Durante muchos años, alrededor del IPAX han circulado toda clase de versiones sobre el manejo de los recursos que genera este organismo, que presta servicios de seguridad y vigilancia a instituciones públicas y empresas privadas.
Ahora que nuevamente se habla de un cambio en su conducción estatal, sería una buena oportunidad para algo que pocas veces ocurre en la administración pública: poner las cuentas sobre la mesa y comenzar de cero, pero con transparencia.
Primero, los nombres.
El organismo se llama oficialmente Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial para el Estado de Veracruz, y no el antiguo nombre con el que durante muchos años se le conoció popularmente. Es un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado.
En documentos oficiales de 2026 aparece como comisionado el capitán Luis Fernando Baños Vázquez, incluso en contratos celebrados por el Gobierno estatal.
Por eso, si efectivamente ya fue removido y existe un nuevo nombramiento, lo primero que tendría que hacerse es comunicarlo oficialmente.
Porque los cambios en una institución que maneja recursos propios y presta servicios de seguridad no deberían hacerse en la oscuridad.
Se menciona que el nuevo responsable sería el marino retirado Alejandro Murga Álvarez, Técnico Profesional en Infantería de Marina.
De confirmarse, habrá que esperar que su llegada signifique algo más que un simple relevo administrativo.
Porque el IPAX tiene una característica que lo hace particularmente importante: genera recursos por los servicios que presta.
Y precisamente por eso merece una vigilancia especial.
No basta con cambiar al titular.
Hay que saber cómo recibe la institución, cuánto debe, cuánto le deben, qué contratos tiene, cuáles son sus ingresos, cuánto cuesta su operación y qué cuentas pendientes existen.
Y aquí aparece un dato que debería llamar la atención de cualquier nuevo administrador.
En sus propias notas a los estados financieros, el IPAX reportó al 31 de marzo de 2025 más de 115 millones de pesos en la cuenta de Acreedores Diversos, correspondientes a ejercicios que van de 2009 a 2014. El propio organismo explica que esos saldos están relacionados principalmente con retenciones y obligaciones pendientes de ejercicios anteriores.
Es decir, hay historia financiera que revisar.
Por eso, si viene un nuevo comandante, sería una excelente ocasión para que también venga una nueva etapa de transparencia.
Que se revisen las cuentas.
Que se hagan las auditorías correspondientes.
Que se conozca la situación financiera real.
Que se informe qué contratos existen y cuánto representan.
Y que cualquier irregularidad que eventualmente se encuentre sea turnada a las instancias correspondientes.
Porque decir que el IPAX fue utilizado como una “caja chica” es una acusación que requiere pruebas y documentos.
Pero preguntar cómo se manejaron los recursos públicos y qué cuentas pendientes existen no es acusar a nadie.
Es simplemente exigir rendición de cuentas.
Si finalmente Alejandro Murga Álvarez asume la responsabilidad, tendrá una oportunidad importante: demostrar que el cambio no fue solamente de uniforme y de nombre en la puerta de la oficina.
Que sea, de verdad, un cambio de administración.
Y Pancho López, el filósofo xalapeño ateniense, seguramente diría:
“En una institución donde entran millones, lo menos que puede salir es la verdad de las cuentas.”