Apenas la semana pasada el embajador estadounidense en México se trasladó a Tijuana para asistir a la colocación de la primera piedra de una fábrica de metanol con inversión de varios miles de millones de dólares, no pudo pronunciar su discurso en ese sitio porque un grupo de manifestantes se lo impidió y tuvo que hacerlo en un lugar cerrado. Fue dura su admonición: el capital requiere seguridad jurídica, confianza institucional, rendición de cuentas, transparencia, no corrupción ni extorsión. La respuesta presidencial, aunque poco convincente, fue inmediata: que también en los Estados Unidos se den esas condiciones. El embajador en comento tiene fama de duro y se esperaba una respuesta al gobernador porque no impidió la manifestación que boicoteó su evento. Fue solo la gota que derramó el vaso, porque quienes gozan de información privilegiada han venido difundiendo que el gobierno estadounidense presiona al de México para que actúe en contra de la red de políticos supuestamente vinculados con asuntos relativos al narcotráfico. Acaba de hacer la petición formal señalando al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, al senador Enrique Inzunza Cácerez y otros funcionarios del gobierno estatal solicitando su extradición. “Sin pruebas” no será posible, responde el gobierno de México.
Cuando se inició el proceso contra García Luna, el entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, daba como ciertas las acusaciones de capos de la droga formuladas en contra del exsecretario de Seguridad de Calderón. Ahora, en el caso de Rocha Moya, las autoridades judiciales de aquel país deben contar con extensa información proporcionada por Ismael Zambada, los “Chapitos” y muchos capos más, el peso de ese expediente, debe suponerse, sería prueba contundente para obsequiar la petición referida. Está fresca la memoria relativa al proceso electoral de 2021 en Sinaloa, Michoacán y otras entidades, en ese entonces los medios de comunicación dejaron constancia del secuestro de candidatos y operadores priistas en Sinaloa para impedirles activarse en las campañas y estar presentes el día de la elección, todo para favorecer el triunfo de Rocha Moya. Es constancia histórica que aporta elementos y por lo menos contribuye a la sospecha. Ahora, todo ese bagaje testimonial, imposible de borrar, pesa en el expediente. No la tiene fácil el gobierno mexicano.