquez
La historia detrás de las auditorías, contratos cuestionados y obras inconclusas que dejaron bajo revisión las finanzas de Tlapacoyan.
Tlapacoyan, Veracruz, México
02/06/2026
QUE Noticias
Observaciones detectadas por los órganos fiscalizadores revelan un escenario preocupante para Tlapacoyan: más de 91 millones de pesos en recursos públicos cuestionados o pendientes de aclaración durante la administración encabezada por Salvador Murrieta Moreno son el negro escenario del municipio.
Los documentos que revelan las irregularidades muestran un patrón recurrente: contratos sin soporte documental suficiente o a empresas de reciente creación, gastos cuya aplicación no pudo acreditarse plenamente, como las pruebas antidoping para policías sin evidencia de que se hayan aplicado, obras inconclusas y recursos públicos que hoy permanecen bajo observación de autoridades federales, estatales y municipales.
Por un lado, en la cuenta pública 2025, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 16 millones 397 mil pesos, derivado de irregularidades detectadas en obras financiadas con recursos federales; la auditoría encontró expedientes incompletos, ausencia de documentos para acreditar la correcta ejecución de los trabajos y evidencia insuficiente para demostrar que diversas obras fueron realizadas en los términos contratados.
La federación observó la electrificación subterránea en el centro de Tlapacoyan, rehabilitación de caminos rurales, instalación de señalética y semáforos; además, en el pliego de observaciones, la ASF dio a conocer que se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto de 8,850,000.00 pesos (ocho millones ochocientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), porque los proyectos de los contratos números MTL-DOP-FAISMUN-2024301830126 y MTL-DOP-FAISMUN-2024301830114 pagados con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN) 2024, no beneficiaron a la población objetivo del fondo.
En otros casos, no se presentó el acta finiquito de la obra o se entregó evidencia fotográfica repetida y sin georreferencia; además de que no se presentó el acta de entrega-recepción de obras impidiendo así acreditar la correcta ejecución de las mismas y su adecuado funcionamiento.
A estas observaciones se suman las emitidas por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado (ORFIS), que determinó un probable daño patrimonial por 3 millones 700 mil pesos; los señalamientos estatales incluyen pagos por servicios sin comprobación suficiente, inconsistencias en adquisiciones, contratos deficientemente integrados y gastos cuya justificación documental resultó insuficiente para los auditores.
Entre las observaciones de la cuenta 2024, aparecen también gastos por difusión institucional en redes sociales sin evidencia detallada de los trabajos realizados, servicios relacionados con electrificación, pruebas antidopaje sin evidencia de aplicación, compra de luminarias con inconsistencias documentales y más.
Sin embargo, la verdadera dimensión del problema apareció durante el proceso municipal de entrega-recepción; la revisión practicada por la Contraloría del ayuntamiento detectó 41 millones 250 mil pesos relacionados con contratos de asesorías, consultorías, arrendamientos y diversos servicios que presentan observaciones documentales que deberán ser aclaradas por los responsables de su contratación y pago.
A ello se agregan 30 millones 869 mil pesos por obras reportadas como inconclusas, sin operar o pendientes de concluir al momento de la revisión, entre las que se mencionan caminos rurales, redes de drenaje sanitario, pavimentación y bacheo; es decir, mientras el municipio acumulaba observaciones de organismos fiscalizadores, también heredaba proyectos sin terminar y compromisos financieros cuya correcta ejecución ahora deberá demostrarse.
Uno de los casos que más llama la atención es el relacionado con los gastos de la Feria Tlapacoyan 2025, donde se reportan gastos superiores a los 21 millones de pesos para artistas, renta de sillas y otros servicios asociados al evento.
La pregunta inevitable es si el gasto público fue ejercido con el mismo rigor administrativo que exige la ley o si parte de esos recursos terminaron formando parte de la larga lista de observaciones que hoy pesa sobre la administración saliente.
Si bien los más de 91 millones de pesos observados aún no representan una sentencia definitiva, sí constituyen una de las mayores alertas financieras registradas en el municipio en los últimos años y un expediente que los responsables tendrán que explicar con pruebas, no con discursos.
Tesorería, Obras Públicas y las áreas encargadas de la administración y control interno deberán demostrar con documentos, contratos, expedientes técnicos y evidencia material que los recursos fueron aplicados correctamente y que las obras observadas efectivamente existen, funcionan y fueron concluidas conforme a los proyectos autorizados.
De no hacerlo, las observaciones podrían convertirse en procedimientos de responsabilidad patrimonial, sanciones administrativas y posibles denuncias ante las instancias especializadas en combate a la corrupción.
Dependiendo de los hallazgos finales y de la evidencia que logren reunir las autoridades fiscalizadoras, podrían configurarse conductas relacionadas con presunto daño patrimonial al erario, ejercicio indebido del servicio público, abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal, uso ilícito de atribuciones y facultades, o incluso peculado en aquellos casos donde se determine que recursos públicos fueron utilizados para fines distintos a los autorizados por la ley.
La diferencia entre una observación administrativa y una denuncia penal dependerá de una sola cosa: que los responsables logren demostrar, documento por documento y obra por obra, qué ocurrió con más de 91 millones de pesos que hoy permanecen bajo observación.