En los últimos días han proliferado los casos de linchamiento público en algunos puntos de la Ciudad de México y del país, ese fenómeno trasluce el alto grado de impunidad prevaleciente en nuestro entorno nacional; no es de origen reciente, pero señala cuánta falta hace una aplicación efectiva de nuestros procedimientos preventivos y persecutorios. Tampoco es nuevo lo que el presidente López Obrador opina acerca de la necesidad de aplicar los recursos públicos sin desviaciones ni corruptelas, sin embargo, pese a su reiterada afirmación de que “ya no hay corrupción” a nadie convence su dicho porque es el pan de cada día. Dice el presidente que los gobiernos locales “están en jauja gastando en cosas superfluas”, se refiere a la libre disposición de los recursos bajo el encargo de los gobernantes desviados a propósitos no necesariamente de beneficio colectivo. Tampoco nada nuevo, porque aquello de las comaladas de nuevos ricos en cada fin de gobierno sigue siendo una realidad nacional, incluidos gobiernos surgidos de MORENA. Es obvio, es un hecho que administraciones estatales y municipales no jalan parejo con la austeridad de la CuartaT, incluyendo “los de casa”. No se aplica la ley en su justa exigencia, ni para castigar al delincuente ni para combatir la corrupción, eso explica los linchamientos “justicieros” y el robo en despoblado del recurso público. En ese sentido, parece que el presidente clama en el desierto.