La ruptura del Grupo Jalisco con el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano (MC), Dante Delgado, parece irreparable por sus intereses políticos contrapuestos. Por un lado, el gobernador tapatío Enrique Alfaro propone aliarse localmente con el frente PAN-PRI-PRD para retener la gubernatura en 2024, y, por el otro, Delgado Rannauro y el gobernador de Nuevo León, Samuel García, tienen una deuda moral y política con el presidente Andrés Manuel López Obrador que deberán saldar en la próxima contienda presidencial.

Precisamente el miércoles pasadocitábamos aquí que, a través del diario La Jornada, el obradorismo le había recordado al mandatario neoleonés que la Fiscalía General de la República mantiene abierta una investigación que por lavado de dinero inició hace tres añosen contra de él, desu padre Samuel Orlando García Mascorro, de su esposa Mariana Rodríguez Cantú y de su suegro Jorge Gerardo Rodríguez Valdez. La indagatoria, iniciada en pleno proceso electoral, fue sospechosamente archivada después de que Clara Luz Flores, candidata de Morena a la gubernatura, se desplomó en las encuestas que lideraba ventajosamente luego de que el 24 de marzo de 2021 se difundió un video en la que aparecía conversando con Keith Raniere, exlíder de la secta de explotación sexual que la exalcaldesa expriista de General Escobedo había negado conocer.

La contienda se polarizó entonces entre el emecista y Adrián de la Garza Santos, del PRI, al que García Sepúlveda terminó sacándole casi 4 puntos porcentuales de ventaja. Sin embargo, MC no logró obtener la mayoría calificada en el Congreso local, lo que le ha generado varios problemas al gobernador, quien no ha podido remover al encargado de la Fiscalía General del Estado, Pedro José Arce Jardón.

Casualmente, en junio pasado, el presidente López Obrador salió en defensa del mandatario neoleonés por un operativo ministerial.

“Aprovecho y hago un paréntesis nada más para decir que apoyo a Samuel García”, interrumpió el jefe del Ejecutivo federal su conferencia de prensa para reprochar: “Tomaron con la policía, ¿qué es eso?, es un exceso, no hay equilibrio de poderes, los poderes quieren ser los legisladores de oposición”, dijo en referencia a los diputados del PRI-PAN, a los cuales tildó de “chantajistas” pues afirmó que“quieren obligar al gobernador que haga obras sólo en los municipios que ellos gobiernan”.

Ese día del operativo ministerial, la Fiscalía había aclarado que “personal administrativo auxiliar del Ministerio Público, que no porta armas ni carácter de policía, acudió a entregar un oficio de notificación de medidas de protección a una dependencia del Gobierno del Estado. Cabe referir que personal de dicha dependencia se negó a recibir la notificación y a identificarse. La Fiscalía descarta que se haya ejecutado cualquier acto de investigación que signifique irrumpir o ejercer fuerza en la Torre Administrativa del Gobierno del Estado”.

Envalentonado por el apoyo presidencial, Samuel tuiteó: “Voy rumbo a la CDMX a pedir la destitución del encargado de la Fiscalía de Nuevo León impuesto por el PRIAN a raíz de la denuncia y renuncia del anterior titular. Ya hablé con el presidente López Obrador para decirle que esta situación es insostenible y ahora voy ante el Congreso”.

Ayer, el diario El Norte, del Grupo Reforma, publicó que en el enfrentamiento entre el gobernador García y el PRIAN en el Congreso local, los emecistas habían asestado este miércoles un duro golpe a sus adversarios al tumbarles la mayoría calificada de 28 votos, que es la que les permite hacerle cambios a la Constitución Política del Estado de Nuevo León.

Según publicó el diario regiomontano, la diputada priista Alhinna Vargas pidió licencia indefinida por “un tema personal” y, con esto, el PRIAN se quedó con solo 27 curules, ya que su suplente, Rosaura Guerra, está afiliada a Movimiento Ciudadano desde el 5 de julio pasado.

También señala que, sin mayoría calificada del PRIAN, Samuel gana la posibilidad de aplicar vetos en reformas constitucionales sin que sean rechazados.

Además, en el caso de que decidiera pedir licencia del cargo para postularse a la Presidencia de la República, el Congreso sólo deberá aprobarla por mayoría simple, al igual que nombrar a un Gobernador interino.

Las 42 diputaciones locales del Congreso de Nuevo León se reparten ahora así: 14 del PAN, 13 del PRI, 12 de MC, 2 de Morena y 1 del Partido Verde.