El caso de prepotencia y abuso de autoridad en el estado de Campeche, debiera ser una de las tareas más importantes de los diputados federales que, seguramente están informados que la gobernadora Layda Sansores ha violado, en repetidas ocasiones, el artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
“Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado”.
La censura ha sido una herramienta que ha utilizado la gobernadora de Campeche en repetidas ocasiones, al grado que ha exigido que un equipo de su confianza revise la información que va a publicar uno de los medios de comunicación más influyente en ese territorio sureño, y se han adjudicado la autoridad para hacer las modificaciones que a su juicio consideren adecuadas o de lo contrario, prohibir la total publicación de esa nota informativa, artículo o columna.
A ver, en este mes de marzo, tan solo en el partido Morena, comenzarán a hacer las encuestas internas para conocer el perfil y la aceptación de los posibles candidatos para la contienda del próximo año, para las diputaciones federales y locales en algunos estados.
Pero, además, algunos diputados en funciones se están apuntando para re elegirse y muchos nos preguntamos: qué es lo que realmente han hecho, para sentirse merecedores de permanecer otros tres años en esa curul. Cuando vemos que la libertad de expresión se está viendo vulnerada ante la complacencia de estos legisladores.
El año pasado la presidenta de la república, Claudia Sheinbaum, hizo un llamado a los gobernadores para que den cumplimiento a este precepto, incluso dijo “Cualquier cosa que tenga que ver con la censura, estamos en contra”, pero parece que a la campechana nada de eso le afectó o le preocupó; y la amenaza y el acoso a los periodistas de esa entidad se sigue aplicando.
La Constitución señala en el artículo 128 que “todo funcionario público sin excepción alguna, antes de tomar posesión de su encargo, prestará la protesta de guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen».
Así es que, en lo estricto, ese compromiso pues no se ha cumplido y a los que ejercemos el periodismo y a la sociedad en general, nos quedan debiendo todavía los diputados federales.
Devolver la libertad de expresión a los periodistas de Campeche, sería una muy buena bandera de campaña para los diputados que están todavía en funciones y, agregar lo que sea necesario a ese artículo constitucional, para que nadie incurra en esas prácticas de soberbia dictatorial.
Dejar que se violen los derechos de una de nuestras libertades, deja muy mala imagen a nuestros legisladores que ahora resulta, además, que algunos se quieren re elegir.
Más claro ni el agua.