Desde la llegada al poder público de Andrés Manuel López Obrador y el inicio del ciclo político conocido como la Cuarta Transformación, la oposición mexicana -agrupada orgánicamente en el bloque PRIAN y amplificada por los grandes consorcios de comunicación- abandonó cualquier pretensión de competencia democrática real. Incapaces de formular un proyecto de nación alternativo, renunciaron al debate programático y optaron por una estrategia mucho más oscura: la guerra sucia mediática permanente. En otras palabras, en México no hay una oposición política en sentido estricto. Hay algo peor.
Hay un bloque de intereses, una coalición de derrotados electorales, un entramado de partidos, opinadores y consorcios mediáticos que, desde 2018, decidió abandonar la disputa democrática para abrazar la mentira sistemática como método de acción política.
Desde la llegada de Andrés Manuel López Obrador al poder, el PRIAN y los grandes medios dejaron claro que no competirían con ideas, programas o proyectos de nación. Optaron por la guerra sucia permanente, por la calumnia reiterada, por la fabricación de escándalos y por una narrativa única: Ahora, México vive en un “narcoestado”, sin importar si hay pruebas, sin importar si es falso, sin importar si se daña al país, pues lo único que le importa es volver al “pinche poder”.
No se trata de hechos aislados ni de exabruptos retóricos. Estamos frente a una estrategia sistemática, sostenida y coordinada, basada en la mentira, la calumnia, la manipulación informativa y la construcción artificial de climas de descrédito. El objetivo no es mejorar la democracia ni fiscalizar al poder, sino erosionar la legitimidad del gobierno constitucional, reinstalar privilegios perdidos y recuperar, por vías indirectas y antidemocráticas, el control del poder público.
La política degradada a trasiego de mentiras, desde 2018, los partidos del viejo régimen y los medios que les sirven de correa de transmisión han aguardado con paciencia carroñera el error gubernamental, la nota amarillista o cualquier coyuntura que pudiera ser explotada. No importa si la información es falsa, incompleta o deliberadamente distorsionada: se publica, se repite, se amplifica y se convierte en “verdad” por saturación.
La insistencia obsesiva en calificar a México como “narcoestado”, la equiparación burda con el caso venezolano y la acusación sistemática -sin pruebas judiciales- de colusión entre el gobierno mexicano y el narcotráfico constituyen los ejes centrales de esta narrativa. No es una crítica honesta: es una operación política.
Aquí hay una verdad que debe decirse sin ambigüedades: quienes se han comportado como un auténtico cártel delincuencial no son los gobiernos surgidos del voto popular, sino la clase política prianista y los aparatos mediáticos que han hecho de la política un negocio de injurias, engaños y diatribas, sin importarles el daño institucional, social y geopolítico causado al país. Es decir, la repetición obsesiva del término “narcoestado” no es casual. Es una técnica. Es propaganda. Es la vieja receta: una mentira repetida mil veces termina convertida en verdad, sobre todo cuando se amplifica desde portadas, noticiarios y redes sociales financiadas.
La oposición no espera esclarecer la realidad. Espera el error, la tragedia, la coyuntura. Y cuando no existe, la inventa. Cuando no hay datos, los fabrica. Cuando no hay procesos judiciales, los suple con declaraciones.
Aquí conviene decirlo sin rodeos: quienes se han comportado como un auténtico cártel son el PRIAN y sus medios, no los gobiernos surgidos del voto popular. Un cártel político-mediático que trafica mentiras, que contrabandea fake news y que está dispuesto a sacrificar intereses nacionales con tal de recuperar privilegios perdidos.
Eso también es delincuencia, Delincuencia política, Delincuencia simbólica y Delincuencia contra la democracia.
El caso Lily Téllez: cuando la irresponsabilidad se vuelve traición política y daño a la democracia.
La senadora Lily Téllez, plurinominal del PAN, escribió en redes sociales: “Hoy es un gran día para México, celebro que el gobernador Rubén Rocha le imputen cargos penales en Estados Unidos”. A primera vista, la frase podría parecer una opinión más. No lo es.
Que una senadora de la República celebre -es decir, se alegre emocionalmente- de que un gobernador mexicano sea acusado por un gobierno extranjero, sin pruebas judiciales presentadas ante tribunales, revela un nivel alarmante de degradación política. Hay dos elementos centrales aquí:
La aceptación acrítica de una acusación sin sustento legal, solo porque proviene de Estados Unidos.
La alegría explícita ante la criminalización externa de una autoridad mexicana, lo que implica una renuncia simbólica a la soberanía nacional.
Este comportamiento no es ingenuo: es profundamente malicioso. Se inserta en una tradición conocida de propaganda política, cuya formulación moderna se remonta a las estrategias desarrolladas por Joseph Goebbels en la Alemania nazi: repetir una mentira hasta convertirla en sentido común.
Lily Téllez y el aplauso al injerencismo. Así que la frase de la senadora panista no es un desliz. Es una declaración de principios: “Hoy es un gran día para México, celebro que el gobernador Rubén Rocha le imputen cargos penales en Estados Unidos”. Hay que leerla con cuidado. ¿Qué significa “celebro”? ¿Celebrar qué exactamente? ¿Que un gobierno extranjero acuse —sin pruebas judiciales— a una autoridad mexicana?
