Al darse a conocer el monto presupuestal del gobierno estatal para el ejercicio fiscal 2026 llamó la atención un incremento a los emolumentos de la gobernadora Rocío Nahle, casi 17 mil pesos adicionales a su sueldo actual. Como suele suceder cuando existe tirantez entre actores políticos y algún sector de los comunicadores de inmediato surgieron comentarios relativos al mencionado aumento del sueldo. Por su parte, la gobernadora atribuye las críticas a una campaña de “nado sincronizado”, así lo calificó, en su contra, quizás se refiera al “sectorcito” (otro calificativo nada amistoso) que integran sus supuestos críticos. Esa confrontación entre quien fue electa para gobernar para todos los veracruzanos y quienes por su profesión formulan señalamientos a su conducción política es inédita en la entidad veracruzana, porque se trata de un gobierno que en términos anecdóticos debiera estar en su periodo de luna de miel con la sociedad en vez de reaccionar ante señalamientos relativos a la transparencia en el ejercicio público y su inherente anexo, la rendición de cuentas. Sin embargo, después del ríspido diferendo la gobernadora aclaró que el aumento referido “se debe a un ajuste general al personal de confianza”, y todo fuera como eso, asunto concluido, porque ninguna necesidad hay para esa estéril e inútil confrontacion.
Pero, salvo que se trate de hacer prevalecer la autoridad que confiere el cargo sobre algún núcleo social o laboral, el tema en cuestión resulta irrelevante en un país donde al servidor público lo que menos interesa es el sueldo sino las canonjías que el poder transfiere a quien lo ejerce. En países de democracia desarrollada y de cultura política avanzada quien se incorpora al ejercicio público lo hace con plena conciencia de que no se va a enriquecer en el cargo y que incluso sus ingresos por nomina no se comparan con los que pudiera obtener por su ejercicio profesional o empresarial. En esos estamentos, mentir en el ejercicio público implica renuncia inmediata y el señalamiento público; utilizar recurso público para beneficio personal conlleva la destitución y pena carcelaria, pero estamos en México donde la impunidad permite que gobernadores señalados de tener vínculos con la delincuencia (Sinaloa, Michoacán) no enfrentan cargos ni se les abren carpetas de investigación. O, como el caso del senador Adán López, cuya permanencia en su escaño ya es tema que sirve para dimensionar el lamentable nivel de nuestro subdesarrollo político.