AL PIE DE LA LETRA
Raymundo Jiménez
Dos posiciones estratégicas –una federal y otra estatal– que sigue manteniendo en Veracruz el defenestrado exsecretario de Gobierno, Eric Cisneros, y que la gobernadora Rocío Nahle, inexplicablemente, a casi un año de su administración no se ha atrevido a ocupar todavía a pesar de la traición de su exaliado político que en la pasada sucesión estatal le disputó con gran rudeza la candidatura de Morena, son la Fiscalía General del Estado, a cargo de Verónica Hernández Giadáns desde septiembre de 2019, y la Delegación de la Fiscalía General de la República (FGR), que asumió el 1 de marzo de ese mismo año Gonzalo Medina Palacios.
Ambos fueron subordinados durante algunos meses de Cisneros Burgos en la Segob. Hernández Giadáns como directora jurídica y Medina Palacios a cargo del Instituto Veracruzano de la Defensoría Pública.
La fiscal logró sortear el vendaval que se desató al inicio de la administración de Nahle, pues al menos dos personajes cercanos a la gobernadora han sido mencionados para ocupar su lugar: el más acelerado es el ex presidente del desaparecido Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), David Jiménez Rojas, quien a finales de junio pasado fue designado subsecretario de Educación Media Superior y Superior de la SEV, y el diputado Diego Castañeda Aburto, presidente de la Comisión de Justicia del Congreso local, quien actúa con más recato.
En cambio, el delegado federal se encuentra actualmente en el ojo del huracán, pues anteayer, Francisco Zea, conductor de Imagen Noticias, informó que la Delegación de la FGR en Veracruz enfrenta una ola de denuncias que apuntan a posibles actos de corrupción, extorsión y presuntos vínculos con grupos del crimen organizado que operan en la entidad, según testimonios de empresarios y fuentes cercanas a las investigaciones federales.
De acuerdo con la investigación periodística, las denuncias presentadas ante instancias de la Ciudad de México señalan a Medina Palacios, a César Sandoval, a Jaime “N”, así como a varios agentes del Ministerio Público Federal y policías de investigación, como posibles responsables de una red que exige “cuotas” a cambio de permitir la operación de diversos negocios en el estado.
Los funcionarios federales investigados tendrían vínculos con Juan Miguel Cervantes Álvarez, alias “El Momo”, jefe regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), e Iván Cazarín Molina, “El Tanque”, operador e integrante del círculo cercano de Nemesio Oseguera, “El Mencho”, el líder fundador de esta organización criminal que actualmente es la más poderosa del país ante la división interna del Cártel de Sinaloa por la pugna entre sus dos facciones: Los Chapitos y La Mayiza.
Entre los nombres citados sobresale el de César Sandoval, quien funge como Ministerio Público Federal y daría protección a los integrantes del CJNG.
De acuerdo con algunos testimonios, los presuntos cobros van de 50 mil a 500 mil pesos, y, en algunos casos, las víctimas aseguran haber sido amenazadas con la fabricación de delitos o cateos si no accedían a las exigencias.
Según la fuente periodística que habría tenido acceso a esta información, algunos de los funcionarios son investigados internamente por su posible complicidad con células del CJNG y del Cártel del Golfo, grupos que disputan el control de rutas estratégicas para el tráfico de drogas y el robo de combustible en la entidad veracruzana.
Además, se menciona que autoridades estadounidenses y mexicanas, como la DEA, la OFAC, la FGR y la Secretaría de Marina mantienen abiertas líneas de investigación sobre la presencia simultánea de ambos cárteles en Veracruz, especialmente a través de sus brazos armados, el Grupo Sombra y la autollamada “Mafia Veracruzana”.
Según el expediente, empresarios y transportistas han denunciado que estas organizaciones criminales, al igual que el delegado de la FGR y algunos de sus funcionarios –incluyendo ministerios públicos federales y policías de investigación–, les cobran “derecho de piso” y realizan actos de intimidación, como incendios de vehículos y agresiones físicas.