Una senadora de la República alegrándose de una imputación externa, sin proceso legal, sin evidencia pública, sin tribunales. Eso no es oposición responsable. Eso es entreguismo político. Es asumir como verdad automática cualquier narrativa que provenga de Washington, aunque pisotee la soberanía nacional.
Aquí la máscara se cae: no se busca justicia, se busca escándalo. No se busca verdad, se busca reforzar una narrativa. La frase de Téllez encaja perfectamente en la lógica propagandística más oscura del siglo XX: repetir, amplificar, normalizar. Goebbels estaría orgulloso.
Estados Unidos, “narcoestados” y el libreto repetido, el guion ya lo conocemos. Se aplicó en Venezuela. Esto mismo se intenta aplicar ahora en México.
Primero viene la acusación sin pruebas. Luego la amplificación mediática. Después, la justificación del injerencismo. El Departamento de Estado habla, y la derecha mexicana aplaude. No pregunta, no exige evidencias, no duda. Asume.
No se trata aquí de un debate entre “derechas” e “izquierdas”, una discusión estéril y ociosa en el contexto mexicano. Lo que está en juego es algo más grave: el uso deliberado de la mentira como método político, bajo la lógica perversa de que el fin justifica los medios. Si hay que insultar, tergiversar, difamar o incluso alentar escenarios de intervención extranjera, se hace.
Estados Unidos, injerencismo y la fabricación de “narcoestados”. La oposición mexicana ha decidido asumir como verdad absoluta cualquier señalamiento del gobierno estadounidense, aunque carezca de pruebas judiciales. Ya ocurrió en Venezuela, cuando se acusó a Nicolás Maduro de encabezar un “narcoestado”, imputación que posteriormente fue desmentida incluso por autoridades judiciales estadounidenses.
Hoy se intenta repetir la fórmula en México. Declaraciones sin fuerza legal, listas sin procesos judiciales, señalamientos mediáticos sin evidencias. Pero el problema no es solo externo. El verdadero escándalo es la manera en que la oposición mexicana actúa como aliada local de estas operaciones.
Conviene recordar algo fundamental: cuando sí hubo colusión comprobada entre el Estado mexicano y el narcotráfico fue durante los gobiernos prianistas. El caso de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, hoy sentenciado en Estados Unidos por narcotráfico, constituye una prueba judicial irrefutable. Ahí no hubo dudas, ni conjeturas, ni propaganda: hubo procesos, pruebas y condena.
Violencia, narcotráfico y la hipocresía estructural. El problema del narcotráfico y de la violencia es multifactorial. No puede explicarse de forma simplista ni utilizarse como arma política. El mayor mercado de consumo de drogas está en Estados Unidos: sin demanda, no hay oferta. La llamada “guerra contra el narco” impulsada por Felipe Calderón solo produjo más violencia y más muertos, sin resolver el problema.
Lo que hoy hace la oposición es un ejercicio de hipocresía estructural: utilizar una tragedia compleja para golpear políticamente a un gobierno que, con todas sus limitaciones, ha priorizado programas sociales, combate a la corrupción y redistribución del presupuesto en favor de los sectores históricamente abandonados.
Como lo he señalado el narcotráfico es un fenómeno complejo y multifactorial. Pero esa complejidad no sirve para la propaganda. Lo que sirve es la simplificación interesada. Nadie menciona que el principal mercado de consumo está en Estados Unidos. Nadie recuerda que sin demanda no hay oferta.
Esta operación de “guerra sucia” no sería posible sin los grandes medios. Han dejado de informar para militar políticamente. Y en redes sociales, la popularidad se compra, los seguidores se inflan y la autoridad se simula. No es influencia real: es mercadotecnia de la mentira.
Así se construye la ilusión de consenso. Así se instala la sensación de “todo está mal”. Así se intenta erosionar un gobierno que, con todas sus contradicciones, hizo algo imperdonable: cerró el grifo del saqueo.
Buena parte de esta operación se sostiene gracias a la simulación mediática. En redes sociales, la popularidad se compra, los seguidores se inflan y las audiencias se fabrican. No se trata de influencia real, sino de ingeniería comunicacional al servicio del engaño. “Tengo seguidores, luego tengo autoridad”, ese es el razonamiento falaz.
Los grandes medios, por su parte, han renunciado a su función crítica para convertirse en actores políticos encubiertos, financiados, alineados y disciplinados por intereses económicos que fueron afectados cuando se les cerró el grifo del saqueo institucional.
Hay algo patológico en una clase política que se alegra del daño al país con tal de volver al poder. No es oposición: es resentimiento organizado. No construyen, no proponen, no dialogan; solo destruyen. Su discurso no fortalece la democracia, la empobrece.
México no es un narcoestado. Es un país con un gobierno constitucionalmente electo, con enorme respaldo social, que ha decidido -por primera vez en décadas- que el presupuesto público no sea botín, sino instrumento de justicia social. Eso es lo que no perdonan. Por eso mienten. Por eso calumnian. Por eso operan como un cártel.
Hay algo profundamente enfermo en una clase política que se alegra del daño al país. Que festeja acusaciones externas. Que apuesta por el descrédito internacional de México para obtener ventaja interna.
Eso no es oposición. Es patología política. No construyen. No proponen. No dialogan. Solo destruyen.
Y por eso hay que decirlo, alto y claro, desde el suelo: el verdadero peligro para México no es la democracia, sino el cártel político-mediático del PRIAN.
Abril de 2026.