Está históricamente comprobado que en nuestra ya larga evolución política en la década finisecular se incubaron las reformas electorales cuya contribución al avance democrático es inobjetable. Mucho contó la participación del PRI, del PAN y PRD para la cristalización de esos cambios, el IFE y después el Tribunal son producto de su concertado esfuerzo. La reforma electoral fundacional se produjo en 1996 porque define cuando el gobierno salió de la esfera organizacional de las elecciones y todo recayó en el IFE, como institución autónoma a cuyo encargo estuvo la elección federal de 1997, con resultados aceptados por los partidos contendientes, en parte porque los favorecieron, y porque el IFE demostró un trabajo eficiente generando credibilidad y confianza. De origen, el IFE se ciudadanizó con Consejeros seleccionados por los partidos políticos en el Congreso Federal y paulatinamente su integración se ha profesionalizado en fructuosos avances. En 2014 se convirtió en INE porque por su elevado crédito el legislador le atribuyó la facultad adicional de intervenir en elecciones locales- de allí lo nacional-, es decir, ya no solo organizaría elecciones federales, ahora también estatales y municipales. Grandes y progresivos son los avances del INE y del TEPJE, de allí la preocupación por las drásticas amonestaciones del presidente López Obrador y su advertencia sobre “un cambio completo, una renovación tajante “porque los partidos crearon un “Frankenstein a imagen y semejanza de sus intereses” y “están mal”, según su visión. La democracia ha avanzado, muestra de ello es el ascenso al poder de MORENA, encabezado por López Obrador, porque en 2018 como en los anteriores comicios se respetó la voluntad del pueblo. Ha sido intenso el proceso de desarrollo institucional del INE, por ese motivo, para bien del país ojalá los cambios anunciados sean para bien de la democracia en México.