Hay presos que cumplen condena y hay presos que cumplen una función. Javier Duarte de Ochoa parece pertenecer, cada vez con mayor claridad, a la segunda categoría. Cuando todo indicaba que el exgobernador de Veracruz estaba a semanas de concluir una pena de nueve años de prisión —derivada de su propia confesión por asociación delictuosa y lavado de dinero—, aparece de pronto una nueva acusación por peculado. Oportuna, quirúrgica y, sobre todo, políticamente útil.
La Fiscalía General de la República ahora sostiene que Duarte habría desviado cinco millones de pesos que supuestamente debían destinarse a personas con discapacidad. El monto es menor si se le compara con los escándalos monumentales que sacudieron al país en los últimos años, pero suficiente para una cosa: impedir su salida de prisión. No se trata de absolver a Duarte ni de borrar su historial; se trata de preguntarse, con rigor cívico, por qué la justicia llega siempre tarde… y siempre cuando conviene.
El caso recuerda inevitablemente aquel otro alegato mediático —brutal y emocionalmente devastador— que lo acusó de haber suministrado agua en lugar de medicamentos oncológicos a niños con cáncer. Una acusación que incendió la opinión pública, pero que nunca pudo sostenerse jurídicamente. El daño ya estaba hecho. El método, probado. Hoy se repite la fórmula: golpe mediático primero, sustento legal después… si es que llega.
La pregunta central no es si Duarte fue culpable —lo fue y pagó por ello—, sino por qué, después de cumplir la condena pactada con el propio Estado mexicano, se le coloca ahora un nuevo candado penal. Más aún cuando desde el propio oficialismo se había reconocido que el proceso estaba cerrado. La hoy presidenta Claudia Sheinbaum llegó a señalar que Duarte ya había cumplido su pena y que debía salir en libertad. ¿Qué cambió entonces? ¿La ley o la conveniencia?
México enfrenta crisis profundas: violencia imparable, colapso institucional, corrupción vigente y un sistema de justicia que castiga selectivamente. En ese contexto, resulta difícil no ver este nuevo expediente como un distractor político. Porque si la FGR tuviera un compromiso genuino con la justicia, habría continuado persiguiendo a la red completa de empresarios, operadores financieros y funcionarios que participaron en el desvío de recursos públicos en Veracruz. Pero no lo hizo. Hoy no hay cacería contra las empresas fantasma, ni contra los socios, ni contra los beneficiarios finales. Solo queda Duarte. Solo él.
Eso convierte el caso en algo más que jurídico: lo vuelve simbólico. Duarte se ha transformado en el trofeo permanente que el poder exhibe para decir “sí combatimos la corrupción”, aunque sea con un solo nombre repetido hasta el cansancio. Un chivo expiatorio funcional. Un recordatorio conveniente. Un preso que no debe salir porque podría hablar.
Y ahí surge la incomodidad real. ¿Qué sabe Javier Duarte que no conviene que se sepa fuera de prisión? ¿Qué acuerdos se hicieron en su momento para facilitar su captura, su confesión y su condena abreviada? ¿A quién protegió su silencio? ¿Es cierto, como alguna vez acusaron voces del PRI, que hubo financiamiento cruzado hacia Morena en campañas pasadas? ¿Existieron pactos no escritos que hoy incomodan?
No se afirma. Se pregunta. Porque esa es la tarea del periodismo responsable: distinguir hechos de sospechas, pero no callar cuando la lógica se rompe. Y aquí la lógica no cuadra. Resulta extraño que, a estas alturas, la FGR reactive un expediente por un monto relativamente menor, justo cuando el reloj penal estaba por agotarse. La justicia no debería parecerse tanto a una jugada de ajedrez.
El riesgo es mayúsculo. Si se normaliza que una persona que ya cumplió su condena sea retenida mediante acusaciones tardías y selectivas, el mensaje es devastador: en México no basta pagar la pena; hay que seguir siendo útil. Hoy es Duarte. Mañana puede ser cualquiera que deje de convenir al poder en turno.
La justicia auténtica no necesita cronómetros políticos ni timing electoral. Actúa cuando debe, no cuando conviene. Y si el Estado quiere demostrar que combate la corrupción, debe hacerlo con redes completas, no con presos solitarios convertidos en símbolos reciclables.
Porque cuando la ley se usa para callar y no para impartir justicia, el problema ya no es Javier Duarte: el problema es el poder que le teme a un preso libre.