@LineaCaliente
Por Edgar Hernández*
Delincuentes disfrazados de policías, con la venia y complicidad del Secretario de Seguridad Pública, Alfonso Reyes, atracan a lo descarado.
La corrupción, más de lo mismo.
Si en el régimen del atarantado de Cuitláhuac García nos quejábamos de la extorsión policiaca -que no de tránsito- en contra de automovilistas y transportistas, hoy, al amparo de quien es responsable de la seguridad y bienestar ciudadano, formaliza una banda de atracadores con uniforme.
Su sede de operaciones fuera de la ley es ni más ni menos que el cuartel de San José en Xalapa.
Fruitivamente en las noches y madrugadas, sobre todo los fines de semana, patrulleros escondidos en callejuelas cerca de restaurantes y bares, despliegan sus operativos de extorsión.
Van preparados y no precisamente con armas, sino con terminales bancarias y altísimas tarifas de extorsión establecidas para dar rapidez al atraco y evitar que caigan en San José.
Pero si hay resistencia o no traes dinero ya te jodiste; los delincuentes con uniforme -hombres y mujeres- todo lo tienen previsto.
Luego de recibir su respectiva madriza conductores o transportistas, incluso motociclistas, son esposados para después enchiquerarlos en el apestoso Cuartel de San José donde las tarifas para obtener tu libertad son desproporcionadas altas.
Oscilan entre cinco mil y 30 mil pesos luego de una obligada prisión preventiva de una a tres noches.
Ello, por supuesto, no incluye la entrega del vehículo que es llevado a los corralones donde aparte de que los esculcan y roban tienen establecidas desorbitantes cuotas, más que tarifas, ya que no dan recibo y que superan los 800 por día.
Los sitios preferidos para en atraco son a la salida de Plaza Xanat, localizado en el fraccionamiento residencial de Ánimas, en Plaza Ánimas, al pie de la avenida Lázaro Cárdenas, en Plaza Cristal y en Los Lagos.
Nada de andar por las colonias populares a barrios donde se da vuelo la delincuencia.
El bisne está al pie de los centros de diversión como Plaza El Juguete y la zona restaurantera de Ruiz Cortines.
Y si antes el principal dolor de cabeza eran las grúas, desaparecidas al arribo del nuevo gobierno, hoy es el escuadrón policiaco formado por más de 200 elementos coordinados por el personal administrativo de San José que encontró una mina de oro en la extorsión vial.
En paralelo el otro negocio relacionado con lo mismo es el comando policial armado en la SSP, a modo, para atracar a los transportistas que ingresan a la ciudad capital procedentes de Veracruz y Puebla y ciudad de México.
También ocupan las madrugadas para hacer de las suyas.
Tanto en el “El Lencero”, puerta entrada a Xalapa, como en el otro ingreso vehicular por Banderilla estos raterazos uniformados, los obligan a hacer filas para que entreguen el moche.
Y que nadie se atreva a “ponerse al pedo” o andar irregular en sus papeles ya que en la cárcel la burocracia policial es inclemente y las multas superan los 40 mil pesos.
Se presume que de todo, absolutamente de todo, está enterado el SSP.
Ilógico e incongruente sería que no le rindieran cuentas y moche por los cinco a siete millones que ingresan “por fuera” a los bolsillos de la policía y sus superiores cada fin de semana.
Esa es la extorsión tan solo en Xalapa.
Habría que observar su comportamiento en plazas tan importantes como Veracruz-Boca del Río, Córdoba-Orizaba, Poza Rica y Minatitlán Coatzacoalcos.
Coincidentemente el acreditado columnista Marco Antonio Aguirre, conocido en el bajo mundo del periodismo de verdad, como el “Místico”, reseña bajo el titulo de: “Policía agrede a una pareja de motociclistas y les cobran 8 mil 500 pesos para liberarlos».
El comentario da cuenta que la noche del pasado sábado 27 una pareja regresaba a Soledad de Doblado a bordo de una motocicleta, después de estar en una fiesta.
A la entrada de la población los detuvo la policía en un «retén» y de inmediato los empezaron a insultar diciéndoles que estaban ebrios, pero el hombre era el único que llevaba aliento alcohólico.
Los policías los detuvieron a la fuerza, los esposaron y los subieron a una patrulla.
La mujer fue arrastrada desde la entrada del lugar y golpeada a patadas por tres mujeres policías.
Después de eso le dijeron que para dejarla salir tenía que entregar 5 mil 500 pesos.
Al esposo «un médico» le hizo una prueba que alcoholemia nada más con la pura vista y determinó que iba en estado de ebriedad.
Por este «examen» les cobraron 3 mil pesos.
Estas acciones tienen la aprobación de la presidenta municipal, Malitzin Sánchez Solís, por lo que se presume que a la misma le toca una buena parte de lo que obtienen los policías municipales por estas «detenciones».
¿Seguridad Pública estatal también estuvo enterada y recibió moche?
Tiempo al tiempo.
*Premio Nacional de Periodismo