En los municipios de Jáltipan y Acayucan, operadores de minas de arena sílica aseguran haber recibido amenazas y cobros iniciales de hasta un millón de pesos, además de cuotas mensuales de 70 mil pesos en efectivo. Por su parte, la Coparmex Veracruz reportó que dos de cada tres empresarios locales han sido víctimas de extorsión por parte del crimen organizado o de autoridades de la FGR en activo, lo que refleja una crisis de confianza institucional en el estado.
En la investigación confidencial se involucra también al delegado Medina Palacios en la muerte de un agente federal y las lesiones de otros dos en un fallido operativo antisecuestro en la colonia Rigo, del municipio de Boca del Río, en mayo pasado.
Como se recordará, nueve elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), adscritos a la Policía Federal Ministerial (PFM) en la Unidad de Secuestros de la Ciudad de México, bajo el mando de la oficial Marilú Maldonado, fueron sorprendidos por una banda de secuestradores que habrían sido alertados, recibiéndolos con metralla en su guarida de la colonia boqueña.
Por ser un operativo de alto riesgo, se intentó ejecutar con el mayor hermetismo. Supuestamente ninguna autoridad municipal y estatal, e inclusive tampoco la delegación de la FGR en la entidad, sabían. Tan es así que, hasta después del tiroteo, arribaron al lugar elementos de las corporaciones de “los tres niveles del gobierno”, según se consignó en el reporte oficial, en el cual se informa que no hubo detenidos, más que “un agresor ultimado en el lugar”.
El fracaso de este desafortunado operativo de la Policía Federal Ministerial no debió sorprender a nadie, pues en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río sigue radicando la célula principal del CJNG que en el sexenio del ex gobernador Cuitláhuac García operó con total impunidad y tenía infiltrados a casi todos los cuerpos policiacos del estado y municipios.
Sus sicarios fueron los que masacraron en enero de 2023 en el puerto de Veracruz a Fernando Pérez Vega y a su familia. “El Pino”, como era conocido popularmente, había viajado a Boca del Río para asistir a un evento del partido Fuerza por México que, dos años antes, lo había postulado a la alcaldía de Coxquihui. El hermano del ex alcalde Reveriano Pérez, líder de Los Pelones, era identificado por el gobierno estatal como jefe de plaza de El Espinal, en la sierra de Papantla.
En octubre de 2022, Hugo Gutiérrez Maldonado renunció abruptamente como titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado. Su salida se dio diez meses después de un video difundido en enero de ese año, en el que precisamente el CJNG y su brazo armado en la Cuenca del Papaloapan conocidos como “Los Cuatro Letras” acusaron que el gobierno de Veracruz, la Policía Municipal de Cosamaloapan y el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos –padrino político del delegado estatal de la FGR, Gonzalo Medina Palacios–, protegían y promovían las actividades ilícitas del Cártel de Sinaloa. En dicha grabación, se ve y escucha al jefe de sicarios interrogar a Alejandro Roca Andrade, sobrino del entonces titular de la Segob, el cual declara que su tío le ofreció trabajo y cinco millones de pesos “para que yo reclutara a sicarios para calentar la plaza en la Cuenca del Papaloapan, ya que el secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado no quiere jalar (sic) con el Cártel de Sinaloa”.
Sin embargo, anteriormente, el grupo de hackers Guacamaya había revelado documentos sobre una investigación hecha por el Ejército, que señalaban a funcionarios del gobierno de Cuitláhuac García de estar coludidos con miembros del crimen organizado y cárteles del narcotráfico a los que habían permitido la entrada a la entidad, y vinculaban precisamente al secretario de Seguridad Pública oriundo de Monterrey con el Cártel del Noreste, que habría ingresado a Veracruz tras la llegada de García Jiménez a la gubernatura en diciembre de 2018, ya que, presuntamente, este grupo criminal estaba coludido con miembros y mandos de la SSP, así como habría infiltrado a la Fuerza Civil y la Policía Estatal.
¿Y qué hizo el delegado de la FGR promovido y protegido por Cisneros Burgos?