La primera acción aberrante en contra de la libertad de expresión, tolerada ya durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, se dio en el estado de Campeche donde a mediados de este año la jueza de control interina del Sistema Penal Oral y Acusatorio de esa entidad, Ana Maribel de Atocha Huitz May, dictó nuevas medidas cautelares contra el periodista Jorge Luis González Valdez y el diario Tribuna, las cuales establecían que ambos contarían con interventores designados por el Tribunal Superior de Justicia para revisar qué podían publicar y prohibiéndoles de manera estricta referirse a la gobernadora morenista Layda Sansores San Román.
Y aunque se confirmó la suspensión definitiva de otras medidas cautelares que consistían en la prohibición por dos años para ejercer el periodismo a González Valdez y que se suspendiera la publicación digital de su medio, la juez condicionó el ejercicio del periodismo con nuevas medidas cautelares “aberrantes, más drásticas y violatorias de mis garantías constitucionales”, como las calificó el comunicador sancionado, quien enfrenta además una sentencia judicial por daño moral contra el director estatal de Comunicación Social, Walther Patrón, al que debe pagar una indemnización de 2 millones de pesos, para lo cual, como garantía, la autoridad judicial ordenó que la casa del periodista fuera puesta en subasta pública.
Por esos mismos días, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, también de Morena, fue igualmente muy criticado porque a sus agresiones a periodistas y medios de comunicación locales durante los primeros seis meses de su administración se sumó en junio de este año la aprobación y publicación en el Periódico Oficial del Estado de Puebla la llamada “Ley Censura”, una serie de reformas al Código Penal estatal que crea y tipifica delitos como el “ciberasedio”, espionaje digital, usurpación de identidad, “hacking” y “grooming”.
La organización Artículo 19 y la Red de Periodistas Puebla exigieron que se rechazara el proyecto porque los delitos que se crearon violentan el principio de taxatividad (certeza) en materia penal, y en su elaboración no incorporó el “expertise” técnico de especialistas. “Debido a estos factores, los delitos pueden ser utilizados contra la ciudadanía de manera arbitraria, particularmente personas periodistas y medios de comunicación”, advirtieron.
En respuesta, el mandatario poblano envió una carta dirigida al Congreso local de mayoría morenista para que convocara a foros abiertos de discusión sobre la “Ley Censura”, diálogos que bien pudieron convocarse antes para garantizar un debate sobre las modificaciones ya aprobadas.
Ahora, este fin de semana, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) alertó sobre una iniciativa de ley de Morena que se cocina en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la cual plantea regular los contenidos que sacerdotes, pastores, monjas y ministros de culto publiquen en internet y redes sociales como Facebook, X, TikTok o Instagram.
Según trascendió, la iniciativa presentada por el diputado Arturo Ávila, muuuuy cercano a la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, propone adicionar un párrafo al artículo 16 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público para que los religiosos que operen medios digitales, incluyendo plataformas de contenido multimedia, garanticen “el respeto a los derechos digitales, la neutralidad de la red y la prevención de discursos de odio”, sujetándose “a los lineamientos que emita la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones en coordinación con la Secretaría de Gobernación”.
El abogado Uriel Esqueda, representante de la organización civil Actívate.org.mx, declaró al diario Excélsior que esta iniciativa es una forma de “censura disfrazada de ley”. Advirtió que, de aprobarse, México regresaría a restricciones del siglo pasado y los líderes religiosos serían el único grupo social sujeto a una regulación de contenidos tan específica por parte de dependencias federales.
Por su parte, el Obispo de Cuernavaca, Monseñor Ramón Castro, presidente de la CEM, compartió en sus redes una publicación de la agrupación Catolicfluencers, que alerta sobre el ataque a la libertad de expresión que implica esta propuesta.
El documento establece plazos para regular medios digitales de asociaciones religiosas, con 180 días para asociaciones que operan a través de terceros y 90 días para que el gobierno emita lineamientos detallados.
Esperemos que en Veracruz no caigan en esta tentación.
MARCHAN ‘ASESORES
SOLIDARIOS’ DE LA UPAV
Si usted piensa salir este miércoles 12 por carretera de Xalapa hacia el puerto de Veracruz o irse de compras a la Plaza Américas, tome sus precauciones porque alrededor del mediodía está programada una “marcha pacífica por un pago justo y digno” convocada por los llamados “asesores solidarios” de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV), que se manifestarán frente a las instalaciones de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV).
Según versiones que llegaron hasta Palacio de Gobierno, se trataría de una movilización manipulada por David Agustín Jiménez Rojas, el subsecretario de Educación Media Superior y Superior, quien al parecer ha llegado a la SEV no para sacarla del rezago en la que la dejó el pasado gobierno de Cuitláhuac García sino para hacer política electoral.
Y es que coincidentemente ayer circuló en redes sociales y en grupos de WhatsApp un audio en el que se le escucha decir que llegó a “operar”, a trabajar en una estructura electoral que pueda favorecer para la sucesión gubernamental del 2030 a Esteban Ramírez Zepeta, dirigente estatal de Morena, o al ex secretario de Educación y actual diputado federal morenista, Zenyazen Escobar García.
“Aquí me manda la gobernadora, sólo seis meses, máximo un año y de ahí (a la) Fiscalía. Vamos a aprovechar el lugar para hacer estructura, para 20-30. El proyecto es Esteban o Zen, no hay más”, les dice supuestamente a sus colaboradores cercanos en una reunión.
A los amigos cercanos de Juan Javier Gómez Cazarín les sorprendió que no haya incluido en la terna para la gubernatura de 2030 al ex líder del Congreso local y actual delegado de la Secretaría de Bienestar, quien –según recuerdan– lo habría salvado de ir a la cárcel en junio de 2023, cuando el día que iba a tomar posesión como comisionado presidente del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI) lo acompañó porque temía que agentes ministeriales ejecutaran en su contra una orden de aprehensión que la Fiscalía General del Estado habría promovido por instrucciones del poderoso secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, ex jefe político de Jiménez Rojas al que traicionó.
APLAZAN AUDIENCIA DE JAVIER
DUARTE HASTA EL MIÉRCOLES 19
Anoche trascendió que el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, tendrá que esperar una semana más para saber si se le concede la libertad condicional.
Según publicó el diario El Universal, Ángela Zamorano Herrera, juez de Ejecución Penal del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, aplazó para el próximo miércoles 19 de este mes la continuación de la diligencia sobre la futura libertad del ex mandatario veracruzano.
Lo anterior, en virtud de que aún faltan seis testigos de la Fiscalía General de la República (FGR) y uno de la defensa por comparecer respecto a su conducta al interior del Reclusorio Norte.