El Mtro. Rodolfo Donaldo Vásquez Moreno, trabajador adscrito a la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Oficina del Abogado General de la Universidad Veracruzana, denunció haber sido víctima de despido injustificado el veintisiete de mayo de dos mil veintiséis, después de señalar presuntos actos de violencia institucional, laboral y psicológica dentro de la propia área encargada de atender asuntos jurídicos y de derechos humanos de la institución.
La Oficina del Abogado General se encuentra actualmente encabezada por el Mtro. Heroy Muñoz Gómez, Abogado General, y por el Dr. Carlos Alberto Pedreguera García, Director de Asuntos Jurídicos, quienes asumieron sus cargos el veintitrés de marzo de dos mil veintiséis como parte de los relevos jurídicos realizados durante la administración del Rector Dr. Martín Gerardo Aguilar Sánchez.
El caso resulta especialmente contradictorio porque, al asumir el cargo, el Mtro. Heroy Muñoz Gómez sostuvo que trabajaría y reforzaría un enfoque de derechos humanos; sin embargo, el Mtro. Rodolfo Donaldo Vásquez Moreno declara que, desde la llegada de las nuevas autoridades jurídicas, fue objeto de hostigamiento, retiro de actividades, invisibilización, malos tratos, ley del hielo y finalmente una rescisión laboral que considera injustificada.
El trabajador afirma que, desde el arribo de los nuevos titulares, la Oficina del Abogado General comenzó a presentar atrasos, desorganización y ruptura en la continuidad de trámites institucionales, particularmente porque, según su dicho, se incorporó a personas sin conocimiento suficiente de la dinámica interna de la Universidad Veracruzana, generando afectaciones en el seguimiento de asuntos jurídicos relevantes. También sostiene que dicha desorganización no fue accidental, sino utilizada para construir responsabilidades artificiales contra personal previamente vinculado con la administración anterior.
El Mtro. Rodolfo Donaldo Vásquez Moreno es el mismo trabajador que participó en la preparación jurídica, documental y logística de actuaciones institucionales relacionadas con quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz, incluida la disculpa pública ofrecida por la Universidad Veracruzana a la Mtra. Liliana Alaide Ávila Ruiz. Mientras la Universidad proyectaba públicamente un discurso de reparación y no repetición, el trabajador sostiene que dentro de la Oficina del Abogado General se reproducían prácticas de exclusión y violencia institucional.
La rescisión derivó de un procedimiento laboral iniciado mediante el oficio DAJ/0370/2026, el cual el trabajador considera impreciso, irregular y carente de debido proceso, pues señala que no se le informó con claridad la falta concreta atribuida, las reglas del procedimiento, las pruebas en su contra ni la autoridad competente para resolver.
Uno de los puntos centrales es que se le responsabilizó por un oficio relacionado con el seguimiento de un contrato de arrendamiento institucional del inmueble que ocupa el Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías, región Veracruz. Según la versión del trabajador, dicho trámite formaba parte de una cadena administrativa ordinaria, con conocimiento de superiores jerárquicos, y tenía como finalidad evitar consecuencias jurídicas y patrimoniales para la Universidad.
El trabajador sostiene que, paradójicamente, la actuación que se le atribuye buscaba dar seguimiento a una obligación institucional previamente asumida, mientras que actualmente el inmueble referido tendría seis meses sin pago de renta a la señora Lydia Esther Luiselli Bacuzzi. En esa lógica, acusa que la Universidad privilegió despedir injustificadamente a un trabajador que advertía riesgos jurídicos y patrimoniales, antes que resolver el cumplimiento de una obligación contractual de la propia institución.
El caso ya se encuentra radicado ante la Dirección de Orientación y Quejas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz, instancia que solicitó informes a la Universidad Veracruzana. No obstante, el trabajador refiere que no se materializó el cambio de adscripción solicitado como medida de protección y que la rescisión se consumó aun cuando ya existía conocimiento institucional del conflicto.
El Rector Dr. Martín Gerardo Aguilar Sánchez también tenía conocimiento directo de la situación, pues el propio trabajador le expuso personalmente el trato que consideraba injusto dentro de la Oficina del Abogado General. Según su versión, el Rector respondió que revisaría el tema; sin embargo, a la fecha no hubo una respuesta formal ni una intervención efectiva para evitar la rescisión. Para el trabajador, ello contrasta con el propio programa de trabajo rectoral, en el que se afirma el respeto a los derechos humanos como eje institucional.
El Mtro. Rodolfo Donaldo Vásquez Moreno sostiene que la omisión del Rector no sólo permitió la consumación del despido injustificado, sino que en los hechos avaló la actuación de los nuevos titulares jurídicos, pese a que ya existían antecedentes de queja, solicitud de protección y señalamientos de violencia institucional. Asimismo, afirma que este tipo de prácticas no se limitan a la Oficina del Abogado General, sino que reflejan un ambiente de presión, desplazamiento y desatención que también se reproduce en distintas áreas de la Universidad.
A los hechos anteriores se suma un episodio atribuido al Lic. Fernando Casiano Agustín, Director de Normatividad, quien, según la denuncia, habría gritado al trabajador e impedido que se le brindara orientación administrativa cuando acudió a entregar incapacidad y solicitar información para resguardar bienes y documentos bajo su responsabilidad.
La paradoja institucional es evidente: la Universidad Veracruzana habla de derechos humanos, reparación y no repetición, pero un trabajador que participó en esa misma agenda terminó denunciando violencia laboral dentro del propio aparato jurídico universitario y fue rescindido después de acudir a derechos humanos.
La pregunta queda abierta para la comunidad universitaria: si el área encargada de defender jurídicamente a la Universidad y atender asuntos de derechos humanos es señalada por reproducir violencia institucional contra su propio personal, y si además ese trabajador termina despedido después de denunciarlo, ¿qué garantías reales existen para quienes buscan justicia dentro de la Universidad Veracruzana?
