La obligación judicial para el Grupo Salinas de pagar créditos fiscales por 33 mil millones de pesos, derivada de un fallo del nuevo Poder Judicial, tiene un impacto negativo importante en la confianza inversionista en México, tanto para empresarios nacionales como extranjeros.
Los CEOs estadounidenses han alertado sobre la politización del sistema judicial mexicano, evidenciada en casos como el de Grupo Salinas. Esto genera preocupaciones sobre la independencia judicial, incrementando la percepción de riesgo para la inversión extranjera directa. La falta de certeza jurídica puede llevar a una mayor cautela o incluso a la suspensión de proyectos.
BYD, que ha tenido éxito notable al vender alrededor de 80,000 vehículos eléctricos en solo dos años en México y planea construir una planta de ensamblaje, podría enfrentar incertidumbre. Aunque el proyecto de BYD sigue en marcha, inversores y la propia empresa podrían retrasar decisiones de inversión o expansión debido a señales de riesgos regulatorios y judiciales, además de los recientes fallos judiciales que parecen afectar la estabilidad del entorno para negocios.
El caso Grupo Salinas, con múltiples recursos legales desestimados y una postura gubernamental firme para cobrar los créditos fiscales, refleja una mayor presión sobre grandes conglomerados. Esto puede generar un efecto dominó en la confianza empresarial, especialmente si se percibe que el gobierno busca amedrentar o sancionar a actores económicos relevantes de manera política o fiscal.
El fallo judicial contra Grupo Salinas y la reacción de inversionistas internacionales debido a la percepción de politización judicial impactan negativamente el clima de inversión en México. Empresas como BYD, aunque mantienen planes de crecimiento, enfrentan un entorno de mayor riesgo que podría poner pausas o replantear inversiones significativas. La estabilidad y confianza del sector privado dependerán en buena medida de la percepción sobre la independencia y predictibilidad del sistema judicial mexicano.
Inversionistas extranjeros ven en este fallo, junto con la reforma judicial de 2024 que introdujo elecciones populares para ministros y cambios en la Corte Suprema, una mayor politización del sistema judicial. Esta situación genera temor sobre la independencia del poder judicial y sobre posibles decisiones arbitrarias que afecten derechos de inversionistas, lo que incrementa la percepción de riesgo país y dificulta nuevas inversiones.
Debido a la falta de certidumbre en la justicia local, muchas empresas e inversionistas han recurrido a mecanismos de arbitraje internacional para proteger sus inversiones. El caso Grupo Salinas y la falta de resolución clara han profundizado esta tendencia, con advertencias de pérdidas de confianza que podrían traducirse en suspensión o reducción de inversiones directas.
CEOs estadounidenses y analistas financieros advierten sobre la politización y sus riesgos, mientras firmas como Morgan Stanley han rebajado su calificación sobre México por estos factores. Oxford Economics estima que se han frenado alrededor de 35 mil millones de dólares en proyectos de inversión a causa de estas preocupaciones y un deterioro en el clima de negocios.
Aunque BYD ha tenido éxito al vender 80,000 vehículos en México y planea ampliar inversiones a partir de ser el líder mundial en la fabricación de baterias de litio, la incertidumbre creada por decisiones judiciales como las del Grupo Salinas puede frenar decisiones de expansión o hacer que empresas evalúen con mayor cautela su permanencia, por temor a un entorno regulatorio impredecible.
El fallo contra Grupo Salinas ha generado una reacción negativa entre inversionistas extranjeros, generando incertidumbre jurídica y elevando la percepción de riesgos políticos y regulatorios. Esto afecta la confianza para nuevas inversiones y obliga a los actores internacionales a buscar mecanismos alternativos como el arbitraje internacional, poniendo en pausa o atrasando proyectos relevantes en México.