Mañana jueves, la Cámara de Diputados abrirá el registro de candidatos a encabezar la Auditoría Superior de la Federación (ASF), y la Comisión de Vigilancia –que preside el legislador veracruzano del PVEM, Javier Herrera Borunda, hijo del extinto ex gobernador Fidel Herrera Beltrán– aprobará la terna final el 11 de marzo, día en que también se prevé que el pleno de la Cámara baja del Congreso de la Unión elija a quien dirigirá el órgano de fiscalización durante los siguientes ocho años.
En medio de las críticas a la forma en que condujo la ASF desde 2018, el actual auditor David Colmenares entregó ayer el tercer informe de la cuenta pública del último año de gobierno del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, y este miércoles la comisión legislativa se reunirá para aprobar y emitir la convocatoria al proceso, que se realizará durante 23 días, según el calendario que circuló anteayer entre los diputados.
Colmenares Páramo anda maniobrando para reelegirse, pero el pasado fin de semana se filtró un informe de la Unidad de Evaluación y Control (UEC) de la ASF, fechado en 2025, cuyas valoraciones revelan que el organismo encabezado por el auditor originario de Oaxaca ha debilitado la fiscalización superior, ya que la presentación de denuncias bajaron drásticamente y se detectaron retrasos y graves omisiones en la integración de los expedientes, por lo que se corre el riesgo de que prescriban los delitos denunciados y generen “pérdida de confianza ciudadana, debilitamiento del combate a la corrupción y cuestionamientos sobre la utilidad de los recursos destinados a la fiscalización superior”.
De acuerdo con dicho estudio, la ASF sólo ha conseguido cuatro sentencias condenatorias firmes contra cinco personas de 367 denuncias que ha presentado ante la Fiscalía General dela República (FGR) en casi una década. El documento, elaborado por la instancia técnica de la Cámara de Diputados, advierte que esta baja tasa de sentencias –que representa 1.09 por ciento del total– y los largos periodos para concluir los procesos judiciales generan “percepción de ineficacia” en la fiscalización superior y en la colaboración con la FGR.
Por ello, en los círculos legislativos ya se mencionan a otros funcionarios de la ASF como aspirantes: los oaxaqueños Ivone Henestrosa Matus, directora de Auditoría Forense, y Jaime Bolaños Cacho Guzmán, titular de la Unidad de Normatividad y Enlace Legislativo, así como Alfonso Damián Peralta, director general de Seguimiento.
Además, Ricardo Palma, titular de la UEC, órgano de la Cámara de Diputados que supervisa a la ASF; Emilio Barriga, ex auditor de Gasto Federalizado, quien renunció en octubre tras la ruptura con Colmenares; Luz Mijangos, fiscal especializada en combate a la corrupción, e incluso Juan José Serrano, un abogado con tres décadas de experiencia jurídica y en áreas de fiscalización, el cual se desempeñó como secretario de la Contraloría General de la Ciudad de México durante el gobierno de la actual presidenta Claudia Sheinbaum.
Por esa trayectoria, Serrano, quien sostiene que México necesita una Auditoría Superior de la Federación con autonomía real, rigor técnico y resultados medibles, sería aparentemente la carta de la Jefa del Ejecutivo federal para la ASF. Sin embargo, la semana pasada, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, sostuvo que “no habrá dados cargados” en el proceso y descartó incluso a tres de sus colaboradores cercanos: al veracruzano José Manuel del Río Virgen, director de Control Interno en la UEC; a su paisana Julieta del Río Venegas, ex contralora del gobierno del estado de Zacatecas, y Nélida Chavero, ex funcionaria en la entonces Delegación Cuauhtémoc durante la administración encabezada por Monreal Ávila (2015-2017).
Pero quien parece tomar ventaja sería el guerrerense Damián Peralta, hermano de la consejera jurídica de la Presidencia de la República, Estela Damián Peralta, quien, como parte de los acuerdos internos, acaba de presentar a la UEC el “Manuel operativo del sistema para el seguimiento de acciones”, herramienta para que los funcionarios de la ASF fortalezcan el proceso de fiscalización; el “Manuel de inducción al proceso de seguimiento”, para facilitar la incorporación de personal de nuevo ingreso, y la “Guía básica para la contratación pública”, un material de apoyo para las áreas que participan en compras gubernamentales.
Con este paquete, dijo en una reunión con Del Río Virgen –operador político de Monreal y subordinado de Herrera Borunda–, la ASF “refrenda su convicción de que los mecanismos de prevención son fundamentales” en el ejercicio eficiente del gasto público y para “fortalecer la fiscalización y la rendición de cuentas”.
Según publicó el diario La Jornada en su edición impresa del domingo pasado, la evaluación detectó que la ASF enfrenta “retrasos críticos” para integrar y presentar denuncias ante la fiscalía especializada, con demoras hasta de siete años entre la detección de las irregularidades graves y la interposición de las acciones legales. Esta dilación coloca a la mayoría de los casos en “alto riesgo de prescripción” de los delitos, lo que podría dejar sin castigo cientos de expedientes. El informe subraya que la ASF opera con “deficiencia estructural”, ya que no realiza estimaciones internas sobre los plazos de prescripción ni prioriza los casos críticos, lo que, a su juicio, “debilita la fiscalización”.
El diario capitalino señala que la evaluación, que corresponde a la gestión de Colmenares Páramo en la recta final de su periodo de ocho años –iniciado en 2018 y que concluye el 15 de marzo–, se da en un contexto en que el propio auditor superior ha anunciado que buscará su relección por un segundo y último periodo de ocho años al frente de la ASF, para lo cual deberá someterse al proceso que convoque la Cámara de Diputados la próxima semana.
El informe evidencia “preocupante” tendencia a la baja en la presentación de denuncias. Mientras de la revisión de la cuenta pública 2020 se derivaron 17 denuncias, para los ejercicios 2021 y 2022, la cifra fue de dos y una, respectivamente. Al corte de septiembre
de 2025 no se había presentado ninguna correspondiente a la cuenta pública 2023. De las 30 denuncias analizadas entre 2019 y 2023, 28 continúan en etapa de integración –es decir, 93 por ciento– y sólo una ha sido judicializada.
Y finalmente destaca que, en materia administrativa, el panorama es similar. De mil 833 promociones de responsabilidad por faltas graves presentadas ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, apenas 1.9 por ciento ha concluido, y sólo 18 resoluciones han derivado en responsabilidad acreditada. La mayoría de los asuntos se encuentra en etapa de substanciación, con rezagos de la ASF que también pueden derivar en prescripción.